Un antiguo colaborador de las Obras del Espíritu Santo denuncia presuntas manipulaciones en la presentación de información contable, cuestiona la independencia de las auditorías y señala problemas en la administración de donaciones. Su testimonio coloca nuevamente bajo escrutinio al sacerdote Sergio Valverde, presidente y apoderado generalísimo de la asociación, así como los mecanismos de control de una organización que administra un importante patrimonio inmobiliario y automotor.
SAN JOSÉ, COSTA RICA. Primero fueron los poderes generalísimos. Después, el inventario de propiedades y vehículos cuyos valores fiscales consignados superan los ₡2.000 millones. Ahora, un testimonio recibido por Radio Zurqui abre nuevas interrogantes sobre lo que sucede dentro de las Obras del Espíritu Santo, la organización religiosa y social que preside el sacerdote Sergio Arturo Valverde Espinoza.
Un antiguo colaborador de las Obras del Espíritu Santo asegura haber conocido de cerca procedimientos administrativos que, según su relato, despertaron sus preocupaciones sobre la transparencia financiera de la asociación.
Sus señalamientos abarcan desde posibles conflictos de independencia entre las funciones contables y de auditoría hasta supuestas modificaciones en la presentación de informes financieros destinados a la Curia Metropolitana.
También describe problemas relacionados con el manejo de donaciones, presiones laborales y la participación de menores de edad en actividades institucionales.
Radio Zurqui recibió una declaración de aproximadamente diez minutos en la que el denunciante expone estas situaciones y expresa temor por las consecuencias de sus revelaciones.
Su identidad se mantiene bajo reserva para protegerlo frente a eventuales represalias.
El material recibido contiene su testimonio, pero no las grabaciones de reuniones internas a las que hace referencia. Por tanto, sus afirmaciones se presentan como denuncias que requieren corroboración documental y respuesta institucional.
La pregunta central no es solamente qué ocurrió dentro de la asociación, sino quién tiene la responsabilidad de garantizar que los controles administrativos funcionen adecuadamente.
Y esa pregunta conduce directamente a Sergio Valverde.
Sergio Valverde: el poder generalísimo y la responsabilidad de rendir cuentas
Según el informe jurídico examinado por Radio Zurqui, la presidencia de las Obras del Espíritu Santo tiene la representación judicial y extrajudicial de la asociación mediante un poder generalísimo sin límite de suma.
La misma documentación establece que la disposición de bienes o derechos requiere aprobación de la junta directiva.
Se trata de facultades amplias de representación que colocan la gestión y la supervisión institucional en el centro del debate.
El sacerdote no es propietario personal de los bienes de la asociación. Sin embargo, como presidente y representante legal, corresponde solicitarle explicaciones sobre los mecanismos mediante los cuales se adoptan, ejecutan y supervisan las decisiones administrativas.
En una investigación anterior, Radio Zurqui examinó registros de bienes inmobiliarios y vehículos a nombre de la organización cuyos valores fiscales consignados, sumados bajo la metodología publicada, superan los ₡2.000 millones.
La existencia de ese patrimonio no demuestra irregularidades contables. Pero sí permite dimensionar la importancia de contar con controles financieros independientes y verificables.
El nuevo testimonio plantea precisamente dudas sobre el funcionamiento de esos controles.
Obras del Espíritu Santo: ¿quién audita a quien lleva las cuentas?
Uno de los señalamientos más relevantes del denunciante se refiere a la supuesta falta de separación entre las labores de contabilidad y las funciones de fiscalización.
El exempleado afirma que, durante su permanencia en la organización, cuestionó procedimientos que consideraba incompatibles con una revisión independiente.
En su declaración sostiene:
No pueden haber jueces y partes, principalmente la parte de la conta.
De acuerdo con su relato, una persona vinculada con el servicio contable también participaba en funciones relacionadas con auditorías y certificaciones, una situación que le generó dudas sobre la independencia de las revisiones.
La afirmación no permite concluir que una auditoría haya sido fraudulenta, pero plantea una pregunta concreta: ¿quién prepara los registros contables y quién verifica que reflejen fielmente las operaciones de la asociación?
La independencia entre ambas funciones es un principio fundamental de control financiero.
Cuando una misma persona o estructura interviene en tareas que deberían supervisarse mutuamente, pueden surgir conflictos de interés que requieren medidas de prevención y revisión.
