La Red Centroamericana de Periodistas denuncia amenazas de muerte, vigilancia, hostigamiento policial y acciones que podrían constituir censura digital contra medios y comunicadores en Honduras.
La alerta dibuja un escenario inquietante para la libertad de prensa hondureña: periodistas amenazados, investigaciones retiradas de plataformas digitales y denuncias sobre mecanismos que podrían estar siendo utilizados para reducir el alcance de medios independientes. La RCP exige investigaciones, protección efectiva para los comunicadores y respuestas de las autoridades de Honduras y de las empresas tecnológicas.
La Red Centroamericana de Periodistas (RCP) lanzó una alerta ante lo que considera una escalada de amenazas, hostigamiento y censura digital contra periodistas y medios de comunicación en Honduras, en un escenario que, según la organización, está haciendo cada vez más difícil y riesgoso el ejercicio de la prensa independiente.
La denuncia reúne casos que van desde amenazas de muerte y presunto seguimiento de periodistas hasta la eliminación de investigaciones y publicaciones en redes sociales mediante reclamos que los medios afectados consideran abusivos.
La RCP advierte que esta combinación de presiones puede terminar restringiendo no solo el trabajo de quienes investigan asuntos sensibles, sino también el derecho de la población hondureña a recibir información de interés público.
Periodista recibe amenazas de muerte y ultimátum de 72 horas
Uno de los episodios más graves señalados por la organización involucra a un periodista del equipo investigativo de ICN Investiga.
Según el comunicado, el comunicador recibió amenazas de muerte y un ultimátum de 72 horas para retirar una serie de reportajes relacionados con una presunta red de distribución de medicamentos utilizados para abortos.
Las intimidaciones habrían llegado mediante WhatsApp y otras plataformas digitales.
Pero existe un elemento que aumenta la gravedad del caso: de acuerdo con la RCP, los mensajes contenían información sobre los horarios del periodista, sus desplazamientos habituales, movimientos e incluso fotografías personales.
Para la organización, estos elementos podrían evidenciar acciones de vigilancia orientadas a intimidarlo, obligarlo a retirar información ya publicada e impedir que continúe investigando.
La RCP considera que las amenazas vinculadas directamente con investigaciones periodísticas constituyen una de las expresiones más graves de violencia contra la prensa y pueden producir un efecto intimidatorio sobre otros periodistas que investigan corrupción, actividades ilícitas o asuntos políticamente sensibles.
Denuncian hostigamiento policial contra comunicadora en Honduras
El comunicado también recoge el caso de la comunicadora social Bertha Suazo, quien desarrolla su trabajo en Marcala, departamento de La Paz.
Suazo ha denunciado episodios de persecución y hostigamiento por parte de integrantes de la Policía Nacional Preventiva.
La periodista sostiene que esta situación obstaculiza su labor informativa y se agrava por el presunto incumplimiento de medidas de protección que deberían garantizarle condiciones adecuadas para continuar trabajando.
La RCP llama además la atención sobre la vulnerabilidad particular de periodistas y comunicadores que ejercen fuera de los principales centros urbanos de Honduras, donde la limitada presencia de instituciones de protección y la cercanía con las autoridades denunciadas pueden aumentar los riesgos.
Censura digital: 33 investigaciones reportadas en tres días
La preocupación de la organización no se limita a las amenazas físicas.
La RCP también denuncia restricciones digitales que habrían afectado a los medios independientes Contracorriente y Criterio.hn.
Según el documento, publicaciones de ambos medios fueron retiradas de Facebook, Instagram y Threads después de recibir reclamos presuntamente falsos relacionados con supuestas infracciones de derechos de autor.
El caso de Contracorriente destaca por su magnitud: 33 investigaciones habrían sido reportadas en un periodo de apenas tres días, provocando la suspensión temporal de su cuenta de Instagram.
Los contenidos afectados abordaban asuntos de interés público como corrupción, decisiones gubernamentales, conflictos territoriales, derechos humanos y problemáticas relacionadas con mujeres, comunidades garífunas y población LGBTIQ+.
