Walter Rubén Hernández propone bajar 40% la criminalidad, eliminar el IVA a alimentos esenciales y retomar megaproyectos como el canal seco y el aeropuerto de Orotina.
El Partido Justicia Social Costarricense (PJSC) presentó su plan de gobierno 2026–2030 con un enfoque en redistribución, fortalecimiento del Estado, seguridad ciudadana y reactivación productiva, bajo el liderazgo de su candidato presidencial Walter Rubén Hernández. El documento plantea un país más equitativo, con justicia fiscal, oportunidades para las pymes, impulso a la economía social solidaria y una apuesta por megaproyectos estratégicos
Un Estado fuerte y justicia fiscal: eliminar el IVA a la canasta básica
Uno de los ejes más destacados del plan es la reforma fiscal progresiva que busca eliminar el impuesto al valor agregado (IVA) sobre la canasta básica, medida que el PJSC considera urgente para aliviar la carga de los hogares más vulnerables. Además, el partido propone fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, que estima en un 8,22% del PIB, y revisar las exoneraciones que hoy alcanzan el 4,62% del PIB.
El plan también plantea modernizar la administración tributaria, cerrar portillos a la evasión mediante inteligencia fiscal y digitalización, y establecer un sistema más progresivo en el impuesto sobre la renta.
Seguridad con “tolerancia cero”: meta de reducir 40% la criminalidad
En materia de seguridad, Hernández propone un plan agresivo que apunta a reducir en un 40% la criminalidad en un plazo de cinco años. Para ello, promete profesionalizar a la Fuerza Pública, fortalecer la inteligencia policial, usar drones y sistemas de videovigilancia, y aumentar el control fronterizo.
En el ámbito judicial, el partido propone limitar a ocho años el periodo de los magistrados y fijar una edad mínima de 50 años para ocupar el cargo. Además, plantea una reforma penitenciaria enfocada en el trabajo productivo y la educación, así como sustituir el apremio corporal por pensiones alimentarias por la incorporación obligatoria de los deudores a programas productivos.
Educación: hacia un modelo “para la vida”
La educación ocupa un lugar central en el programa. El PJSC propone reformar el modelo actual hacia una “Educación para la Vida”, menos centrada en la memorización y más en competencias prácticas. Se implementarán pruebas de idoneidad docente, la evaluación periódica del desempeño y un sistema de anualidades ligadas al rendimiento.
Megaproyectos y obra pública: canal seco y aeropuerto en Orotina
En infraestructura, el partido apuesta por retomar el liderazgo estatal en la construcción de obra pública. El MOPT asumiría directamente la ejecución de proyectos, limitando el uso de concesiones, y se realizaría una auditoría forense en el CONAVI.
Entre las grandes obras, Hernández promete retomar la Ruta 1856, construir un canal seco interoceánico y revivir el proyecto del aeropuerto internacional en Orotina. Además, propone dividir el MOPT en dos ministerios y crear un Instituto Nacional de Materiales que promueva el uso de materiales reciclados y sostenibles en las carreteras.
Reactivación productiva y apoyo a las pymes
El PJSC plantea una estrategia integral para reactivar la economía: simplificación de trámites, créditos blandos, apoyo tecnológico e impulso a la economía social solidaria. También propone aprovechar la “economía nocturna” como fuente de empleo e innovación y fijar la meta de crear 50.000 nuevos empleos en su administración.
Para el sector agropecuario, el partido propone fortalecer el CNP en la compra pública y valor agregado, mantener FANAL como empresa estatal y fusionar DINADECO e INFOCOOP en un nuevo ente llamado IDEAS, que impulsaría “megacooperativas” de consumidores y protección animal.
Energía, ambiente y migración
En el plano ambiental, Hernández plantea duplicar la capacidad de generación limpia en cinco años y destinar el 2% del PIB a investigación y desarrollo. Sin embargo, el plan no detalla cómo se financiará esta expansión ni qué fuentes energéticas priorizará.
En política exterior y migración, se plantea relanzar el liderazgo multilateral de Costa Rica, reactivar el SELA, combatir la xenofobia y promover una amnistía migratoria para regularizar el estatus de las personas extranjeras en el país.
Comunicación del Estado: un canal 24/7 y cadenas mensuales
El plan incluye propuestas polémicas en el campo comunicacional, como la creación de un canal estatal 24/7 del Poder Ejecutivo, la reinstauración de cadenas mensuales obligatorias y la coordinación del presupuesto publicitario del sector público. Aunque estas medidas podrían mejorar la comunicación institucional, también abren el debate sobre el riesgo de concentración mediática y uso propagandístico.
Análisis: Ambición social con dudas de viabilidad
El plan de gobierno del Partido Justicia Social Costarricense es, sin duda, uno de los más ambiciosos y detallados presentados hasta ahora. Su apuesta por un Estado fuerte, justicia fiscal, economía solidaria y megaproyectos estratégicos ofrece una visión clara de país con enfoque redistributivo. La propuesta de eliminar el IVA a la canasta básica y perseguir con rigor la evasión sintoniza con el reclamo popular por mayor justicia social, y la atención a las pymes y la agricultura nacional refuerza ese mensaje.
Sin embargo, el plan presenta debilidades estructurales importantes. Varias de sus metas —como reducir en 40% la criminalidad, duplicar la capacidad energética o crear 50.000 empleos— carecen de cronogramas, presupuestos o estudios de viabilidad. La ausencia de un marco fiscal detallado es especialmente crítica en propuestas como la eliminación del IVA o la reforma educativa. Además, reformas como limitar el mandato de los magistrados o sustituir el apremio corporal requerirían cambios legales complejos y podrían enfrentar fuertes resistencias institucionales.
En infraestructura, la reaparición de megaproyectos como el canal seco y el aeropuerto de Orotina despierta dudas sobre su financiamiento y factibilidad técnica, y la idea de un canal gubernamental 24/7 plantea riesgos para la pluralidad informativa si no se establecen salvaguardas claras.
En suma, el programa de Walter Rubén Hernández combina una narrativa social sólida con promesas transformadoras, pero su éxito dependerá de si logra traducir esas ideas en políticas viables, financieramente sostenibles y legalmente posibles. Sin ese soporte, el riesgo es que quede en el terreno de las buenas intenciones.
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