La fracción del Frente Amplio hace un resumen del trabajo de la última semana en las distintas comisiones y en el plenario.
Infraestructura, descarbonización y reformas laborales, entre otros temas destacan en distintas comisiones y en el plenario. A continuación, se presentan los puntos más destacados:
- La Comisión de Infraestructura aprobó afirmativamente la moción del diputado Antonio Ortega para llamar a audiencia a la Junta Directiva de la CNE, para que se refiera a los recursos transferidos para reparaciones al aeropuerto Daniel Oduber.
- La Comisión Investigadora de Sinart presentó el informe de mayoría donde se señala grandes irregularidades en los procesos de contratación y se pide investigar al a la Ministra de la Presidencia, al Ministro de Comunicación, a la Diputada Pilar Cisneros e incluso al Presidente Chaves por el uso con fines políticos y de propaganda de los recursos públicos.
- En Plenario la Diputada Sofía Guillén celebró el acuerdo entre fracciones para establecer que del préstamo para descarbonización (#23.502) se destinen un 15% para pagar parte de la deuda del Estado con la Caja, pese a la negativa caprichosa del Ministro de Hacienda.
- En la Comisión de Asuntos Jurídicos la diputada Rocío Alfaro cuestionó, ante representantes de la Cámara de Industrias, el proyecto para establecer jornadas de 12 horas diarias, conocida como 4X3.
- En la Comisión sobre Seguridad y Narcotráfico la diputada Priscilla Vindas reiteró la urgencia de establecer medidas cautelares previas para congelar los capitales emergentes sospechosos de estar ligados al narco y al crimen organizando.
- En la Comisión sobre Ingreso y Gasto los diputados Jonathan Acuña y Ariel Robles cuestionaron al embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca, sobre la investigación en torno a la posible intermediación entre el Presidente Chaves y una empresa para perjudicar a una Diputada crítica al gobierno.
- La fracción solicitará la convocatoria del proyecto #22.299 para que personas con enfermedades graves puedan retirar la totalidad de su jubilación procedente del régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Hoy hay un vacío legal que impide que las Operadoras entreguen las pensiones en esos casos, lo que obliga a las personas afectadas a interponer un recurso de amparo para obligarlas a girar los recursos.
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