Radio Zurquí considera necesario conocer los procedimientos formales de la asociación para evitar este tipo de situaciones.
También corresponde establecer quiénes han ejercido las funciones de auditoría externa, cuáles fueron sus alcances y si sus conclusiones se comunican a la junta directiva.
«Maquillar» los reportes: la acusación más delicada
El señalamiento más grave aparece hacia el final de la declaración.
El exempleado sostiene que se modificaba la forma de presentar determinados informes financieros destinados a instancias eclesiásticas.
Aproximadamente en el minuto 9:39, utiliza expresiones como «maquillar lo otro» para describir prácticas que afirma haber cuestionado.
El término resulta especialmente delicado.
En lenguaje contable, la expresión maquillaje de cuentas suele emplearse para describir una presentación de información financiera que podría distorsionar la situación real de una entidad.
Sin embargo, no toda modificación en la presentación de un informe constituye una falsificación o una irregularidad. Es necesario determinar qué cifras o partidas fueron modificadas, quién autorizó los cambios, si existían justificaciones técnicas y qué información recibieron finalmente los destinatarios.
El denunciante no entregó en esta comunicación estados financieros originales y modificados que permitan realizar esa comparación.
Por ello, Radio Zurquí no puede afirmar que se hayan falsificado balances o cometido delitos contables.
Lo que sí existe es una denuncia específica sobre los procedimientos de elaboración y presentación de informes financieros.
¿Quién prepara las cuentas que recibe la Curia Metropolitana? ¿Quién las revisa? ¿Existen auditorías externas independientes? ¿Qué mecanismos permiten comprobar que los informes reflejan las operaciones realizadas?
Son preguntas que adquieren mayor importancia cuando una institución recibe donaciones destinadas a programas sociales.
Donaciones bajo cuestionamiento: el relato sobre inventarios y registros
La administración de los recursos donados constituye otra de las preocupaciones expresadas por el exempleado.
En su declaración describe la existencia de una importante cantidad de artículos almacenados y cuestiona decisiones relacionadas con su aprovechamiento.
También sostiene que existían problemas en la forma de registrar determinadas donaciones y administrar los centros de costos.
Estas afirmaciones requieren diferenciar dos aspectos.
Una cosa es mantener bienes donados en inventario por razones operativas, restricciones impuestas por donantes o necesidades futuras. Otra distinta sería registrar esos bienes incorrectamente o incumplir los procedimientos de control establecidos.
El testimonio no contiene registros de inventario, documentos de ingreso y salida de mercancías ni conciliaciones contables que permitan determinar si existieron diferencias.
No obstante, señala una línea de investigación concreta.
¿Cómo se registran las donaciones en especie? ¿Qué procedimientos permiten conocer su ingreso, almacenamiento y destino final? ¿Con qué periodicidad se revisan los inventarios y quién supervisa esas operaciones?
En una organización dedicada a brindar asistencia social, estos controles no son cuestiones secundarias.
Permiten proteger los recursos recibidos y garantizar que se utilicen de acuerdo con sus objetivos institucionales.
La cultura del temor: cuestionar decisiones también tendría consecuencias
El testimonio no se limita a las cuentas.
El exempleado describe un ambiente laboral en el que, según afirma, algunas personas evitaban expresar desacuerdos por temor a perder sus puestos.
En su relato utiliza repetidamente la expresión «cultura del temor».
Sostiene que trabajadores que cuestionaban decisiones administrativas podían enfrentar conflictos con sus superiores y que existía una elevada rotación de personal.
Radio Zurquí ya había informado anteriormente sobre denuncias relacionadas con presuntos atrasos salariales, presiones laborales y exigencias fuera de las jornadas ordinarias.
La nueva declaración introduce una dimensión adicional: el supuesto efecto de ese ambiente sobre quienes desempeñan funciones de revisión y supervisión.
Una organización necesita que sus controles internos puedan identificar problemas sin que sus responsables teman consecuencias por formular observaciones.
La independencia administrativa no depende únicamente de manuales y reglamentos. También requiere condiciones para que trabajadores y supervisores comuniquen posibles irregularidades.
Sin datos oficiales de rotación, expedientes laborales y testimonios adicionales, no es posible determinar el alcance de las situaciones descritas.
