El proyecto de Ley de Alianzas Público-Privadas conserva observaciones sensibles de la Contraloría, pese a que incorporó ajustes técnicos en contratación, tarifas y estudios de valor por dinero.
Aunque el texto actualizado atendió algunas recomendaciones de la Contraloría General de la República, el proyecto de Ley de Alianzas Público-Privadas mantiene puntos de fondo que siguen bajo observación. La propuesta, tramitada como una ley marco para regular alianzas entre el sector público y privado en infraestructura y servicios públicos, conserva cuestionamientos sobre transparencia, financiamiento, contratación pública, confidencialidad e iniciativas privadas.
Cambios incorporados y puntos pendientes en Ley de Alianzas Publico Privadas
Entre los ajustes realizados está la corrección del término “licitación pública”, que ya no existe en la legislación actual, por “licitación mayor”. También se incorporó la exigencia de estudios de “valor por el dinero”, con el fin de acreditar que una alianza público-privada sea conveniente para el interés público.
Además, el texto ajustó el régimen tarifario para indicar que estará supeditado a la aprobación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, cuyo criterio será vinculante.
Sin embargo, la Ley de Alianzas Público-Privadas mantiene asuntos sensibles advertidos por la Contraloría. Uno de ellos es la derogatoria total de la Ley N.º 7762, Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos. La CGR había recomendado no eliminarla directamente, sino modificarla, debido a que contiene detalles técnicos que una ley marco no necesariamente sustituye.
Contraloría señaló riesgos en contratación y transparencia
Otro punto pendiente es la obligación absoluta de constituir una Sociedad de Propósito Específico. La Contraloría sugirió que esa decisión dependiera del análisis de cada proyecto, su estructura, inversión y riesgos, pero el proyecto mantiene esa obligación general.
La Ley de Alianzas también conserva atribuciones especiales para la ANAPP en materia de contratación, incluyendo umbrales del régimen diferenciado y facultades asociadas a procedimientos especiales. La Contraloría había advertido que crear reglas particulares podría debilitar la claridad del sistema de contratación pública.
En materia de iniciativas privadas, el proyecto mantiene la confidencialidad hasta la licitación, pese a que el órgano contralor señaló que esta debería ser la excepción y no la regla. También queda pendiente una definición más precisa del “premio” que recibiría el proponente privado, pues el texto deja ese aspecto al reglamento.
Financiamiento de la ANAPP mantiene cuestionamientos
La Ley de Alianzas Público-Privadas conserva además como fuente de financiamiento para la ANAPP un 2% del impuesto a la propiedad de vehículos, embarcaciones y aeronaves. La Contraloría había advertido sobre la pertinencia de crear nuevos destinos específicos, por sus efectos en la gestión fiscal.
La CGR no rechaza la necesidad de una regulación general para alianzas público-privadas. Sin embargo, su criterio deja claro que el proyecto mantiene aspectos sensibles para la transparencia, la competencia, la seguridad jurídica y el uso de recursos públicos.
