Cartago, San José, Heredia y Alajuela exhiben el patrón del chavismo
Candidatos cuestionados, negocios turbios y desprecio al pueblo.
El narco partido Pueblo Soberano, liderado por el presidente Rodrigo Chaves y su círculo íntimo, reveló las listas de sus candidaturas a diputaciones, confirmando lo que ya era evidente: un patrón de imposiciones y perfiles cuestionados, tal como lo admitió el propio exvicepresidente Stephan Brunner en declaraciones a La Nación, al reconocer que todas las candidaturas fueron decididas a dedo por la aspirante presidencial Laura Fernández.
Desde San José hasta Cartago, pasando por Heredia y Alajuela, la tónica es la misma: figuras con señalamientos graves, vínculos con el narcotráfico, conflictos de interés, deudas con la Caja y hasta coordinadores de troles contratados a dedo por el BCIE.
En San José, la papeleta está encabezada por el exministro de Hacienda Nogui Acosta, seguido por una candidata desconocida sobre la cual pronto se dará más información. En el tercer lugar figura el propio Brunner y en cuarto Mayuli Ortega, presidenta del partido, conocida por su historial de vínculos con un narco mexicano y nexos con el crimen organizado.
El caso de Heredia y Alajuela
En Heredia, la protagonista es Marta Eugenia Esquivel, la expresidenta de la CCSS que se niega a devolver más de 27 millones de colones en sobresueldos cobrados durante su gestión. Mientras en Alajuela, la lista la lidera José Miguel Villalobos, el polémico abogado de narcotraficantes, asesinos y violadores, quien ahora pretende obtener inmunidad legislativa.
Pero si hay una provincia golpeada y despreciada por el chavismo, esa es Cartago. A la ciudad a la que Chaves le ha negado su hospital y se ausenta de la tradicional romería del 2 de agosto, el oficialismo le impone candidaturas que son una bofetada al pueblo cartaginés.
Delegada de Figueres como candidata
La cabeza de lista por Cartago, Cindy Blanco González, es un caso paradigmático de la incoherencia ética de Pueblo Soberano. Exliberacionista y exdelegada cercana al expresidente José María Figueres, Blanco enfrenta una denuncia formal del 2022 por presuntas irregularidades y conflictos de interés en la función pública. Según el expediente, se le cuestionan usos indebidos de recursos institucionales y decisiones administrativas en beneficio de allegados, un antecedente que mina cualquier credibilidad en su aspiración legislativa.
Denuncia contra Cindy
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Open in new tab Y los problemas no terminan ahí: Cindy Blanco arrastra deudas millonarias y procesos judiciales en curso. Registros oficiales confirman tres juicios de cobro activos: dos en el Juzgado Especializado de Cobro de Cartago por ₡6.802.766,84 y ₡3.665.572,59, y uno en el II Circuito Judicial de Alajuela por ₡3.093.853,55. Una candidata endeudada y demandada, que paradójicamente busca legislar sobre presupuestos y finanzas públicas.
La lista de sombras continúa: Blanco es parte de varias sociedades comerciales, donde funge como fiscal, agente residente, secretaria o presidenta. Entre estas figuran Westport S.A. y Blanco & Abogados Consultores, pero varias no están inscritas ante Hacienda ni en la CCSS como patrono, y otras figuran morosas y omisas, como Westport, según datos oficiales de Tributación.
¿De Troll chavista a diputado?
A este currículum ético y financiero cuestionado se suma el segundo lugar de la papeleta cartaginesa: Robert Jr, conocido generador de contenido y coordinador de troles del gobierno, señalado por gestionar ataques digitales contra periodistas y figuras de oposición. Robert Jr ha recibido contratos directos del BCIE sin concurso, y aunque se presenta como “motivador” en centros educativos, no cuenta con título alguno que lo habilite profesionalmente para trabajar con niños y adolescentes.
Cartago, cuna de cultura y fe, no merece este desprecio ni estas candidaturas. Los cartagineses, como el resto del país, merecen diputados probos y comprometidos con la gente, no con el narco, el poder a dedo y la manipulación digital.
La pregunta es inevitable: ¿Debe Costa Rica permitir que estas figuras cuestionadas lleguen a legislar en su nombre?
