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Alberto Guerrero Baena
El Zócalo tiene bronce, pero le faltan archivos. Alberto Guerrero Baena pone bajo la lupa la historia oficial de México y cuestiona la forma en que el poder selecciona a quién convertir en héroe, a quién condenar como villano y qué partes del pasado merecen ser recordadas.
Historia patria: donde la evidencia siempre llega tarde. Desde Iturbide hasta Maximiliano y Porfirio Díaz, la columna recorre personajes y periodos que desafían el relato más cómodo del pasado mexicano. Porque cuando el bronce se convierte en política de Estado, la historia corre el riesgo de dejar de explicar para empezar a justificar.
El domingo 27 de septiembre, en pleno Zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, según la transcripción publicada, que a Iturbide no se le recuerda como libertador sino como traidor.
Ese día se cumplían 205 años de la entrada del Ejército Trigarante a la capital: el acto que consumó la Independencia.
Se celebró la fecha y se fusiló otra vez al protagonista.
Así funciona la historia de bronce gubernamental: reparte estatuas y expedientes según convenga al presente. Nos enseñaron a odiar a los perdedores de un pleito que ya cumplió dos siglos, y a llamarlo conciencia histórica.
Pero un país que construye su política pública sobre una liturgia de héroes y villanos no gobierna: oficia.
Y quien oficia no rinde cuentas; predica.
La Nueva España no pide perdón
Trescientos años no se borran con un discurso.
La Nueva España nos dio la Casa de Moneda en 1535, el Primitivo Colegio de San Nicolás en 1540, la primera imprenta del continente en 1539 y la Real y Pontificia Universidad en 1551.
Nos dio a Sor Juana y a Sigüenza y Góngora, el Acueducto de Valladolid (hoy Morelia), el Real Colegio de Minería, el Camino Real de Tierra Adentro y la traza de ciudades que habitamos.
Nos dio la lengua, el derecho y una identidad mestiza que ninguna consigna ha logrado sustituir. México no nació en el vacío: nació sobre ese cimiento y de allí heredó cabildos, parroquias, notarías y territorio.
Negarlo no es soberanía; es amnesia con himno.
Iturbide: el libertador que no quisieron
Agustín de Iturbide logró lo que ningún insurgente consiguió en once años de guerra: unir a realistas e insurgentes bajo una sola bandera.
El Plan de Iguala y sus Tres Garantías, el abrazo con Vicente Guerrero, el Tratado de Córdoba con O’Donojú y la entrada del 27 de septiembre de 1821 son el acta de nacimiento del Estado mexicano.
Guerrero fue quien se sumó a esa causa; llegaría después a la presidencia por un motín y caería por otro, tras meses de gobierno inestable y con cuestionamientos de salud mental.
Iturbide entregó el proyecto completo: independencia, bandera tricolor y un país organizado. Cuando las Cortes españolas rechazaron el Tratado de Córdoba y el Congreso lo proclamó emperador, aceptó el único sistema político que los mexicanos conocían y entendían: la monarquía.
No fue capricho; fue coherencia con el Plan que él mismo proclamó. Padre de la patria es quien la consuma.
No quien la arenga ni quien la sufre: quien la concluye.
Maximiliano: el emperador que legisló para los de abajo
Maximiliano de Habsburgo llegó invitado por la Junta de Notables y respaldado por Francia.
Y sin embargo legisló para los mexicanos sin voz como pocos gobernantes de su siglo.
Creó en 1865 la Junta Protectora de las Clases Menesterosas ( antecedente histórico de los llamados “Programas del Bienestar”), promulgó ese año una ley del trabajo que prohibió los trabajos forzados y limitó el trabajo infantil, y en 1866 restituyó tierras a los pueblos originarios.
Mantuvo en lo esencial la Reforma, para desconcierto de los conservadores que lo trajeron, y fundó un museo público de historia natural, arqueología e historia, antecedente del Museo Nacional.
Juárez ganó la guerra; Maximiliano se adelantó a la República restaurada en la agenda social e indigenista.
Esa es la pieza que la historia oficial oculta. Una república que presume de justicia social debería agradecerle la primicia, no borrarlo.
Porfirio Díaz: la nación se hizo riel y telégrafo
Porfirio Díaz recibió un país sin caminos, sin crédito y sin paz, y entregó otro conectado.
Los ferrocarriles convirtieron unos cuantos cientos de kilómetros de vía en una red nacional; se modernizaron los puertos de Veracruz y Tampico; el Gran Canal del Desagüe, concluido en 1900, alivió a la capital de sus inundaciones; y con José Yves Limantour las finanzas alcanzaron el equilibrio.
Para la política pública ese es el criterio que importa: quién gobernó para dejar obra, crédito y continuidad.
Con ese criterio, fue mejor presidente que la mayoría de los que hoy tienen calle y busto. Que su régimen terminó cuestionado por un sujeto con visiones espiritistas, nadie lo niega; que su obra haya sido borrada de la conciencia cívica es una decisión ideológica, no histórica.
Del santuario a la política pública
Desmitificar no es invertir el bronce: es tirarlo a la fundición.
A Hidalgo lo veneramos, a Iturbide lo proscribimos, y con ese criterio educamos generaciones.
¿Qué política pública se sostiene sobre una historia donde todo lo anterior es infamia y todo lo actual redención?
La que reinventa cada sexenio como año cero: la Policía Federal, construida durante años, fue disuelta en 2019 para dar paso a la Guardia Nacional; los programas cambian de nombre; los expedientes se reinician.
Cada vez que un gobierno cambia el pasado para justificar el presente, ensaya la misma jugada: si lo anterior era ruina, cualquier resultado luce como milagro. Un Estado que desprecia su pasado no acumula capacidad institucional: la dilapida.
Por eso el virreinato, Iturbide, Maximiliano y Díaz merecen su lugar en el santuario cívico: porque estudiarlos obliga a medir gobiernos por lo que construyeron, no por el bando al que pertenecieron.
Concluyendo y repensando
La política pública no puede construirse desde la ideología, la nostalgia ni la demonización selectiva del pasado, sino desde evidencia, resultados y capacidad institucional acumulada.
La historia, cuando se convierte en catecismo político, deja de explicar y comienza a justificar.
Reeditarla para fabricar héroes y villanos contemporáneos confunde a la sociedad, empobrece el debate y convierte la memoria en instrumento de propaganda.
Un Estado serio no necesita borrar gobiernos, personajes o instituciones para legitimarse: necesita evaluar qué funcionó, qué fracasó y por qué.
Sólo así la experiencia histórica deja de producir mitos y comienza a producir conocimiento útil para gobernar.
