Violencia récord, debilitamiento institucional y auge del crimen organizado.
En una comparecencia cargada de cifras, gráficas y advertencias, la expresidenta Laura Chinchilla presentó hoy ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa un panorama alarmante: Costa Rica se ha convertido en el segundo país más violento de Centroamérica y el séptimo de toda América Latina, según datos de la ONU y Insight Crime 2025.
El país pasó de 411 homicidios en 2013 a 907 en 2023, un aumento del 35% bajo el gobierno de Rodrigo Chaves, rompiendo récords históricos y consolidando el crimen organizado como el principal motor de la violencia. En 2010, apenas el 12% de los homicidios eran atribuibles a estas estructuras; hoy la cifra alcanza un 70%.
Víctimas colaterales y juventud atrapada
El impacto de esta crisis ya no se limita a enfrentamientos entre bandas. Las víctimas colaterales aumentaron un 1.200% entre 2019 y 2023, pasando de 4 a 52 personas inocentes asesinadas.
La realidad para la juventud es dramática:
- 60% de las víctimas de homicidio son varones jóvenes (15 a 29 años).
- 47% de la población penitenciaria tiene entre 18 y 34 años.
- 81% no terminó la secundaria.
- 146.000 jóvenes (20%) ni estudian ni trabajan, y la cifra crece trimestre a trimestre.
Miedo social y freno económico
El CIEP-UCR confirma que la inseguridad es el principal problema percibido por los costarricenses. El sector productivo también está en alerta:
- 70% de las empresas considera que el país es inseguro o muy inseguro.
- 51% dice que la inseguridad afecta su competitividad.
- 1 de cada 10 ha frenado planes de expansión por temor a la criminalidad.
El desmantelamiento del modelo de seguridad
Chinchilla recordó que la seguridad costarricense se sostenía en tres pilares: Estado de Derecho, prevención social y carácter civil de las fuerzas policiales. Hoy, según los datos expuestos, todos están debilitados.
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Open in new tab El aparato policial se encuentra atomizado, con falta de coordinación y procedimientos no estandarizados. Entre 2022 y 2025, el presupuesto para los ministerios de Seguridad y Justicia creció apenas un 9,8%, en contraste con el 67,9% que se asignó entre 2010 y 2014.
Además, el número de policías por cada 100.000 habitantes cayó a 283, muy por debajo del rango mínimo recomendado (350 a 400).
Instituciones clave debilitadas
Las cifras revelan un retroceso alarmante en la lucha contra el narcotráfico:
- La Policía de Control de Drogas (PCD) perdió recursos y su papel rector. Fue excluida del control de fronteras estratégicas como aeropuertos, pasos terrestres y puertos.
- El Servicio Nacional de Guardacostas está dirigido por un interino sin requisitos y con sedes clave desplazadas, además de retrasos en infraestructura.
- Los decomisos de cocaína se desplomaron tras 2022, a pesar de que el comercio global de esta droga sigue en aumento.
El señalamiento directo a Chaves
Chinchilla fue categórica:
“La crisis de seguridad de hoy es real y el principal responsable es el actual gobierno de la República.”
Acusó a la administración Chaves de ausencia de visión, estrategia y liderazgo, lo que ha derivado en un fortalecimiento de los mercados ilegales, pérdida de control territorial, riesgo económico y debilitamiento institucional.
Advertencia final
La exmandataria llamó a evitar que los grupos criminales consoliden su poder en Costa Rica y que la imagen del país como territorio seguro desaparezca de la percepción internacional.
“Lo nuestro ha sido siempre la paz ciudadana, no la violencia, no la criminalidad.”
