El expediente 24.719, una ley omnibus impulsada durante el gobierno de Rodrigo Chaves, modifica decenas de normas y trasladaría la Imprenta Nacional al Ministerio de la Presidencia. La reforma avanza en medio de un gobierno que prometió continuidad y reabre la pregunta sobre quién concentra realmente el poder en Costa Rica.
A primera vista, podría parecer una simple reorganización administrativa derivada del cierre del Ministerio de Gobernación. Pero al abrir el texto completo, revisar sus reformas y observar el contexto político en que sigue avanzando, aparece una discusión mucho más profunda. No se trata solo de mover instituciones de un despacho a otro, sino de entender qué implica esta ley omnibus, quién la impulsó, quién la continúa y por qué una institución tan sensible como la Imprenta Nacional terminaría en la órbita del ministerio que hoy dirige el propio Rodrigo Chaves.
El expediente 24.719, denominado oficialmente Cierre del Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica y reordenamiento de sus competencias desconcentradas, es mucho más amplio de lo que su título podría sugerir.
Radio Zurqui utiliza en esta investigación el término ley omnibus de manera descriptiva, no porque ese sea el nombre jurídico de la iniciativa, sino por la técnica legislativa empleada: un único proyecto reforma simultáneamente una larga sucesión de leyes con el propósito de redistribuir competencias que actualmente se encuentran relacionadas con el Ministerio de Gobernación.
Ese matiz importa. No estamos afirmando que cada reforma contenida en el expediente sea autónoma o ajena a su objetivo central. Muchas son modificaciones necesarias precisamente porque se pretende eliminar Gobernación. Pero tampoco estamos frente a una reforma de dos o tres artículos.
El texto actualizado publicado en el Alcance N.° 103 de La Gaceta del 5 de agosto de 2026 contiene reformas a numerosas leyes y había recibido 207 mociones vía artículo 137, de las cuales solamente una figuraba aprobada en el primer informe incorporado al documento. El propio texto oficial traslada Dinadeco a Mideplan, Migración y el Tribunal Administrativo Migratorio a Seguridad Pública y la Imprenta Nacional al Ministerio de la Presidencia.
Y es precisamente allí donde comienza la parte más delicada de esta historia.
La ley omnibus no nació con Laura Fernández presidenta
El expediente 24.719 no es una creación del actual cuatrienio.
Fue presentado por el Poder Ejecutivo el 25 de noviembre de 2024, cuando Rodrigo Chaves todavía era presidente constitucional de Costa Rica y Laura Fernández ocupaba el Ministerio de la Presidencia. Desde aquel momento, el proyecto establecía entre sus objetivos trasladar la Imprenta Nacional hacia esa cartera.
Por eso resulta insuficiente analizar lo que ocurre en 2026 como si estuviéramos frente a una iniciativa nueva.
Estamos ante la continuación de una reforma concebida durante el periodo constitucional de Chaves y que sigue avanzando bajo el gobierno de Laura Fernández.
Y esa continuidad no es una interpretación inventada por Radio Zurqui.
Fernández construyó su campaña alrededor de un denominado Plan de la Continuidad. Un estudio poselectoral del CIEP de la Universidad de Costa Rica concluyó que la continuidad del proyecto político de Chaves fue el principal motivo mencionado por un 23% de quienes explicaron su voto presidencial. Más de la mitad de los ministros y presidentes ejecutivos anunciados para el nuevo gobierno provenían, además, del cuatrienio anterior.
Pero existe un elemento todavía más evidente.
Rodrigo Chaves no se retiró de la estructura del Poder Ejecutivo cuando entregó la banda presidencial el 8 de mayo.
Laura Fernández lo nombró simultáneamente ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda, además de coordinador del sector económico.
Entonces aparece una coincidencia política imposible de ignorar:
el proyecto presentado durante la Presidencia de Rodrigo Chaves pretende trasladar la Imprenta Nacional al ministerio que hoy dirige el propio Rodrigo Chaves.
Eso es un hecho.
