Rodrigo Chaves y su sombra electoral

Los delitos que marcaron su llegada al poder

Un informe especial de La Nación revela los delitos electorales que rodearon la campaña del 2022 de Rodrigo Chaves. ¿Cómo afecta esto su futuro político?

Levantamiento del secreto bancario y tributario revela cómo el presidente y su círculo operaron dos estructuras paralelas para financiar su campaña al margen de la ley. ¿Corrupción? ¿Mentiras? Nada nuevo en Zapote.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha destapado una cloaca que el presidente Rodrigo Chaves y su séquito intentaron mantener cerrada a toda costa. Un informe revela que la campaña del 2022 se financió con dinero captado a través de dos estructuras paralelas que operaron fuera de la ley, un esquema digno de manual para evadir controles y disfrazar los aportes ilegales.

El levantamiento del secreto bancario y tributario permitió comprobar que la sociedad ATA Trust Company manejó el fideicomiso Costa Rica Próspera, mediante el cual se captaron al menos ¢112 millones para financiar la campaña presidencial de Chaves. Pero eso no es todo: otra red de financiamiento operó a través de las cuentas de Sofía Agüero, asistente del entonces candidato y, casualmente, hija del diputado oficialista Waldo Agüero, donde se movieron ¢136 millones adicionales para gastos proselitistas.

Entre los gastos financiados con estos fondos clandestinos se incluyen:

✅ Pago de alquiler de la casa de campaña de Chaves.
✅ Facturas de agua, luz e internet del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
✅ Salarios y liquidaciones del personal de campaña.
✅ Pauta electoral en televisión y redes sociales.
✅ Eventos políticos, incluyendo un almuerzo en el Club Unión donde Chaves pedía “colaboraciones” de $1.500 por cabeza.

Pero lo que termina de hundir al gobierno es la lista de donantes: Jack Loeb Casanova, un banquero de Prival Bank, aparece como el mayor aportante con ¢69,5 millones en la estructura del fideicomiso y otros ¢136 millones en las cuentas de Sofía Agüero. Loeb y Chaves compartieron un gusto especial por manejar fondos de manera opaca, sin declarar, y al margen de cualquier transparencia electoral.

La participación de los altos jerarcas del gobierno

El informe del TSE no se anda con rodeos y señala a tres figuras clave del actual gobierno como responsables directos de estos delitos electorales:

🔴 Rodrigo Chaves: Se le acusa de promover la captación ilegal de fondos y beneficiarse de estructuras paralelas para financiar su campaña.

🔴 Stephan Brunner (Vicepresidente): Como tesorero del partido, ocultó la existencia del fideicomiso y permitió que el dinero contaminado fluyera sin control.

🔴 Arnoldo André (Canciller): Participó activamente en la administración de los fondos y, además, donó dinero de forma ilegal.

El TSE advierte que estos hechos podrían implicar penas de hasta seis años de prisión por violaciones al Código Electoral, lo que pone a Chaves y su círculo cercano en la mira de la justicia.

¿Y ahora qué?

Con un expediente judicial ya en manos de la Fiscalía General (N.° 22-000116-1218-PE), la gran pregunta es: ¿se atreverá el Ministerio Público a llevar ante los tribunales a un presidente en funciones? ¿O veremos el clásico “aquí no ha pasado nada” al mejor estilo de las mafias políticas?

Lo cierto es que el relato de Chaves como el gran justiciero anticorrupción se desmorona más rápido que sus promesas de campaña. La realidad es otra: un gobierno marcado por la mentira, el abuso de poder y el financiamiento ilegal.

Mientras el país sigue enfrentando crisis económicas y sociales, en Zapote siguen operando como una empresa privada donde los fondos entran por la puerta trasera y las responsabilidades se lavan con discursos populistas. Pero esta vez, el TSE les ha quitado la alfombra y dejado al descubierto toda la podredumbre.

La historia se repite, pero en Costa Rica todavía hay quienes no compran el cuento de la “nueva política“.

¿Será este el principio del fin para Chaves y su MADCHA?


 

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