La Contraloría General de la República concluyó que los estados financieros consolidados del Gobierno correspondientes a 2025 no presentan razonablemente la situación financiera del país. El órgano fiscalizador detectó incorrecciones materiales y generalizadas, inconsistencias multimillonarias, diferencias sin conciliar y problemas en el registro de bienes, ingresos y obligaciones del Estado.
Los estados financieros del Gobierno de la República recibieron uno de los pronunciamientos más severos que puede emitir una auditoría: una opinión adversa de la Contraloría General de la República (CGR).
Después de auditar los estados financieros consolidados correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2025, la Contraloría concluyó que estos no presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Gobierno, ni su desempeño financiero, los cambios en el patrimonio o los flujos de efectivo.
La CGR sostiene que las incorrecciones encontradas son de tal importancia, magnitud y generalización que justifican la emisión de una opinión adversa.
No se trata, por tanto, de una simple observación administrativa o de diferencias menores en la forma de llevar la contabilidad pública.
El dictamen pone bajo cuestionamiento la confiabilidad de una parte fundamental de la información con la que el país pretende conocer cuál es realmente la situación de sus finanzas públicas.
Estados financieros presentan inconsistencias por ₡6,9 billones
Uno de los hallazgos más contundentes aparece en el proceso utilizado para consolidar las cuentas de las diferentes instituciones que conforman el Gobierno.
La Dirección General de Contabilidad Nacional no realizó ni documentó integralmente el análisis necesario para determinar todas las entidades que debían formar parte de los estados financieros consolidados.
Además, cuatro entidades fueron excluidas debido a incumplimientos en la presentación de información o por errores e inconsistencias en sus respectivos estados financieros. La Contraloría también señala incertidumbre respecto al tratamiento de diferentes fideicomisos públicos.
Pero el dato de mayor impacto aparece al analizar las transacciones entre entidades.
La CGR determinó que durante 2025 existieron eliminaciones incompletas, incorrectas u omitidas de transacciones y saldos recíprocos, generando inconsistencias cuantificadas en: ₡6.909.439 millones
Según la Contraloría, esas deficiencias generan riesgos de doble reconocimiento u omisión de activos, pasivos, ingresos y gastos, produciendo un efecto material y generalizado sobre la razonabilidad de los estados financieros.
Esto no significa que hayan desaparecido ₡6,9 billones ni que la CGR esté denunciando el robo de esa cantidad.
Significa que existen inconsistencias contables por ese monto en el proceso de consolidación, una diferencia fundamental que debe mantenerse clara al interpretar el informe.
Una diferencia de ₡3,2 billones con la CCSS
La deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social es otro de los puntos críticos.
La Contraloría encontró una diferencia no conciliada de ₡3.233.213 millones, aproximadamente ₡3,2 billones, entre los registros de las instituciones.
La CCSS reportaba cuentas por cobrar por ₡4.645.669 millones, con información cortada al 31 de mayo de 2025.
Mientras tanto, al 31 de diciembre de ese mismo año el Poder Ejecutivo registraba obligaciones por ₡186.147 millones y FODESAF por ₡1.226.309 millones.
La conclusión de la CGR es contundente: al cierre de 2025 no se encontraba conciliado ni determinado el monto de las obligaciones del Estado con la CCSS.
FODESAF y Hacienda tampoco coinciden
Los problemas de conciliación vuelven a aparecer al comparar las cuentas de FODESAF con las del Ministerio de Hacienda.
FODESAF registró ₡2.251.051 millones por cobrar, mientras el Poder Ejecutivo registraba una cuenta por pagar por solamente ₡965.790 millones.
La diferencia sin conciliar alcanza: ₡1.285.261 millones
La Contraloría señala además que durante la consolidación se eliminó incorrectamente la cuenta por pagar del Poder Ejecutivo y se terminó registrando una cuenta de FODESAF consigo mismo.
El procedimiento provocó una sobrevaloración del activo y el pasivo de FODESAF por ₡965.790 millones.
Miles de propiedades públicas con problemas de registro
Las dificultades de los estados financieros del Gobierno también alcanzan el patrimonio inmobiliario del Estado.
La CGR encontró al menos 3.518 inmuebles vinculados con centros educativos, incluidos terrenos y edificaciones, que no aparecen registrados en los sistemas SIGAF y SIBINET.
Además:
234 terrenos no están registrados contablemente, principalmente por falta de valoración, traspasos institucionales pendientes u omisiones.
Otros 72 terrenos, valorados en ₡25.767 millones, tampoco están incorporados contablemente.
