Cinco periodistas colombianas que han dado visibilidad a denuncias de acoso y violencia sexual dentro de la industria de medios enfrentan amenazas de muerte, ataques misóginos e intimidaciones. Reporteros Sin Fronteras pide una actuación urgente de las autoridades.
La violencia digital contra periodistas vuelve a encender las alarmas en Colombia. Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció este 14 de agosto que cinco comunicadoras vinculadas con iniciativas que investigan y visibilizan testimonios sobre acoso sexual y abuso de poder en medios de comunicación han sufrido amenazas e intimidaciones.
Las periodistas identificadas son Mónica Rodríguez, Juanita Gómez, Catalina Botero, Paula Bolívar y Laura Palomino. De acuerdo con RSF, los ataques documentados ocurrieron al menos entre el 30 de julio y el 9 de agosto y fueron dirigidos también, en algunos casos, contra familiares de las comunicadoras.
Miles de ataques y cientos de amenazas
Un análisis forense encargado por el colectivo Yo Te Creo Colega y compartido con RSF estudió unas 26.000 menciones provenientes de 10.060 cuentas entre el 28 de julio y el 9 de agosto.
Dentro de ese universo fueron identificadas 248 publicaciones con amenazas explícitas o incitación a la violencia, además de 1.543 mensajes que contenían insultos sexistas, según los datos divulgados por la organización internacional.
Algunas de las periodistas denunciaron además intentos de acceso a sus redes sociales, correos electrónicos e incluso cuentas bancarias. Paula Bolívar afirmó haber recibido llamadas intimidatorias realizadas por personas cuya identidad no ha sido establecida.
Denuncias de violencia sexual dentro de los medios
El episodio ocurre en medio de una creciente discusión sobre el acoso sexual y laboral dentro del periodismo colombiano.
Yo Te Creo Colega, iniciativa creada por periodistas para documentar este tipo de casos, asegura haber recopilado más de 300 testimonios de mujeres periodistas y estudiantes de periodismo en prácticas, muchos de ellos bajo confidencialidad.
RSF señala que los ataques contra las comunicadoras aumentaron después del 30 de julio, cuando Yo Te Creo Colega y el medio independiente Brava News difundieron testimonios de mujeres que denunciaron presuntos hechos de acoso y abuso sexual atribuidos al periodista y presentador de Testigo Directo, Rafael Poveda. Las acusaciones corresponden a testimonios y denuncias divulgados por esos medios y no implican, por sí mismas, una determinación judicial de responsabilidad.
El hostigamiento ya tendría consecuencias directas sobre el ejercicio profesional.
Mónica Rodríguez restringió varias de sus actividades y espacios digitales; contra Juanita Gómez circularon llamados para que fuera despedida, mientras Laura Palomino recibió mensajes que, según RSF, combinaban ataques misóginos, racistas y xenófobos.
El 1 de agosto, Palomino presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación relacionada con las amenazas y señaló dentro del expediente a las cinco periodistas afectadas y a otra mujer que había brindado un testimonio al colectivo.
RSF exige protección e investigación
Para Reporteros Sin Fronteras, el problema supera el ámbito de las redes sociales porque las intimidaciones están afectando la capacidad de las periodistas para continuar realizando su trabajo.
La organización pidió a las autoridades colombianas garantizar su protección y reclamó a la Fiscalía investigar los ataques, determinar quiénes están detrás de ellos y llevar a los responsables ante la justicia.
La Defensoría del Pueblo de Colombia también solicitó que la Fiscalía aplique la Resolución 00119 de 2026, que contempla directrices para investigar amenazas y agresiones contra periodistas. RSF informó que coordina apoyo para las comunicadoras junto con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la propia Defensoría.
El contexto va más allá de estos cinco casos. RSF recuerda que inspecciones del Ministerio del Trabajo divulgadas en mayo documentaron 200 casos de acoso laboral en seis medios colombianos, de los cuales 58 correspondían a acoso sexual.
Las amenazas contra quienes investigan o difunden denuncias de violencia sexual plantean así un doble problema: la protección de las mujeres dentro de las redacciones y el derecho de las periodistas a investigar sin que hacerlo las convierta en blanco de intimidación.
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