La Imprenta conservaría su desconcentración máxima
Aquí es donde resulta necesario separar una preocupación legítima de una exageración que podría debilitarla.
El texto actual del expediente no elimina la desconcentración máxima de la Imprenta Nacional.
Por el contrario, el artículo 3 propuesto establece que la Junta Administrativa continuaría siendo un órgano de desconcentración máxima, pero ya no del Ministerio de Gobernación y Policía, sino del Ministerio de la Presidencia.
Esto constituye una diferencia importante respecto de la versión original del proyecto, que sí había planteado reducir su desconcentración y eliminar la Junta Administrativa. Aquella propuesta generó cuestionamientos incluso de la Contraloría General de la República, cuya jerarca advirtió sobre el riesgo de colocar a la Imprenta bajo órdenes o instrucciones superiores si perdía su desconcentración máxima.
El texto fue cambiado. Pero que esa protección formal haya sobrevivido no convierte el traslado en políticamente irrelevante.
Lo que realmente cambia
Actualmente la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional ya posee desconcentración máxima y es presidida por el ministro de Gobernación o su representante.
Además, el Ministerio de Gobernación escoge, a partir de ternas, a los representantes del Ministerio de Cultura y de la Editorial Costa Rica. Es decir, sería incorrecto afirmar que el proyecto inventa por primera vez un mecanismo mediante el cual un ministro participa en la Junta o selecciona a sus demás integrantes. Ese mecanismo ya existe.
Lo que cambia es quién ocupa ese lugar.
El texto del expediente 24.719 dispone que la Junta sea presidida por el ministro de la Presidencia o su representante. Las ternas para los otros dos miembros serían enviadas también al Ministerio de la Presidencia para que este realice la escogencia.
Y el proyecto añade que el ministro de la Presidencia pondrá a disposición de la Junta el personal necesario dentro de sus posibilidades presupuestarias.
Hoy el ministro de la Presidencia se llama Rodrigo Chaves Robles.
Por tanto, el cuestionamiento serio no consiste en afirmar que Chaves recibiría mediante esta ley un inexistente botón con el que podría decidir arbitrariamente qué se publica en La Gaceta.
El texto no dice eso.
El reglamento vigente incluso establece que las publicaciones del Diario Oficial deben seguir el orden de solicitud y aparecer conforme a la programación establecida por la Dirección de la Imprenta.
La Gaceta no es una dependencia cualquiera
La Imprenta Nacional administra uno de los instrumentos fundamentales de la seguridad jurídica costarricense.
La Gaceta es el Diario Oficial del Estado. Allí se publican leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y múltiples actuaciones administrativas cuya publicidad puede resultar indispensable para producir efectos jurídicos.
El propio reglamento de publicaciones recuerda el principio constitucional de publicidad de las leyes y define la publicación oficial como el acto que otorga publicidad, autenticidad y acceso público a una norma o actuación.
Por eso importa dónde está ubicada institucionalmente la Imprenta.
No porque su traslado permita concluir automáticamente que alguien controlará ilegalmente las publicaciones, sino porque la arquitectura institucional también forma parte de los contrapesos democráticos.
Y en política, las garantías no se valoran únicamente pensando en lo que un funcionario promete hacer, sino también en lo que una estructura permitiría hacer bajo determinadas circunstancias.
¿Y las intervenciones de las comunicaciones?
Otro de los elementos que ha comenzado a circular alrededor del expediente es una reforma relacionada con el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones.
Aquí también hay que ser rigurosos.
La obligación de que la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia informe anualmente, en sesión privada, a varios jerarcas sobre la eficiencia, eficacia y resultados del Centro no está siendo creada por esta ley omnibus.
Ya existe en el artículo 14 de la Ley contra la Delincuencia Organizada desde 2009.
La legislación vigente ya contempla entre los receptores de ese informe a los ministros de Presidencia, Justicia, Seguridad Pública y Gobernación, además del Ministerio Público y el OIJ.
