No queremos militares

✍️ Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli | Columna de opinión | Con Fisga

Costa Rica abolió el ejército hace décadas, pero la posibilidad de permitir operaciones de militares extranjeros vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar este Gobierno?

La discusión no es menor. Hablar de militares extranjeros en Costa Rica no es hablar de una simple cooperación internacional: toca directamente la soberanía nacional, la abolición del ejército y los límites que la Constitución impone a quienes hoy ejercen el poder. Sobre eso pone hoy la fisga el Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli, con una advertencia clara y sin rodeos.

… no somos siervos menguados.

No lo digo yo, solo lo repito. La bien amada del chavismo y encartada en la Fiscalía General, la hoy simple asesora presidencial Pilar Cisneros, dijo en agosto de 2025, en el programa de televisión Octavo Mandamiento, que a doña Laura Fernández “a veces le cuesta concretar una idea sencilla”. Lo que pudo haberse atribuido al calor de la campaña —y al hecho de que ella no la quería como candidata, por algunos “safis” que la señora presidenta ha tenido en estos cuatro meses supuestamente al mando del país— hoy adquiere un tono inquietante, incluso terrorífico.

Vamos a dejar pasar, por ahora, otras salidas impropias, como eso de llamarle “Presidente” a Rodrigo Chaves y luego, para sacar las extremidades del barro, decir que él también la llamaba “ministra”. “Más pior”, diría Gorgojo. No vale la pena distraernos con eso cuando lo que acaba de declarar resulta, simple y llanamente, alarmantemente inaceptable.

Ante la afirmación hecha en declaraciones dadas a la agencia de noticias Reuters, en el sentido de que está anuente a recibir operaciones militares estadounidenses en Costa Rica, con el pretexto de combatir el narcotráfico y el terrorismo internacional, uno prefiere creer que hizo aparición el “síndrome pilarico”, y que no fue capaz de concretar claramente lo que tal vez quiso decir, y por eso le salió semejante barbaridad.

Pero por si acaso, hay que recordarle a la Presidencia de la República —a quienes la ejerzan de hecho y de derecho— que ellos tienen el poder y el gobierno de este país prestados, por un tiempito. Y que, al ejercerlos, deben obedecer lo establecido en la Constitución y las leyes. En ellas está claro que nosotros, los costarricenses, desde 1848 vivimos en un país soberano, y que quienes gobiernan son apenas guardianes de esa soberanía. Nadie puede arrogarse ser la soberanía misma y actuar por ella al margen de las normas legales y constitucionales, sin caer en el terreno de la traición a la Patria.

En ese sentido, soberanamente, los costarricenses abolimos el ejército desde 1949. Cualquier cambio, tratado o afectación a ese principio debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa con las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros, es decir, 43 votos. Así que, aunque alguien les silbe al oído que se pueden instalar bases militares gringas o traer fuerzas militares armadas sin la debida aprobación legislativa, es seguro que ese consejo les llega desde una rama seca de alguna mata de canábis.

CON FISGA | RADIO ZURQUÍ

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No, miembros del régimen FER/CHA. Por más convenios o acuerdos de escudos militares que hayan firmado —y que, por cierto, deben ser conocidos por la Asamblea Legislativa— con el déspota Trump y su aliado, el genocida Netanyahu, aquí, en nuestra querida Costa Rica, la inmensa mayoría de verdaderos ciudadanos, los que no nos arrodillamos ni ante ustedes ni ante ellos, ni ante los fascistoides que han instalado en América Latina,no vamos a permitir que las botas militares suenen en nuestro suelo.

Porque no somos SIERVOS MENGUADOS. Y por eso vamos a exigir que se respete, hasta la última palabra, LOS DERECHOS SAGRADOS QUE LA PATRIA NOS DA.
Con Fisga | Columna de opinión

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Erick Sojo Marín, “Este Paisano”, es fundador y director de Radio Zurqui. Periodista digital y comunicador político con amplia experiencia en análisis nacional e internacional. Defensor del periodismo independiente, la libertad de expresión y la institucionalidad democrática.
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