El papel del Ministerio de la Presidencia vuelve al centro del debate político en Costa Rica ante la posibilidad de que Rodrigo Chaves ocupe ese cargo tras dejar la presidencia. La discusión abre interrogantes sobre gobernabilidad, poder político y eventuales reformas constitucionales.
El Ministerio de la Presidencia ha sido históricamente una de las piezas clave en la articulación política del Poder Ejecutivo en Costa Rica. Su función no solo consiste en coordinar la relación entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, sino también en facilitar el diálogo con los distintos sectores políticos y sociales del país. En el contexto actual, el debate sobre el papel que podría desempeñar esta institución adquiere una nueva relevancia.
El origen y la función del Ministerio de la Presidencia
El Ministerio de la Presidencia en Costa Rica fue establecido el 24 de diciembre de 1961, mediante la Ley de Presupuesto N.° 2980, con la finalidad de convertir esta figura en pieza clave para la coordinación y comunicación política del Poder Ejecutivo con los diversos actores políticos, sociales y económicos, tanto públicos como privados. Todo ello en aras de descongestionar políticamente al Presidente de la República, permitiéndole priorizar su papel como Jefe de Estado, con la asistencia de un Ministro de la Presidencia que asumiría la conducción política y administrativa del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, 65 años después, muy pocos han comprendido la verdadera importancia de esta figura para la gobernabilidad del país. Más aún en el contexto actual, caracterizado por un sistema multipartidista, donde un buen Ministro de la Presidencia puede facilitar la cohabitación entre las diversas fuerzas políticas presentes en la sociedad, especialmente si mantiene una comunicación constante, estratégica y efectiva con la Asamblea Legislativa.
La debilidad del Ministerio de la Presidencia durante el gobierno de Chaves
El actual Poder Ejecutivo, dirigido por el presidente Rodrigo Chaves, ya sea por desconocimiento de la naturaleza institucional del cargo o por una evidente intención de concentrar el poder en su propia figura, no otorgó durante su gestión la importancia debida al Ministerio de la Presidencia. Primero con Natalia Díaz y luego con Laura Fernández, ninguna logró empoderarse plenamente ni en su relación jerárquica con el gabinete ni frente a la Asamblea Legislativa. Al punto que, tras la renuncia de Fernández para asumir su candidatura presidencial, Chaves optó por no nombrar a nadie en el como jerarca del Ministerio de la Presidencia y dejar al viceministro como una figura más cercana a un secretario o mandadero que a un ministro con poder real de decisión y ejecución.
Durante la campaña electoral, la presidenta electa manifestó en reiteradas ocasiones que, de alcanzar el triunfo —como efectivamente ocurrió—, nombraría al actual presidente Chaves como jerarca en el Ministerio de la Presidencia. Esta decisión tiene claros pros y contras para Fernández en el ejercicio de sus funciones. Veamos algunos elementos.
Primero, Fernández logra convertirse en el delfín político de Chaves para dar continuidad a su gestión, a pesar de no haber sido inicialmente su primera opción; las circunstancias fueron conduciendo a su designación. Posteriormente, tras el triunfo electoral, Chaves optó por nombrarla nuevamente ministra de la Presidencia por el resto de su mandato, lo cual puede interpretarse de múltiples maneras. Una de ellas podría leerse como un mensaje político implícito: “yo te escogí como candidata y te nombro nuevamente ministra para que no olvides quién lidera y quién manda”.
Un escenario inédito en la política costarricense
Segundo, de concretarse el nombramiento de Chaves en el Ministerio de la Presidencia, estaríamos ante un hecho inédito en nuestra historia republicana: un Presidente de la República que pasa a ser subalterno de quien le sustituye en el cargo. No obstante, no debe olvidarse que, si no el 100 %, una enorme mayoría de los 31 diputados oficialistas fueron escogidos o avalados por Chaves. Asimismo, es muy probable que una cantidad significativa de los actuales miembros del gabinete continúe en sus puestos o en posiciones alternas durante el gobierno de Laura Fernández.
Aquí surgen preguntas fundamentales: ¿a quién obedecerán en última instancia los diputados oficialistas y el gabinete? ¿Estará Chaves dispuesto a asumir un rol realmente subordinado a Fernández? ¿O, por comodidad política o por debilidad de liderazgo, Fernández permitiría que Chaves continúe gobernando desde el Ministerio de la Presidencia?
