El chavismo repite que Rodrigo Chaves vino a abrirle los ojos a Costa Rica. Pero detrás de esa consigna hay una realidad mucho más incómoda: corrupción relativizada, instituciones atacadas, recortes sociales y una peligrosa normalización del abuso de poder.
Yo no compro ese relato. No creo que Chaves le haya abierto los ojos a nadie. Creo que hizo algo mucho más dañino: enseñó a miles de personas a mirar hacia otro lado cuando el señalado es de los suyos y a llamar conspiración a cualquier institución que se atreva a ponerle límites al poder.
Los chavistas repiten una frase casi como profesión de fe:
“Chaves vino a abrirnos los ojos”.
También dicen que Rodrigo Chaves es “lo mejor que le ha pasado al país” y, cuando el entusiasmo se convierte en culto, terminan gritándolo como consigna:
“El mejor presidente de la historia”.
Bueno.
Veamos de qué exactamente les abrió los ojos.
Porque antes de Rodrigo Chaves en Costa Rica había corrupción. Claro que la había. Hubo políticos cuestionados, alcaldes investigados, diputados denunciados, ministros acusados y presidentes llevados ante los tribunales.
Pero había una diferencia fundamental: la corrupción avergonzaba.
La prensa investigaba. Los periodistas publicaban. El Ministerio Público investigaba. El OIJ allanaba. Y cuando aparecía un caso escandaloso, la discusión normalmente giraba alrededor de la gravedad de los hechos.
Hoy ocurre algo distinto.
El chavismo consiguió que una parte del país ya no pregunte si ocurrió algo incorrecto. Ahora pregunta quién lo denunció.
Si lo publicó un medio que Chaves desprecia, es “prensa canalla”. Si lo investiga la Fiscalía, es “persecución”. Si interviene el OIJ, es “montaje”. Si la Contraloría cuestiona algo, entonces la Contraloría forma parte de alguna conspiración. Si la Sala Constitucional contradice al Gobierno, los magistrados están “cogobernando”.
Eso no es abrirle los ojos a nadie.
Eso es enseñarle a una población a cerrar los ojos cuando el señalado pertenece a su bando.
Y los ejemplos sobran.
De los diputados electos por Pueblo Soberano para el periodo 2026-2030, doce llegaron al Congreso acumulando, entre ellos, 48 causas penales abiertas. Que quede claro: una investigación no equivale a una condena. Precisamente por eso existen los tribunales. Pero resulta grotesco que el movimiento político que llegó prometiendo limpiar el país haya convertido los expedientes judiciales en poco menos que un accesorio del currículum.
Entre ellos está Marta Esquivel, quien fue detenida durante la investigación del caso Barrenador y trasladada por el OIJ en el vehículo policial popularmente conocido como “perrera”. La Sala Constitucional posteriormente avaló tanto su detención como ese traslado, salvo por una deficiencia en el sistema de comunicación con los custodios.
Y tres diputados de Pueblo Soberano aparecían, además, con deudas ante la Caja Costarricense de Seguro Social. Uno de ellos, José Miguel Villalobos, registraba una deuda superior a los ₡322 millones.
¿Estos eran los que venían a abrirnos los ojos?
“Lo mejor que le ha pasado al país”
¿Comparado con qué?
Hay que tener una relación bastante miserable con la historia de Costa Rica para afirmar que Rodrigo Chaves ha sido “lo mejor que le ha pasado al país”.
Ricardo Jiménez Oreamuno gobernó tres veces. Durante sus administraciones se perfeccionó el sistema electoral con el voto directo y luego secreto, se reconstruyó Cartago después del terremoto de 1910, se impulsaron escuelas, carreteras y puentes, se creó el Banco Nacional de Seguros —hoy INS—, la Escuela de Agricultura y el Ministerio de Salud.
Cleto González Víquez impulsó escuelas, obras públicas, cañerías y servicios municipales; durante sus administraciones se concluyó el Ferrocarril al Pacífico, se creó la cartera de Trabajo, se fundó el Patronato Nacional de la Infancia y se fortaleció progresivamente el sistema electoral. El Museo Nacional recuerda que su respeto por las libertades y por el derecho a elegir hizo que se le reconociera como “el padre de nuestra democracia”.
Podríamos seguir.
Gobiernos que construyeron instituciones. Presidentes que dejaron escuelas, hospitales, legislación social, infraestructura, derechos e instrumentos democráticos.