Aun así, los señalamientos justifican preguntar qué canales internos existen para presentar denuncias, cómo se protegen a quienes las formulan y qué procedimientos se aplican para resolver conflictos laborales.
Sergio Valverde, Rodrigo Chaves y los niños: una relación que plantea preguntas
Otra parte sensible del testimonio corresponde a la participación de menores de edad en actividades institucionales.
El denunciante sostiene que algunos niños atendidos por la organización eran llevados a determinados eventos y que, según su versión, existían presiones para participar.
También afirma que algunas actividades podían interferir con la asistencia a clases y plantea cuestionamientos sobre la forma en que se solicitaba la participación de menores.
Estas acusaciones no quedan demostradas por la declaración.
Sin embargo, existe un antecedente público que permite examinar la participación de niños en actos a los que asistía el sacerdote junto con figuras gubernamentales.
El 11 de agosto de 2025, el medio CulturaCR publicó una nota sobre un episodio ocurrido en la antigua Aduana, en San José.
Durante aquella actividad, el entonces presidente Rodrigo Chaves repitió una expresión vulgar y pidió a los asistentes que la reprodujeran.
Según la publicación, entre los presentes había niños y niñas, mientras Sergio Valverde reaccionaba riéndose ante las palabras del mandatario.
La información publicada por CulturaCR documentó las críticas que generó aquella conducta, especialmente por la presencia de menores.
Radio Zurquí también recibió información de que menores vinculados con Obras del Espíritu Santo fueron trasladados a esa actividad en autobuses de la asociación.
La declaración del exempleado plantea preguntas que merecen respuesta.
¿Quién autorizó la participación de los menores? ¿Se contó con consentimiento de sus responsables legales? ¿La asistencia era voluntaria? ¿Se utilizaron recursos institucionales para el traslado? ¿Qué medidas se adoptaron para garantizar que sus actividades educativas no resultaran afectadas?
La protección de los menores debe prevalecer sobre cualquier interés de exposición institucional, religioso o político.
La relación con el poder político y sus límites
La presencia pública de Sergio Valverde junto a Rodrigo Chaves también ha provocado cuestionamientos sobre la relación entre las actividades sociales de la asociación y la participación de sus representantes en acontecimientos gubernamentales.
Es legítimo que organizaciones benéficas mantengan relaciones con instituciones estatales para desarrollar programas de atención social.
Esa cooperación no debería constituir, por sí misma, una adhesión partidaria ni una irregularidad.
El problema de interés público aparece cuando surgen dudas sobre la finalidad de determinadas actividades, la eventual participación política de sus representantes o las garantías de protección de quienes reciben asistencia.
En este contexto, resulta pertinente conocer qué criterios aplica Obras del Espíritu Santo para participar en actos gubernamentales y cómo se asegura de que sus beneficiarios no sean utilizados para respaldar intereses políticos.
La discusión adquiere particular relevancia cuando se trata de niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad.
Estas preguntas corresponden al ámbito de responsabilidad institucional de la presidencia y de los demás órganos encargados de dirigir y supervisar la asociación.
El testimonio por sí solo no establece que Sergio Valverde haya ordenado modificar reportes, manipular cuentas o ejercer presiones contra trabajadores o menores.
Tampoco acredita que los demás funcionarios mencionados por la fuente hayan cometido actos ilícitos.
Precisamente por esa razón es fundamental conocer las respuestas institucionales, examinar la documentación pertinente y contrastar los señalamientos.
La caridad también debe rendir cuentas
Durante años, las Obras del Espíritu Santo han desarrollado una imagen pública estrechamente vinculada con la asistencia a poblaciones vulnerables.
Esa labor merece ser evaluada por sus resultados y por el cumplimiento de los fines sociales de la asociación.
Pero el reconocimiento de una obra benéfica no elimina la necesidad de fiscalización.
Por el contrario, cuanto mayor sea la confianza depositada en una organización, mayor importancia adquieren los mecanismos destinados a proteger esa confianza.
Los señalamientos recibidos por Radio Zurquí todavía requieren corroboración independiente.
No obstante, plantean preguntas específicas sobre la administración de recursos, las auditorías, el ambiente laboral y la protección de menores de edad.
Son asuntos que deben poder examinarse sin que la discusión se reduzca a adhesiones o rechazos personales hacia el sacerdote.
La transparencia financiera no es una amenaza para la solidaridad.
Es una condición para fortalecerla.