Y al menos 1.492 terrenos pertenecientes al MOPT presentan problemas de identificación que impiden conciliarlos adecuadamente con el Registro Nacional y verificar su titularidad y posesión.
La Contraloría también encontró ₡95.425 millones registrados como inventarios que en realidad corresponden a bienes concesionados y no concesionados.
Entre ellos aparecen infraestructura relacionada con la Ruta 27, los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber Quirós y la Terminal de Contenedores de Moín.
₡5,7 billones en revaluaciones sin suficiente sustento técnico
Otro señalamiento afecta directamente la valoración de los activos públicos.
Los estados financieros mantienen ₡5.776.261 millones como revaluación de bienes, pero la CGR determinó que la metodología utilizada no reúne las condiciones necesarias para establecer de manera fiable su valor.
Durante 2025 tampoco se realizaron gestiones para corregir esa situación.
Por ello, la Contraloría afirma que no puede acreditarse que esos aproximadamente ₡5,7 billones en revaluaciones cumplan con los requisitos contables establecidos por las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.
Carreteras con valores sin actualizar desde 2015
La Red Vial Nacional tampoco escapa del informe.
La Contraloría encontró ₡880.368 millones correspondientes al valor en libros de carreteras cuyos datos no han sido actualizados en SIBINET desde 2015.
Por lo menos 23 carreteras tampoco aparecen registradas en ese sistema debido a la falta de costos y valoraciones financieras.
Entre ellas se encuentra incluso un tramo de la Ruta 39, Circunvalación Norte.
Problemas para determinar cuánto debe cobrar el Gobierno
Las cuentas por cobrar a corto plazo sumaban ₡3.362.408 millones al cierre de 2025.
Sin embargo, la Contraloría detectó omisiones, diferencias sin conciliar y problemas de reconocimiento y medición.
Por ejemplo, en las cuentas tributarias el Gobierno tenía registrados ₡521.669 millones por cobrar a contribuyentes, mientras la Dirección General de Tributación reportaba una cartera morosa de ₡659.344 millones.
La Administración no aportó información suficiente para explicar la diferencia entre ambas fuentes.
Ingresos subvalorados y otros reconocidos dos veces
El registro de los ingresos agrega otro problema.
De acuerdo con la auditoría, el Poder Ejecutivo reconoce determinados ingresos cuando recibe el dinero o cuando comienza el proceso administrativo de cobro, en lugar de registrarlos cuando nace el derecho de cobro.
Según la CGR, ese procedimiento subvalúa los ingresos correspondientes al período.
Pero simultáneamente ocurre el fenómeno contrario.
FODESAF registra determinadas contribuciones patronales utilizando el principio de devengo, mientras el Poder Ejecutivo vuelve a reconocer esos mismos ingresos al momento de la recaudación.
Resultado: duplicidad de ingresos en el proceso de consolidación.
Contraloría también advierte deterioro de los ingresos
El panorama descrito en los estados financieros se combina con las advertencias fiscales divulgadas por la Contraloría para 2026.
En el comunicado de prensa que acompaña los documentos, la CGR señala que la ejecución presupuestaria del primer semestre estuvo caracterizada por estancamiento de los ingresos corrientes, reducción del gasto social y aumento de la deuda del Gobierno.
Además, Hacienda realizó una estimación a la baja de la recaudación de impuestos para 2026 por ₡373.391 millones, equivalentes al 0,7% del PIB.
Con ese ajuste, la carga tributaria estimada para 2026 cae de 13,3% a 12,6% del PIB.
Para 2027, Hacienda estima una recaudación tributaria de ₡6,8 billones dentro de ingresos totales por ₡7,7 billones, llevando la carga tributaria proyectada a 12,3% del PIB, según el comunicado de la CGR.
Una contabilidad que debe permitir saber cuánto tiene y cuánto debe el Estado
La Dirección General de Contabilidad Nacional es responsable de preparar y presentar fielmente los estados financieros consolidados, así como de mantener controles que permitan garantizar la confiabilidad de la información financiera y presupuestaria.
También debe asegurar la correcta consolidación de las instituciones, la depuración de operaciones entre ellas y la aplicación uniforme de las políticas contables.
Por eso la discusión supera ampliamente una disputa técnica entre contadores.
Los estados financieros son precisamente el instrumento que debería permitir conocer cuánto posee el Estado, cuánto debe, cuánto tiene por cobrar, qué patrimonio administra, cuáles fueron sus ingresos y cuál es su verdadera situación financiera.
Y después de revisar las cuentas correspondientes a 2025, la Contraloría llegó a una conclusión inequívoca: esa información no presenta razonablemente la situación financiera consolidada del Gobierno.
