La memoria histórica en México puede convertirse en una coartada política. Alberto Guerrero cuestiona a quienes utilizan las heridas del pasado para justificar los errores del presente y evadir sus responsabilidades ante la ciudadanía.
¿Hasta qué punto recordar las injusticias del pasado contribuye a construir un país mejor y cuándo se convierte en una herramienta de manipulación política? En esta nueva columna para Radio Zurqui, Alberto Guerrero examina cómo la memoria histórica en México puede transformarse en un discurso de victimización que beneficia al poder. Una reflexión crítica sobre el uso político del sufrimiento, la construcción de la identidad nacional y la necesidad de exigir resultados, justicia y rendición de cuentas.
La historia como fábrica de agravios
México tiene una relación peculiar con su pasado: recuerda sus heridas con extraordinaria solemnidad, pero no siempre examina las responsabilidades que permitieron producirlas. Nuestra memoria colectiva parece organizada alrededor de conquistados, sacrificados, traicionados, mártires y héroes asesinados.
La tragedia ocupa el centro del relato nacional; la responsabilidad, frecuentemente, queda en los márgenes.
No se trata de negar los agravios históricos, sino de cuestionar cuándo su evocación deja de explicar el pasado y comienza a administrar políticamente el presente.
Desde la Conquista, la Independencia, la Reforma y la Revolución, la construcción de una identidad nacional incorporó episodios de sufrimiento como elementos fundacionales.
La historia patria convirtió personajes y acontecimientos complejos en representaciones morales: buenos contra malos, liberadores contra opresores, pueblo sacrificado contra élites abusivas. La simplificación facilitó la transmisión de una identidad compartida, pero también redujo los espacios para discutir contradicciones, responsabilidades y consecuencias.
La historia de bronce, como categoría crítica de la historiografía, no es inocente. Selecciona acontecimientos, consagra protagonistas y establece silencios. La memoria pública termina funcionando como una pedagogía de la lealtad: recordar significa reconocer determinados héroes y reproducir determinadas interpretaciones.
El problema aparece cuando la nación aprende a identificarse más con el sufrimiento de sus antepasados que con la capacidad de transformar las condiciones que lo produjeron.
La utilidad política de la herida
El martirio tiene una ventaja extraordinaria para el poder: transforma una derrota en superioridad moral. Quien se presenta como víctima puede reclamar legitimidad, exigir adhesiones y desplazar preguntas incómodas. El agravio se convierte en argumento; la memoria, en instrumento de movilización; la indignación, en capital político.
La Revolución mexicana ofreció materiales para construir una narrativa de redención social.
Posteriormente, el régimen surgido de ella articuló instituciones, ceremonias, educación y símbolos alrededor de una genealogía revolucionaria. El Estado no solamente administró recursos y territorios: también administró interpretaciones del pasado.
La legitimidad política encontró en los héroes nacionales una fuente de continuidad y justificación.
Esta operación no pertenece exclusivamente a un partido ni a una época.
Gobiernos de distintas orientaciones han utilizado agravios históricos, enemigos externos, conspiraciones y sacrificios colectivos para explicar sus dificultades o presentar sus proyectos como una reparación pendiente. La diferencia está en la intensidad y en el propósito.
Una cosa es reconocer injusticias históricas y otra convertirlas en una autorización permanente para gobernar sin rendir cuentas.
Roger Bartra, en “La jaula de la melancolía”, examinó críticamente los imaginarios mediante los cuales se construyó una determinada identidad mexicana. Octavio Paz, en “El laberinto de la soledad”, exploró las relaciones entre identidad, historia y formas de encerramiento cultural.
Ninguna de estas obras autoriza a describir a todos los mexicanos como sujetos resignados. Sí permiten advertir que las identidades nacionales también se construyen mediante representaciones, mitos y convenciones que merecen examen.
¿Víctimas de la historia o del discurso?
La pregunta exige distinguir dos realidades que el debate público suele confundir.
México tiene víctimas reales: personas desplazadas, comunidades despojadas, familias de desaparecidos, periodistas asesinados, mujeres violentadas, trabajadores extorsionados y poblaciones sometidas al control criminal.
