Mientras crecen las dudas sobre si se alcanzarán los 38 votos necesarios.
Diputada Rocío Alfaro llama a un proceso serio y equilibrado
La Asamblea Legislativa recibió oficialmente el expediente enviado por Corte Plena que solicita el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves Robles, en un caso que marcará un precedente en la historia reciente del país. La jefa de fracción del Frente Amplio, diputada Rocío Alfaro, se pronunció con firmeza sobre la necesidad de cumplir con todas las garantías constitucionales y reglamentarias.
“Hoy recibimos de la Corte Plena el expediente para el levantamiento de la inmunidad del señor presidente de la República. Vamos a conocer el día miércoles una resolución donde el presidente de la Asamblea describe el procedimiento, que es muy delicado y debe llevarse con mucho cuidado para cumplir con todas las garantías que se establecen en nuestra Constitución y también en el reglamento legislativo”, expresó Alfaro.
La legisladora añadió que su bancada velará por que la comisión especial de tres diputaciones encargada de estudiar el expediente sea equilibrada, y subrayó que aunque el Frente Amplio se inclina por respaldar la posición técnica de la Corte Plena, también harán su propio análisis del expediente.
“Vamos a velar porque se den todas las garantías procesales que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país merecen”, afirmó.
Fracturas políticas y temor al “martirio” de Chaves
Pese a que en semanas anteriores se hablaba de al menos 38 votos asegurados para levantar el fuero de improcedibilidad, Radio Zurqui ha conocido que el panorama ha cambiado. Fracciones legislativas y diputaciones independientes estarían reconsiderando su voto, ante el riesgo de que un eventual levantamiento de inmunidad convierta a Rodrigo Chaves en un “mártir político” frente a sus seguidores más fervientes.
Esta narrativa, que busca blindar a Chaves mediante la victimización, está ganando terreno dentro del bloque oficialista y sectores afines. El cálculo político es evidente: sacrificar la justicia en nombre del oportunismo electoral.
Si no hay votos, habrá que esperar hasta 2026
Para que el proceso avance, se requiere una mayoría calificada de 38 votos en el plenario legislativo. En caso de que la solicitud no prospere, el presidente no podrá ser juzgado hasta después del 8 de mayo de 2026, cuando pierda el fuero por dejar el cargo.
El expediente será estudiado en una comisión legislativa de tres diputaciones y posteriormente analizado en el plenario. El país se enfrenta así a una prueba institucional de primer orden, donde los diputados y diputadas deberán demostrar si la justicia está por encima del cálculo político.
Las próximas semanas serán cruciales en Cuesta de Moras. Costa Rica observa con atención.
