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Alberto Guerrero Baena
México celebra cada 16 de setiembre el Grito que abrió la insurgencia, pero mantiene en segundo plano al hombre y a la fecha que marcaron su consumación. Esa contradicción atraviesa la columna de Alberto Guerrero Baena: celebramos el grito de independencia y silenciamos a quien lo consumó.
La construcción de esa memoria tampoco es neutra. La independencia funciona como mito fundacional y también como instrumento político: mientras el 16 ocupa el centro del ritual cívico, el 27 obliga a entrar en una historia más incómoda, atravesada por Agustín de Iturbide, pactos, contradicciones y una consumación que no encaja con facilidad en la narrativa heroica tradicional.
Cada 16 de septiembre el país mexicano se somete a un ritual cívico que confunde el inicio de una insurgencia con la consumación de una independencia.
El régimen en turno —cualquiera que sea su signo ideológico— necesita ese mito porque le permite anclar su legitimidad en el cura de Dolores, en el grito, en la épica popular, y evitarse la incomodidad de reconocer que la independencia jurídica de México no nació de una insurrección exitosa, sino de un pacto entre élites militares que, once años después del Grito, decidieron que la guerra ya no le convenía a nadie.
El 16 de septiembre es el mito de origen que el Estado mexicano necesita repetir; el 27 de septiembre es la fecha que el Estado mexicano prefiere no explicar, porque explicarla obliga a nombrar a Agustín de Iturbide y a reconocer que fue un antiguo comandante realista, no un insurgente, quien firmó la consumación.
Acatempan: el abrazo que nadie quiere recordar
El 10 de febrero de 1821, en Acatempan, Iturbide y Vicente Guerrero se reúnen y deciden fusionar sus fuerzas. No es un encuentro entre iguales ideológicos: Guerrero representa la insurgencia republicana y popular heredera de Morelos; Iturbide representa al ejército virreinal que había combatido a esa misma insurgencia durante años.
El abrazo de Acatempan es, en términos llanos, la capitulación estratégica de los proyectos republicanos y liberales de 1814 ante un proyecto monárquico y de gran calado. Esa genealogía incómoda —que la independencia se consuma mediante una alianza con el aparato que la reprimió, no mediante su derrota— es precisamente lo que el relato oficial mexicano necesita diluir.
Es más cómodo hablar de “héroes” en abstracto que reconocer que el arquitecto jurídico de la independencia fue, hasta pocos meses antes, oficial del ejército que perseguía a esos héroes.
Iguala y Córdoba: la arquitectura jurídica de la independencia
El 24 de febrero de 1821 se proclama el Plan de Iguala, el documento de veinticuatro artículos que establece las Tres Garantías —religión, independencia, unión— y que funda un proyecto de monarquía moderada.
El 24 de agosto de 1821, en Córdoba, Iturbide y el enviado español Juan O’Donojú firman los tratados que ratifican ese plan y reconocen a México como imperio independiente. Los Tratados de Córdoba, compuestos por diecisiete artículos, añaden algo que el Plan de Iguala no contemplaba: si ningún miembro de la casa de Borbón aceptaba la corona del nuevo imperio, el Congreso mexicano quedaba facultado para designar a cualquier otro monarca, sin exigir que fuera europeo.
Esa cláusula, agregada por el propio Iturbide, es la que en los hechos abrió la puerta a su propia coronación meses después.
El 27 de septiembre de 1821 el Ejército Trigarante entra a la Ciudad de México y, al día siguiente, se firma el Acta de Independencia. Ésa es la secuencia documental, verificable en los archivos y no en la épica: no hubo derrota militar del imperio español en 1821, hubo negociación política, y España, por cierto, rechazó formalmente el tratado meses después, en febrero de 1822.
Quien condujo esa negociación —con todo el pragmatismo cuestionable que eso implica, incluida una cláusula redactada a la conveniencia política del momento— fue Iturbide, no el discurso heroico que el calendario cívico prefiere.
Del Imperio al patíbulo: la ingratitud como política de Estado
El Congreso proclama emperador a Iturbide en mayo de 1822; su gobierno dura apenas unos meses, abdica en marzo de 1823 y es fusilado en julio de 1824 en Padilla, Tamaulipas, al regresar del exilio.
Esa secuencia —de consumador de la independencia a fusilado por el Congreso que él mismo había convocado— es la prueba más contundente de que la clase política mexicana decidió desde el inicio que la memoria de Iturbide era desechable.
No se trata de rehabilitar acríticamente a un hombre cuyo proyecto imperial fue autoritario por necesidad y de corta vida; se trata de señalar que la desaparición de su figura del panteón cívico no responde a un juicio histórico sereno, sino a la conveniencia de sucesivos regímenes —liberales del siglo XIX, revolucionarios del XX, y el régimen actual— que necesitan un relato de independencia despojado de monarquía, de pacto con las élites realistas y de cualquier protagonismo que no encaje en la narrativa de una gesta popular pura.
Que la historiografía especializada discuta si Iturbide fue estadista pragmático o simple oportunista militar es legítimo y necesario; lo que no es legítimo es que esa discusión ni siquiera se dé, porque el personaje fue borrado del debate público antes de que pudiera sostenerse.
El 16 de septiembre como coartada, el 27 de septiembre como incomodidad
El gobierno actual no inventó este olvido, lo heredó y lo administra con la misma conveniencia que sus antecesores.
Cada informe, cada discurso presidencial de septiembre, refuerza el 16 como el día que importa y guarda silencio sobre el 27, porque el 27 obliga a hablar de un imperio, de una monarquía constitucional ofrecida a la casa de Borbón, y de un militar realista al que la historiografía oficial no sabe dónde colocar sin desordenar su relato.
Es un ejercicio de historia a modo: se celebra la insurgencia, se omite la consumación; se venera al cura que inició la guerra, se ignora al general que la terminó.
Mientras el aparato político siga necesitando un pasado limpio y lineal, seguirá siendo más rentable electoralmente un grito que una firma, un cura mártir que un emperador fusilado.
Y mientras eso ocurra, México seguirá contando su independencia a medias, con la mitad más incómoda —la que exige matices, pactos y contradicciones— convenientemente fuera del calendario cívico, relegada a la nota a pie de página que ningún discurso oficial se atreve a leer en voz alta.
