Un análisis técnico del despacho de la diputada Johana Obando revela los riesgos de un contrato aprobado sin transparencia
Este mes, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) aprobó un contrato entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y RACSA para el desarrollo de la red 5G, pese a ser un acuerdo cuestionado y contrario a los propios criterios técnicos de la institución.
De acuerdo con el análisis técnico realizado desde el despacho de la diputada independiente Johana Obando, la decisión representa un retroceso tecnológico y un duro golpe económico para los usuarios costarricenses.
💸 Sobrecostos injustificables
El informe destaca que esta elección implica ₡34 mil millones en sobrecostos.
-
Aunque el decreto del Gobierno obligó a excluir a Huawei, la compañía Ericsson fue descartada sin explicación técnica, a pesar de que su oferta resultaba 182,09% más barata.
-
En consecuencia, kolbi deberá subir sus tarifas para recuperar la millonaria inversión, trasladando la carga al bolsillo de los ciudadanos.
📶 Una tecnología obsoleta
El modelo escogido por el ICE y RACSA implica que los usuarios de 5G de kolbi deberán utilizar dos tarjetas SIM (una para 4G/3G y otra para 5G), un esquema superado hace más de 15 años.
-
Esto provoca cortes en la conexión de datos al cambiar de red y una experiencia incómoda al desplazarse dentro del país.
-
Además, la infraestructura de RACSA solo podría cubrir 600 mil usuarios, muy por debajo de los 1,8 millones que podrían atender otras opciones más eficientes y económicas.
⚠️ La peor decisión para Costa Rica
El análisis concluye que el ICE ha escogido “la peor opción” para el internet de quinta generación: más cara, menos eficiente y técnicamente rezagada.
Lo más preocupante es que este tipo de decisiones se toman sin transparencia y en silencio, cuando deberían estar sujetas a un riguroso debate público por el impacto directo en el desarrollo digital del país.