Recordemos que los problemas que enfrentó Chaves como Ministro de Hacienda en el gobierno del presidente Carlos Alvarado surgieron precisamente porque no aceptaba órdenes, y menos de alguien a quien consideraba más joven y menos preparado para dárselas, cuando su intención era gestionar con total libertad. Ese patrón podría repetirse.
También recordemos cómo el expresidente Carlos Alvarado, desde el inicio de su mandato, cedió amplias cuotas de poder económico y político a su Ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, y a su círculo cercano, con una visión marcadamente economicista que terminó influyendo de forma determinante en la orientación de su administración.
La estrategia política hacia 2030
Tercero, se comenta con frecuencia que el presidente Chaves podría estar interesado en ocupar el Ministerio no solo por razones políticas, sino también por la inmunidad que el cargo representa, ante los múltiples casos que enfrenta ante la justicia costarricense y que eventualmente podrían derivar en penas carcelarias. Esta posibilidad lo mantiene preocupado e incómodo respecto a su futuro, como resultado de decisiones tomadas durante su gestión que, según críticos, no siempre fueron consultadas ni plenamente apegadas a la legalidad.
Si analizamos estos tres puntos en conjunto, la estrategia podría ser aún mayor. El caso de Vladimir Putin en Rusia resulta ilustrativo para comprender posibles paralelismos con el escenario costarricense.
Putin llegó al poder en la Federación Rusa en 1999, limitado constitucionalmente a ejercer el poder por dos periodos, los cuales concluirían en 2008. Ante esa restricción, promovió a Dmitri Medvédev como su candidato presidencial para el periodo 2008-2012, lo cual efectivamente lograron. Medvédev cumplió con su promesa política y nombró de inmediato a Putin como primer ministro —cargo con amplias facultades ejecutivas—, lo que le permitió mantener poder y protagonismo político. Desde esa posición, Putin gestionó reformas constitucionales que le facilitaron regresar a la presidencia en 2012 y mantenerse en el poder hasta 2036.
Esta podría ser la estrategia de Chaves en Costa Rica. Ya hemos observado cómo el patético y mediocre diputado, exPUSC, Leslie Bojorges, en una de sus acostumbradas decisiones “alfombra”, ha propuesto un proyecto de reelección consecutiva que corresponderá a la futura Asamblea retomar, estudiar y eventualmente impulsar.
Recordemos que en nuestro país el presidente saliente debe esperar dos periodos presidenciales antes de tener la posibilidad de postularse nuevamente. Bajo las reglas actuales, Chaves podría intentarlo hasta 2034, pero se trata de un periodo demasiado largo, especialmente cuando un eventual cargo ministerial solo le garantizaría inmunidad hasta el año 2030.
Tiene, eso sí, la tranquilidad de contar con 31 diputados oficialistas, una mayoría clave que, de mantenerse cohesionada, difícilmente permitiría levantarle la inmunidad a él o a cualquier otro miembro del gobierno. Pero el verdadero temor radica en otra interrogante: ¿qué ocurriría entre 2030 y 2034?
Nada les garantiza un nuevo triunfo electoral, más aún cuando dentro del propio oficialismo existen dudas sobre el liderazgo y la gestión futura de Laura Fernández.
De allí que la posibilidad de una reforma constitucional que permita la reelección consecutiva y habilite una candidatura presidencial en 2030 podría convertirse en una enorme tabla de salvación política.
Hoy el chavismo no cuenta con los 38 diputados requeridos para aprobar una modificación constitucional que permita la reelección inmediata. Además, dicha reforma exige aprobación en dos legislaturas consecutivas del Congreso (dos años), lo cual implica que el proceso debe iniciarse de inmediato, mientras aún mantienen control sobre su fracción de 31 diputados, para que la eventual reforma pueda entrar en vigor en las elecciones de 2030.
Aquí podría radicar la gran oportunidad de Chaves para convertirse en Ministro de la Presidencia: operar políticamente desde esa posición para impulsar la reforma. Claro está, todo dependerá del nivel de cercanía y subordinación que alcance la relación Fernández-Chaves, y si esta llega a niveles comparables al binomio Putin-Medvédev.
El oficialismo dependería necesariamente del respaldo de otras fracciones legislativas para concretar ese cambio constitucional. No visualizo a la fracción del Frente Amplio facilitando dicha modificación. Mis temores se centran en posibles fisuras dentro de algunas figuras del Partido Liberación Nacional que podrían acomodarse al oficialismo.
