El Espionaje político en Costa Rica vuelve al centro del debate tras revelarse una carta que denuncia una estructura paralela en Casa Presidencial y coincide con reportes sobre uso de vehículos decomisados.
El espionaje político vuelve a encender alarmas tras la aparición de un documento interno en poder de Radio Zurqui que advierte sobre una presunta estructura paralela de inteligencia operando desde Casa Presidencial. La carta, atribuida a un funcionario vinculado a labores de seguridad, describe prácticas que, de confirmarse, podrían constituir graves violaciones al Estado de derecho.
Espionaje político en Costa Rica: lo que revela la carta
Según el documento, el denunciante asegura trabajar en Casa Presidencial, específicamente en el área de seguridad, donde —según afirma— desde hace más de un año opera una estructura paralela a los cuerpos oficiales como el Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
El objetivo de este grupo, de acuerdo con la carta, sería obtener información de personas consideradas adversas al gobierno, lo que refuerza las alertas sobre un posible esquema de espionaje político en Costa Rica fuera de los canales institucionales.
El documento describe que las labores asignadas a este grupo incluyen la realización de investigaciones dirigidas a:
Estas acciones, según el denunciante, no estarían vinculadas a investigaciones criminales, sino a criterios políticos, lo que podría configurar un uso indebido del aparato estatal en el contexto del espionaje político en Costa Rica.
Uso de vehículos decomisados bajo cuestionamiento
La carta también señala el uso de vehículos asignados a funciones de seguridad para realizar seguimientos, lo cual coincide con lo reportado por CRHoy sobre unidades decomisadas al narcotráfico que habrían sido utilizadas en operativos de inteligencia.
Este punto conecta directamente con el debate nacional sobre el uso de recursos públicos en el marco del espionaje político en Costa Rica, un tema que durante el gobierno de Chaves ha sido una constante y que en los últimos meses ha comenzado a salir del ámbito de las sospechas para instalarse en la discusión pública. Diversas voces han advertido sobre posibles prácticas de vigilancia irregular dirigidas a actores políticos y comunicadores.
En ese contexto, la diputada Johana Obando denunció haber sido objeto de seguimientos, mientras que la comunicadora Stella Chinchilla también aseguró estar siendo monitoreada. Ambas coincidieron en señalar que estas acciones podrían estar vinculadas a estructuras de inteligencia estatal, apuntando directamente a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) o a dependencias relacionadas.
Aunque estas denuncias aún no han sido plenamente esclarecidas, su coincidencia con el contenido de la carta introduce un elemento adicional de preocupación, al sugerir que no se trataría de hechos aislados, sino de un posible patrón de actuación que ahora comienza a ser documentado.
Señalamientos sobre cadena de mando
El documento hace referencia a un oficial identificado como Eduardo Guzmán, quien, según el denunciante, sería el encargado de emitir órdenes dentro de esta estructura. La carta lo vincula con un supuesto rol operativo dentro de estas acciones y lo identifica además con el alias “Inca 17”.
Fuentes que afirman conocer su trayectoria lo describen como una figura de peso dentro de los aparatos de inteligencia, señalándolo como un presunto operador con capacidad de ejecución dentro de estas estructuras. Este señalamiento abre una línea de investigación relevante sobre la posible existencia de mandos operativos fuera del marco institucional formal.
Testigos dispuestos a declarar
Uno de los elementos más sensibles del documento es la afirmación de que al menos dos funcionarios estarían dispuestos a brindar testimonio en caso de contar con garantías de protección.
Esto podría representar un punto de inflexión en eventuales investigaciones relacionadas con espionaje político en Costa Rica.
Un caso que escala en el debate nacional
La coincidencia entre este documento y los reportes publicados por CRHoy no solo posiciona el tema dentro del debate público, sino que eleva la presión sobre las autoridades para esclarecer si existe o no una estructura paralela de inteligencia en el país.
Mientras tanto, desde Casa Presidencial no se han emitido respuestas claras ante las acusaciones relacionadas con posibles seguimientos vinculados a estructuras de inteligencia como la DIS, lo que ha alimentado aún más las dudas en torno al manejo de estos señalamientos.
El silencio institucional, en un contexto donde se acumulan denuncias y coincidencias, comienza a ser interpretado por distintos sectores como un factor que agrava la preocupación pública sobre el uso de mecanismos de vigilancia en el marco del espionaje político en Costa Rica.