Por lo tanto, presentar esta disposición como una nueva puerta mediante la cual el gobierno de Laura Fernández o Rodrigo Chaves comenzaría a recibir información sobre intervenciones telefónicas sería incorrecto.
Tampoco el texto establece que los ministros tengan derecho a conocer investigaciones específicas, personas intervenidas o el contenido de escuchas judiciales.
Se puede discutir —y debe discutirse— el alcance de conceptos tan amplios como “resultados”, pero esa es una discusión distinta.
Esta investigación no necesita convertir una disposición preexistente en una novedad para demostrar que existen razones suficientes para examinar el expediente con lupa.
Yara Jiménez y la ley omnibus de Chaves
Yara Jiménez Fallas ocupa una posición clave dentro de la continuidad política que rodea a la ley omnibus de Chaves.
No porque ella sea formalmente la autora del expediente 24.719 —pues el proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo en 2024—, sino porque su presencia al frente de la Asamblea Legislativa refuerza la lectura política de continuidad que atraviesa toda esta historia.
Yara Jiménez no es una figura ajena a ese proceso. Antes de llegar al Congreso fue secretaria del Consejo de Gobierno durante la administración de Rodrigo Chaves, y hoy preside el Directorio Legislativo mientras una iniciativa nacida en aquel Ejecutivo continúa avanzando en la corriente parlamentaria. Ese dato, por sí solo, ya resulta políticamente significativo.
Por eso, el punto de fondo no consiste en atribuirle una autoría que no le corresponde en términos formales, sino en observar su lugar dentro de una estructura de poder mucho más amplia.
Si el proyecto nació bajo el gobierno de Chaves, si Laura Fernández llegó al poder prometiendo continuidad y si una exfuncionaria de ese mismo proyecto político preside ahora el Congreso mientras esta reforma sigue su curso, entonces la inquietud no desaparece: se vuelve más sólida.
Dicho de otro modo: Yara Jiménez no inventó el expediente 24.719, pero sí representa una de las piezas institucionales de la continuidad política bajo la cual ese expediente sigue avanzando.
Y esa continuidad —más que cualquier autoría individual— es precisamente una de las claves para entender por qué esta discusión no puede verse como un trámite legislativo cualquiera.
¿Cambió realmente el gobierno?
Llegamos entonces a la pregunta política de fondo.
Constitucionalmente, Laura Fernández es la presidenta de Costa Rica.
Fue elegida popularmente y es ella quien ejerce la Presidencia de la República. Rodrigo Chaves no fue reelegido presidente y sería jurídicamente falso afirmar lo contrario.
Pero la discusión política no termina allí.
Fernández ganó ofreciendo explícitamente continuidad. Buena parte del gabinete anterior permaneció en el “nuevo gobierno”. Chaves pasó directamente de la Presidencia a ocupar dos ministerios estratégicos y continúa formando parte del Poder Ejecutivo. Analistas consultados durante los primeros cien días de la “nueva” administración han señalado precisamente el continuismo como una de sus características visibles.
Por eso Radio Zurqui ha sostenido una tesis que hoy adquiere todavía mayor relevancia:
Costa Rica tuvo un cambio constitucional de presidente, pero eso no significa necesariamente que haya ocurrido un cambio del centro político de poder.
Puede hablarse, en términos de análisis político y nunca constitucional, de una suerte de reelección de facto del proyecto de Rodrigo Chaves.
No se reeligió jurídicamente la persona.
Se prolongaron liderazgo, funcionarios, prioridades y proyectos.
Y pocas imágenes retratan mejor esa continuidad que esta:
Rodrigo Chaves presenta desde la Presidencia un proyecto para trasladar la Imprenta Nacional al Ministerio de la Presidencia.
Dos años después deja constitucionalmente la Presidencia.
Y termina convertido en ministro de la Presidencia del gobierno que continúa tramitando aquel proyecto.
Indonesia: un antecedente que merece memoria
Hay además un antecedente internacional que Radio Zurqui viene documentando desde 2024.
