El director del OIJ denuncia falta de recursos, abandono estatal y el desprecio de Chaves hacia la institución.
Un director con raíces humildes y compromiso con la seguridad
Este miércoles, en Al Medio Día con Este Paisano, el director del OIJ, Randall Zúñiga, conversó sobre la grave situación de la seguridad en Costa Rica. Originario de Puntarenas y formado en escuela y colegio públicos, Zúñiga relató su trayectoria desde sus estudios en la UCR y su ingreso al OIJ en 1998, hasta su designación como director en 2023. Su historia personal, marcada por esfuerzo y disciplina, refleja el compromiso que hoy mantiene con el país frente a la violencia desbordada.
Una criminalidad fuera de control
Zúñiga fue enfático: “Estamos en los peores tiempos de toda la historia en materia de seguridad.”
El país ya supera las 580 muertes violentas en 2025 y se ha normalizado la cifra de 900 homicidios anuales, cuando el objetivo debería ser reducirlos a menos de 600. Además, alertó que por cada asesinato hay 7 u 8 víctimas colaterales, como la niña que perdió su matriz tras recibir una bala perdida.
El director señaló la expansión de delitos como el “gota a gota” (usura de prestamistas ilegales), el cobro de protección a comercios y hasta el “peaje del hampa”, prácticas propias de mafias internacionales. La delincuencia juvenil también ha mutado: lo que antes eran hurtos menores hoy se traduce en jóvenes reclutados como gatilleros por el crimen organizado.
Zonas rojas y ausencia estatal
Entre las regiones más golpeadas, Zúñiga identificó el cantón central de Limón, Pococí, Quepos, Puntarenas y barrios del sur de San José. También advirtió sobre dos puntos críticos sin control estatal:
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Bahía Drake: principal punto de ingreso de droga sin presencia de guardacostas ni delegación del OIJ.
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La Cruz, Guanacaste: zona fronteriza clave para contrabando y narcotráfico, donde no se decomisa droga desde hace cinco años y la tasa de resolución de homicidios apenas llega al 20%, frente al 60% nacional.
El papel del gobierno de Chaves
El director del OIJ responsabilizó directamente al gobierno de Rodrigo Chaves por el deterioro de la seguridad. Denunció el abandono del control territorial, los recortes sociales y la negativa del Ejecutivo de asignar recursos, a pesar de que los diputados han aprobado partidas específicas.
Zúñiga recordó que el OIJ mantiene un déficit de más de 800 oficiales, pierde unos 120 agentes por año y su presupuesto tecnológico es de apenas $1.5 millones. Mientras tanto, el país gasta $360 millones en 5 años en un organismo internacional que solo ofrece créditos blandos: “Ese dinero bien podría salvar vidas fortaleciendo al OIJ”, criticó.
Operativos exitosos y limitaciones
Zúñiga resaltó la eficacia de las operaciones de presencia sostenida como la Operación Caribe en Limón, que redujo los asesinatos a cero durante tres semanas, y la intervención en los barrios del sur de San José. Sin embargo, admitió que sin recursos suficientes esas acciones son insostenibles.
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El OIJ ha desarticulado 12 grandes organizaciones criminales, como Peña Russell, Macho Coca, Curry, la Banda Tan, la H y Ojos Bellos, algunas con apoyo de la DEA. Aun así, el director advirtió que persisten al menos cuatro extraditables requeridos por Estados Unidos y que casos como el de Celso Gamboa podrían destapar alianzas de narcotraficantes con políticos costarricenses.
Críticas a la retórica presidencial
Randall Zúñiga deploró la postura de Chaves al minimizar la violencia:
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Sobre la frase “se matan entre ellos”: “Lo ideal es evitar que se maten. Hoy son narcos, mañana pueden ser diputados o ciudadanos que luchan contra el crimen.”
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Sobre llamar al OIJ “animales ponzoñosos”: “Más que abandonados, nos sentimos menospreciados. La historia juzgará al Ejecutivo.”
Para Zúñiga, estos ataques desde Zapote al Poder Judicial solo benefician al crimen organizado.
La verdadera solución: inversión social
El director del OIJ fue contundente: “No basta con cárceles, necesitamos educación e inversión social.”
Cuestionó propuestas absurdas del Ejecutivo, como cárceles de carpas, y advirtió que llenar nuevas prisiones sin atender la exclusión social solo alimentará el ciclo delictivo.
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