Pero ahora resulta que “el mejor presidente de la historia” es quien convirtió la conferencia de prensa semanal en un púlpito para insultar adversarios… !Por favor!.
Ahora hablemos del narco
Aquí es donde la frase adquiere un significado mucho más oscuro.
Porque si alguien pertenece al crimen organizado, quizá sí podría considerar extraordinaria la Administración Chaves.
Durante el gobierno de Rodrigo Chaves se retiró a la Policía de Control de Drogas de aeropuertos, puertos y puestos fronterizos. La decisión se tomó en 2023 y fue tan cuestionada que, en julio de 2026, el gobierno de Laura Fernández (Chaves 2.0) decidió revertirla y comenzar a devolver la PCD a esos puntos.
No es una interpretación mía.
La decisión de apartar a la PCD de puntos estratégicos como puertos, aeropuertos y fronteras fue cuestionada desde distintos sectores por debilitar la presencia de una policía especializada precisamente en los lugares utilizados por las redes internacionales del narcotráfico. Y los hechos posteriores demostraron que el problema estaba lejos de resolverse: investigaciones sobre estructuras criminales revelaron que toneladas de cocaína continuaron saliendo desde Limón hacia Europa incluso después de la instalación de escáneres y de la puesta en marcha de la llamada Operación Soberanía.
Y luego apareció Celso Gamboa.
El extraditado llegó a decir públicamente que introducir droga en Costa Rica era “facilísimo”, mientras señalaba el retiro de Guardacostas de Bahía Drake.
Podemos discutir las causas del desastre de seguridad. Sería intelectualmente deshonesto atribuir toda la expansión del narcotráfico a una sola administración.
Pero los números tampoco permiten el cuento de hadas.
Costa Rica registró 905 homicidios en 2023, 876 en 2024 y 873 en 2025: tres años consecutivos de niveles extraordinariamente altos de violencia homicida. Según datos del OIJ, casi ocho de cada diez homicidios de 2025 estuvieron relacionados con venganzas o ajustes de cuentas.
Mientras el crimen organizado se fortalece, el Gobierno pide recortar al Poder Judicial.
Y no de cualquier manera.
El Ministerio de Hacienda determinó que el OIJ cargara con aproximadamente el 40 % del recorte adicional de ₡23.721,8 millones impuesto al Poder Judicial para 2026.
Repitamos la escena para entenderla:
Pero dicen que les abrieron los ojos.
Hay dinero. La pregunta es para quién
Al mismo tiempo, el oficialismo aprobó un recorte de aproximadamente ₡40.000 millones a los CEN-CINAI y ₡30.000 millones al Banhvi.
Los CEN-CINAI atienden a niños, mujeres embarazadas, madres y familias en situación de vulnerabilidad.
Y mientras se hablaba de apretarse la faja, Pueblo Soberano aprobó ₡70 millones adicionales para viáticos, prensa, publicidad, contrataciones y equipo del programa de comunicación de Casa Presidencial, que ya tenía una partida de ₡825 millones.
Yo lo llamo Ministerio de Propaganda.
Ellos pueden ponerle el nombre administrativo que quieran.
Y mientras tanto está la Caja.
La deuda del Estado con la CCSS supera los ₡4 billones y, esta misma semana, Rodrigo Chaves —ahora ministro de Hacienda y de la Presidencia— descartó destinar recursos para pagarla mientras no exista, según su posición, una conciliación que considere suficientemente clara.
Curioso modelo de prioridades.
Dinero para propaganda.
Recortes para instituciones.
Miles de millones menos para programas sociales.
Y una deuda gigantesca con la institución que sostiene la seguridad social costarricense.
Pero tranquilos.
Les abrieron los ojos.
El problema ya no es solo económico
Y llegamos a algo todavía más grave.
El deterioro institucional.
Rocío Alfaro fue elegida el 9 de junio por representantes de 19 organizaciones sindicales para ocupar la representación de los trabajadores en la Junta Directiva de la CCSS. El Gobierno decidió rechazarla.
La Sala Constitucional resolvió después, por unanimidad, que el Ejecutivo carecía de fundamento jurídico para hacerlo y anuló aquella decisión, recordándole al Gobierno que la propia Ley Constitutiva de la CCSS le impide objetar las designaciones sindicales y patronales.
Y el conflicto continuó.
El 1.º de setiembre, la Sala Constitucional tuvo que ordenar al Consejo de Gobierno suspender el nombramiento temporal de otra persona en ese puesto mientras resuelve un nuevo recurso relacionado con Alfaro.
Aquí conviene recordar algo.
El artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece incluso sanciones penales para quien reciba una orden dictada en un recurso de amparo o hábeas corpus que deba cumplir o hacer cumplir y deliberadamente no lo haga.
Por eso considero que el choque no es accidental.
El chavismo necesita constantemente un enemigo.
Necesita una Fiscalía enemiga.
Una Contraloría enemiga.
Una prensa enemiga.
Un OIJ enemigo.
Una Asamblea enemiga cuando no se somete.
Una Sala Constitucional enemiga cuando controla al Poder Ejecutivo.
Porque cuando todo límite institucional se presenta como sabotaje, el gobernante puede aparecer frente a sus seguidores como una víctima permanente.
Entonces, si un tribunal obliga al Gobierno a cumplir la ley, podrán gritar “¡golpe de Estado!”.
Si la Sala Constitucional frena un abuso, dirán que “cogobierna”.
Si la Fiscalía investiga, hablarán de conspiración.
Y habrá miles de personas repitiéndolo.
Las mismas personas a las que supuestamente “les abrieron los ojos”.
No les abrieron los ojos
Ese es, para mí, uno de los mayores daños que ha causado el chavismo.
No creó la corrupción.
No creó la desigualdad.
No inventó el narcotráfico.
No inventó los problemas del Estado costarricense.
Hizo algo posiblemente más peligroso:
convenció a una parte de la población de que las instituciones solo son legítimas cuando obedecen al líder.
De ahí nace esa aberración que hemos visto estos días: personas celebrando recortes a los CEN-CINAI, como si quitar recursos destinados a niños, mujeres embarazadas y familias vulnerables pudiera convertirse en motivo de festejo político.
Gente que alguna vez necesitó una beca despreciando al que hoy necesita una.
Gente que utilizó la Caja burlándose de quienes defienden la Caja.
Gente trabajadora celebrando recortes sociales como si el dinero que se quita al pobre fuera a terminar mágicamente en su bolsillo.
Eso no es despertar.
Eso es embrutecimiento político.
Chaves no les abrió los ojos.
Les enseñó a odiar a quien piensa.
No los enseñó a desconfiar, sino a descalificar al periodista, al juez, al fiscal, al investigador, al profesor, al estudiante, al sindicalista y a cualquier institución que se atreva a ponerle límites al poder. Porque una cosa es cuestionar; otra, mucho más perversa, es convertir en enemigo a todo aquel que no se somete.
Y después les vendió esa obediencia como pensamiento crítico.
El país que estamos dejando
Costa Rica no va a salir de este episodio sin rasguños.
Porque las instituciones pueden reconstruirse.
Los presupuestos pueden recuperarse.
Las leyes pueden corregirse.
Los gobiernos se terminan.
Pero reconstruir una cultura democrática después de convencer a miles de ciudadanos de que cualquier contrapeso es un enemigo puede tomar generaciones.
Nuestra historia debería servirnos de advertencia.
La dictadura de Federico Tinoco comenzó con el golpe de Estado de enero de 1917 y terminó en 1919, después de represión política, persecuciones y un creciente movimiento de oposición en el que participaron estudiantes, docentes y ciudadanos. El Museo Nacional recuerda la represión contra estudiantes del Liceo de Costa Rica y del Colegio Superior de Señoritas durante aquellas protestas.
La democracia costarricense no sobrevivió porque nuestros antepasados fueran mansos.
Sobrevivió porque hubo momentos en que la ciudadanía entendió que defender las instituciones también exige organizarse, denunciar, protestar, votar, resistir cívicamente y negarse a normalizar el abuso de poder.
Hoy estoy convencido de que nuestro orden constitucional está siendo sometido a una tensión que Costa Rica no había vivido en décadas.
Y frente a eso no alcanza con observar.
Hay que llevar la defensa democrática hasta sus últimas consecuencias: calles llenas, instituciones vigilantes, periodismo incómodo, oposición firme, ciudadanía organizada y urnas capaces de castigar a quienes confunden el Estado con su finca particular.
Porque sí:
tal vez los chavistas tengan razón en una sola cosa.
Este puede terminar siendo recordado como uno de los mejores gobiernos de nuestra historia.
Pero para el narcotráfico, para el crimen organizado y para quienes sueñan con una Costa Rica sin contrapesos.
Para la democracia costarricense, en cambio, la factura apenas comienza a llegar.