Criterio.hn, por su parte, denunció la eliminación de su cuenta en Threads y el retiro de decenas de publicaciones en Instagram y Facebook, pese a sostener que se trataba de contenido original producido por su propio equipo periodístico.
¿Puede utilizarse el sistema de denuncias de Meta para silenciar periodistas?
Este punto convierte el caso de Honduras en una discusión que trasciende las fronteras del país.
Los propios mecanismos creados por las plataformas para combatir infracciones pueden convertirse, cuando son utilizados de manera abusiva o coordinada, en herramientas capaces de reducir el alcance de investigaciones periodísticas.
La RCP advierte precisamente sobre ese riesgo.
La organización sostiene que el uso coordinado o abusivo de los sistemas de denuncia de las plataformas para eliminar contenidos periodísticos puede convertirse en una forma de censura indirecta.
La consecuencia no afectaría únicamente a los medios: también limitaría el acceso de los ciudadanos a información relevante para la deliberación pública y la rendición de cuentas.
Por ello, la Red Centroamericana de Periodistas pide a las compañías propietarias de plataformas digitales contar con procedimientos transparentes y accesibles para revisar reclamos, detectar posibles abusos y restaurar contenido eliminado injustificadamente.
También sostiene que la protección de la propiedad intelectual no debe convertirse en un pretexto para silenciar investigaciones periodísticas legítimas.
Proceso judicial contra exjefe de las Fuerzas Armadas
El comunicado incorpora además un componente judicial.
La RCP destaca el proceso iniciado contra Roosevelt Hernández, general retirado, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y exsecretario de Defensa de Honduras.
Según el documento, la causa se relaciona con presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales.
El requerimiento fiscal habría sido presentado el 29 de julio por el Ministerio Público y el proceso avanzó el 19 de agosto con una audiencia de declaración de imputado.
La acción fiscal estaría vinculada con publicaciones y declaraciones realizadas durante 2025 contra periodistas hondureños, incluida la utilización de la expresión “sicarios de la verdad” desde un medio oficial de las Fuerzas Armadas.
El expediente incorpora como personas afectadas a los periodistas Rodrigo Wong Arévalo, Dagoberto Rodríguez, José Adán López y Juan Carlos Sierra.
La RCP considera que esta primera audiencia representa el inicio formal de una etapa judicial en un caso relacionado con posibles ataques contra la libertad de prensa desde una institución estatal.
Será ahora responsabilidad de los órganos judiciales determinar, con base en las pruebas y las garantías procesales, si existe responsabilidad derivada de los hechos investigados.
RCP pide investigar amenazas y posibles abusos contra la prensa
Frente a este escenario, la Red Centroamericana de Periodistas formuló una serie de exigencias a las autoridades hondureñas y a las plataformas tecnológicas.
La organización condenó las amenazas de muerte, la vigilancia, el hostigamiento policial y las acciones de censura digital contra periodistas, comunicadores y medios de Honduras.
También pidió al Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional investigar las amenazas contra el periodista de ICN Investiga y la comunicadora Bertha Suazo, así como determinar posibles responsabilidades.
Al Mecanismo Nacional de Protección le solicitó efectuar evaluaciones de riesgo oportunas y adoptar medidas efectivas para las personas beneficiarias de protección.
La RCP exhortó además a Meta a investigar lo que describe como un posible uso abusivo y coordinado de los mecanismos de denuncia contra Contracorriente y Criterio.hn, restaurar los contenidos periodísticos retirados injustificadamente y garantizar sistemas de apelación transparentes.
Finalmente, pidió a la comunidad internacional, al cuerpo diplomático y a organismos de derechos humanos mantener vigilancia sobre la situación de la libertad de prensa en Honduras y exhortar al Estado hondureño a cumplir sus obligaciones internacionales.
El comunicado, fechado el 24 de agosto de 2026, deja sobre la mesa una advertencia que va más allá de cada caso individual: cuando las amenazas físicas, el hostigamiento institucional y las herramientas digitales convergen contra quienes investigan y publican, el problema deja de ser únicamente de los periodistas. Se convierte en un problema para el derecho de toda una sociedad a saber.
