Francisco Gamboa, secretario general de Pueblo Soberano, aparece mencionado en documentación oficial por un vínculo familiar con un hombre detenido en Cuba por delitos relacionados con narcotráfico.
Pueblo Soberano, el partido chavista promovido por Pilar Cisneros, vuelve a quedar bajo cuestionamiento público por los vínculos y cercanías que rodean a algunas de sus figuras. En esta ocasión, las miradas apuntan a Francisco Gamboa, actual secretario general de la agrupación, cuyo entorno familiar aparece relacionado con un hombre detenido en Cuba por delitos vinculados al narcotráfico.
Francisco Gamboa y el vínculo familiar documentado por el Registro Civil
Según documentación oficial del Registro Civil de Costa Rica, la madre de Francisco Gamboa, Carmen Nury Soto Blanco, fue esposa de Luis Alberto Chacón Salazar, quien, de acuerdo con el medio internacional Martí Noticias, fue detenido en Cuba el 9 de agosto de 2016 por delitos vinculados al narcotráfico.
Este dato no es menor ni casual: el nuevo partido Pueblo Soberano está encabezado por Mayuli Ortega, esposa del narcotraficante mexicano Wenseslao Santiago Castro. La cúpula chavista dirá que estos vínculos son ataques infundados, pero los expedientes, registros y antecedentes gritan lo contrario.
¿Coincidencias o patrones?
La estructura del partido chavista Pueblo Soberano, promovido como “renovación” por Pilar Cisneros, se desmorona entre la podredumbre de relaciones familiares y cercanías con figuras ligadas al crimen organizado. ¿Es casualidad que los protagonistas de esta historia se vean rodeados de personas con historiales ligados al narcotráfico? ¿O estamos ante un patrón que confirma el avance del narco en la política costarricense?
A la ya conocida vinculación de la presidenta del partido con el narco mexicano, se suma este dato revelador sobre el secretario general. Todo mientras se presenta al electorado una narrativa de pureza política y lucha contra la corrupción.
El riesgo de normalizar lo inaceptable
Mientras los medios oficialistas callan, los tentáculos del narco siguen rodeando a las figuras del chavismo costarricense. Este caso no es una anécdota: es una señal de alerta institucional. Si no se detiene esta penetración del narcotráfico en la política, Costa Rica corre el riesgo de normalizar lo inaceptable.