Su sufrimiento no es una metáfora ni una estrategia discursiva. Es consecuencia de violencias verificables y de obligaciones institucionales incumplidas.
Pero existe otra operación: convertir esa condición de víctima en una identidad política generalizada.
Cuando el gobierno explica sistemáticamente los problemas presentes mediante las culpas heredadas, las resistencias de adversarios o las agresiones recibidas, corre el riesgo de sustituir la evaluación de resultados por una competencia de agravios.
El discurso victimista no consiste simplemente en denunciar una injusticia. Se identifica cuando presenta al emisor como moralmente incuestionable, atribuye toda responsabilidad a un adversario, selecciona los hechos que confirman su relato y considera cualquier cuestionamiento una agresión. Su función es cerrar la discusión, no abrirla.
La ciudadanía también puede reproducir esa lógica en la vida cotidiana.
A veces se invoca la corrupción de otros para justificar la propia; se reclama respeto mientras se incumplen obligaciones; se denuncia el abuso institucional, pero se normaliza la pequeña transgresión cuando produce ventajas personales.
No es una característica genética ni una esencia cultural mexicana. Es una conducta social aprendida, tolerada y, en ocasiones, premiada.
Los nuevos sacerdotes del agravio
En la política contemporánea, las redes sociales multiplican esta narrativa.
La indignación circula más rápido que la explicación, y la confrontación produce recompensas inmediatas de visibilidad. Los adversarios se convierten en enemigos morales; las críticas, en ataques; los errores propios, en campañas de desprestigio.
El lenguaje del martirio permite construir comunidades emocionales que no necesariamente comparten diagnósticos, pero sí antagonistas.
La paradoja es evidente: un país con problemas estructurales necesita instituciones capaces de reconocer errores, corregir decisiones y ofrecer resultados.
Sin embargo, la victimización gubernamental puede invertir esa obligación.
El poder, que constitucionalmente debe responder por sus actos, se presenta como perseguido, incomprendido o permanentemente asediado.
La memoria histórica tampoco debe utilizarse como coartada para evitar el presente. Ningún agravio del siglo XIX exime a una administración del siglo XXI de explicar sus decisiones presupuestales, sus resultados de seguridad, sus políticas sociales o sus omisiones.
La historia ofrece contexto; no concede impunidad.
Romper el relato, recuperar la responsabilidad
Evitar esta narrativa no significa renunciar a la memoria, cancelar conmemoraciones ni desacreditar a las víctimas.
Significa recuperar la diferencia entre recordar y obedecer una interpretación del recuerdo. Requiere enseñar historia con documentos, controversias historiográficas, fuentes primarias y perspectivas múltiples, no únicamente mediante efemérides y personajes convertidos en estampas morales.
También exige alfabetización política: identificar quién habla, qué hechos selecciona, qué responsabilidades omite, qué emociones moviliza y qué beneficio obtiene al presentarse como víctima. Una ciudadanía crítica debe preguntar por evidencias, resultados, presupuestos, responsabilidades administrativas y mecanismos de reparación.
El Estado tiene una obligación adicional: reconocer a las víctimas sin apropiarse de su sufrimiento.
Escuchar a las familias, investigar, sancionar, reparar y garantizar la no repetición son deberes públicos, no concesiones políticas. La justicia no puede sustituirse por ceremonias, discursos de solidaridad ni declaraciones de superioridad moral.
Hoy en día, los mexicanos no necesitamos una identidad construida sobre la negación de sus heridas, pero tampoco una cultura política que encuentre en ellas su principal fuente de legitimidad.
Necesitamos una memoria capaz de reconocer conquistadores y conquistados, héroes y contradicciones, víctimas y responsables; una historia que no absuelva automáticamente a quienes heredan el poder ni condene eternamente a quienes heredan los agravios.
El verdadero desafío nacional consiste en abandonar la comodidad moral del martirio para asumir la exigencia democrática de la responsabilidad.
Porque un país puede honrar indefinidamente a sus muertos y seguir reproduciendo las condiciones que los hicieron víctimas. Y cuando el poder convierte el sufrimiento en discurso permanente, mientras evita resolverlo, la memoria deja de ser conciencia histórica y se transforma en una extraordinaria tecnología de dominación.