Rodrigo Chaves fue director país del Banco Mundial en Indonesia desde 2013 y todavía ocupaba formalmente ese puesto el 30 de octubre de 2019, cuando fue anunciado como futuro ministro de Hacienda de Costa Rica. Durante aquellos años el Banco Mundial promovió reformas orientadas a mejorar competitividad, inversión, eficiencia estatal y clima de negocios en Indonesia.
Aquí también resulta indispensable precisar la cronología.
El gobierno del presidente indonesio Joko Widodo comenzó a impulsar públicamente su proyecto de ley omnibus hacia el final de 2019. La iniciativa legislativa de creación de empleo llegó posteriormente al Parlamento y fue aprobada en octubre de 2020.
No existe evidencia documental suficiente para afirmar que Rodrigo Chaves diseñó personalmente la ley omnibus de Indonesia.
Radio Zurquí no necesita afirmar algo que los documentos disponibles no demuestran.
Lo comprobable es que Chaves dirigió durante seis años la oficina del Banco Mundial en Indonesia en un periodo en que el organismo respaldaba reformas de competitividad, inversión y simplificación regulatoria; y que, después de su salida, el propio Banco Mundial respaldó públicamente la ley omnibus aprobada por Indonesia, calificándola como una importante reforma para mejorar competitividad y atraer inversión.
La experiencia indonesia tampoco puede trasladarse mecánicamente a Costa Rica.
Son países, ordenamientos jurídicos, dimensiones legislativas y circunstancias políticas diferentes.
Pero sirve como advertencia histórica acerca de lo que puede ocurrir cuando decenas de modificaciones legales son concentradas dentro de enormes paquetes legislativos.
La ley ómnibus en Indonesia modificó más de 70 leyes. Human Rights Watch denunció afectaciones a derechos laborales y protecciones ambientales, mientras las calles fueron escenario de protestas multitudinarias.
Y en noviembre de 2021 ocurrió algo todavía más relevante: la Corte Constitucional de Indonesia declaró que el proceso de formación de aquella legislación presentaba defectos formales y la consideró inconstitucional de manera condicionada, dando un plazo de dos años para corregirla. Entre los problemas examinados estuvieron precisamente el procedimiento empleado y la participación pública en la construcción de una reforma gigantesca.
Eso no demuestra que Costa Rica esté repitiendo Indonesia.
Pero sí demuestra por qué una ley omnibus debe ser examinada artículo por artículo y no aceptada únicamente bajo el argumento genérico de “modernizar el Estado”.
Un proyecto antiguo dentro de un poder que continúa
El expediente 24.719 todavía no es una ley vigente.
Es un proyecto en trámite legislativo. El texto publicado en agosto corresponde a una versión actualizada con el primer informe de mociones vía artículo 137.
Tampoco puede afirmarse, con base únicamente en el articulado conocido, que Rodrigo Chaves tendrá facultad legal para censurar La Gaceta, retrasar a voluntad una publicación o conocer investigaciones judiciales secretas.
Radio Zurquí no hará esas afirmaciones porque los documentos no las sostienen.
Pero los documentos sí permiten afirmar algo suficientemente serio:
un proyecto presentado durante el gobierno de Rodrigo Chaves pretende trasladar la Imprenta Nacional al Ministerio de la Presidencia; el gobierno que sucedió a Chaves se presentó electoralmente como la continuidad de su proyecto; y Chaves ocupa actualmente el ministerio que recibiría a la Imprenta.
Esos hechos no desaparecen porque el proyecto conserve en el papel la desconcentración máxima.
Las instituciones democráticas no se protegen únicamente preguntando si una reforma es formalmente legal.
También deben hacerse otras preguntas:
¿Quién concentra las competencias?
¿Quién preside los órganos?
¿Quién nombra?
¿Quién dispone los recursos?
¿Quién impulsó originalmente el cambio?
¿Y dentro de qué proyecto político se está produciendo?
Porque quizás la pregunta más importante detrás de esta ley omnibus no sea únicamente qué ocurrirá con el Ministerio de Gobernación.
Quizás sea otra:
