Por Sofía Castro Aragón*
Una mañana cualquiera, los noticieros no hablaron de fútbol ni del precio del arroz. Hablaron de una votación en la Asamblea: habían eliminado las garantías individuales.
Nadie entendió bien al principio. Algunos pensaron que no pasaría nada; que la vida seguiría igual. Pero la vida no siguió igual.
El primer cambio fue el silencio.
Ya no se podía protestar, porque la libertad de expresión —esa que permite gritar cuando algo está mal— había dejado de ser un derecho. Las redes se llenaron de advertencias: “Cuidado con lo que decís.” Los programas críticos fueron desapareciendo, los periodistas comenzaron a ser despedidos, y los que insistían en hablar simplemente dejaban de aparecer.
Luego vino el miedo.
Los policías entraban a las casas sin orden judicial. Decían que era “por seguridad nacional”. La gente aprendió a no hacer preguntas. Las madres enseñaban a sus hijos a no mirar a los ojos de los uniformados, porque cualquier palabra mal dicha podía considerarse “irrespeto a la autoridad”.
No existía el derecho a la defensa, ni el habeas corpus, ni la presunción de inocencia. Si alguien te acusaba, bastaba una orden verbal para encerrarte. Los tribunales seguían abiertos, pero ya no servían para hacer justicia, sino para justificar castigos.
Las universidades comenzaron a ser “revisadas” para evitar “ideologías peligrosas”. Los libros se censuraban, las canciones se prohibían y las aulas se llenaban de miedo. Las maestras evitaban hablar de derechos humanos. Las personas LGBTIQ+, los migrantes y las mujeres que alzaban la voz se convirtieron en los primeros blancos del odio, porque sin garantías, nadie podía ser diferente sin pagar un precio.
Un día, una mujer fue arrestada por pedir atención médica durante una protesta. Nadie supo su nombre. En un país sin garantías, los nombres no importan. Solo el silencio.
Con el tiempo, la gente dejó de recordar que alguna vez tuvo derechos. Dejaron de hablar de “garantías” y empezaron a hablar de “privilegios”. Privilegios que solo unos pocos podían conservar, si sabían a quién obedecer.
Y así, Costa Rica dejó de ser República, aunque la palabra siguiera escrita en los billetes y en los muros del Congreso.
Porque una República sin garantías es solo una palabra vacía, un eco de lo que fuimos cuando todavía podíamos decir: “yo tengo derecho.”
*Sofía Castro Aragón, mediadora y conciliadora, fundadora de Coalición Feminista. Defensora de la Democracia y el Estado de Derecho
