El PNG apuesta por una Costa Rica con mano dura… y censura
El plan “Una nueva Costa Rica” mezcla propuestas económicas ambiciosas con un giro autoritario en seguridad, justicia y cultura.
El Partido Nueva Generación (PNG) presentó su plan de gobierno titulado “Una nueva Costa Rica”, un documento que combina promesas de inversión, megaproyectos energéticos y reformas estructurales con un conjunto de propuestas altamente polémicas en materia de seguridad, justicia y cultura.
Desde el inicio, el texto deja clara su tesis: fortalecer el orden público, reestructurar el Estado, “combatir la contracultura” y establecer un nuevo marco institucional. Sin embargo, detrás de ese discurso se esconden medidas que abren un profundo debate sobre derechos fundamentales, libertades civiles y garantías constitucionales.
Seguridad: estados de excepción y jueces sin rostro
La columna vertebral del plan es un agresivo paquete de seguridad que incluye decretar un estado de emergencia nacional, la posibilidad de declarar estados de excepción focalizados en zonas “muy conflictivas” y la creación de jueces sin rostro para procesar casos de crimen organizado y narcotráfico.
Además, propone:
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Aumentar en un 25% el presupuesto policial hasta alcanzar el 1% del PIB.
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Reclutar 2.000 reservistas voluntarios para reforzar la fuerza pública.
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Transformar el centro penitenciario La Reforma en una cárcel especializada para delitos graves.
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Prohibir visitas a personas privadas de libertad ligadas al crimen organizado, incluso si están en prisión preventiva.
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Eliminar los “call centers” en cárceles y obligar a las personas privadas de libertad a trabajar fabricando uniformes escolares.
El PNG también plantea crear el Centro Nacional de Información Policial (CNIP) para agilizar decisiones estratégicas, una Dirección de Seguridad Estratégica (en sustitución de la DIS) enfocada en crimen organizado y ciberseguridad, y una Policía de Ciberdefensa para combatir fraudes electrónicos y delitos digitales.
Censura de contenidos y control social desde la infancia
Uno de los apartados más controvertidos es el de cultura y educación. El PNG propone fortalecer la oficina de censura del Estado para supervisar contenidos “violentos” o “hipersexualizados” en los medios de comunicación. También pretende gravar videojuegos y dispositivos electrónicos y limitar su uso por sus presuntos efectos negativos en la niñez. Los recursos obtenidos se destinarían al sistema SADMAT, un sistema digital de denuncias anónimas inspirado en plataformas como Anonymous Alerts.
En el ámbito educativo, el plan promueve una reforma con enfoque humanista y clásico, centrada en pensamiento crítico, lógica, retórica y ética desde edades tempranas. Sin embargo, esta propuesta se plantea sin aumentar el presupuesto educativo.
Energía y economía: megaproyectos y mercado bursátil
En el terreno económico, el PNG plantea transformar el mercado bursátil costarricense bajando el monto mínimo de inversión, separando la banca comercial de la banca de inversión y desarrollando plataformas para que los ciudadanos inviertan directamente.
En materia energética, el plan apuesta por un “mix” más diversificado, cuestionando la dependencia de fuentes variables como la eólica y la solar. Entre las medidas más destacadas están:
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Reformar la Ley 7356 para permitir la importación de gas natural por parte de RECOPE y empresas privadas.
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Sustituir el diésel por gas natural en el transporte público.
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Construir una planta de energía a partir de residuos (WtE) en la Gran Área Metropolitana.
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Retomar el proyecto hidroeléctrico El Diquís (835 MW) y acelerar la inversión en geotermia, con la meta de añadir 250 MW en seis años.
Reformas institucionales y megaproyectos de infraestructura
El plan también incluye reformas institucionales profundas, como la elección individual de diputados, la posibilidad de un referendo para reformar la Constitución completa y la plena independencia del Ministerio Público.
En infraestructura, el PNG propone convertir a Costa Rica en un hub aéreo internacional con nuevos aeropuertos en Orotina y Limón, modernizar la red de aeropuertos domésticos y financiar las obras mediante bonos de infraestructura y alianzas público-privadas.
Críticas y riesgos: libertades en juego
Si bien el documento del PNG presenta ideas ambiciosas en energía, inversión y modernización del Estado, también incluye propuestas que ponen en tensión el Estado de Derecho y las libertades individuales. La creación de jueces sin rostro, los estados de excepción, la censura estatal y el uso extensivo de tecnologías de vigilancia plantean serias preocupaciones constitucionales.
Además, el proyecto de “combatir la contracultura” y gravar videojuegos se percibe como un intento de imponer una moral estatal que puede entrar en conflicto con derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la cultura y el desarrollo tecnológico.
Conclusión: entre el orden y el autoritarismo
El plan de gobierno del Partido Nueva Generación dibuja una Costa Rica radicalmente distinta: más centralizada, con un Estado más fuerte en seguridad, una economía más abierta al mercado bursátil y un modelo energético diversificado. Sin embargo, sus propuestas más polémicas colocan a las libertades civiles en el centro del debate electoral.
La pregunta de fondo es si el país está dispuesto a aceptar más control y menos libertades a cambio de promesas de orden y seguridad.
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