Con la agenda en manos de los diputados, se fortalecen las leyes contra el crimen, mientras el Poder Ejecutivo permanece al margen.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica, bajo la firme dirección del presidente legislativo Rodrigo Arias, ha logrado avances significativos en materia de seguridad, demostrando que cuando el Poder Ejecutivo no interfiere, se pueden tomar decisiones cruciales para el bienestar del país.
En las últimas semanas, los diputados han gestionado con éxito una serie de reformas y asignaciones de recursos que buscan fortalecer la lucha contra el crimen organizado y mejorar la justicia penal en el país.
Desde que el Poder Ejecutivo perdió el control de la agenda legislativa, la Asamblea ha logrado impulsar tres medidas clave:
- Fortalecimiento del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD): Se asignaron recursos adicionales al ICD para intensificar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, un paso crucial en la batalla contra las redes criminales que amenazan la seguridad nacional.
- Reformas al Código Penal: Se endurecieron las sanciones para quienes utilizan armas falsas o simuladas en la comisión de delitos, equiparando su uso al de armas reales. Esta medida refuerza la capacidad de respuesta del sistema judicial ante la creciente sofisticación de la criminalidad.
- Mejoras en la Justicia para Delitos Sexuales: Se implementó la obligatoriedad del anticipo jurisdiccional de prueba en casos de delitos sexuales, lo que permitirá acelerar los procesos judiciales y reducir los niveles de impunidad que han aquejado a las víctimas.
El liderazgo de Rodrigo Arias ha sido clave en este avance, demostrando que cuando los diputados tienen la libertad de gestionar su agenda, se pueden alcanzar logros significativos para la seguridad del país.
Es necesario recordar que, durante las sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo controla la agenda legislativa. No obstante, hasta la fecha, ha mostrado una alarmante incapacidad para presentar proyectos efectivos que beneficien a la ciudadanía y combatan de manera contundente la criminalidad. Frente a esta inacción, el Legislativo se ha posicionado como el verdadero defensor de la seguridad y la justicia en Costa Rica.
