La derecha latinoamericana promete seguridad, crecimiento económico y mano dura; pero detrás de su avance regional aparecen pobreza, deuda, corrupción y una peligrosa concentración de poder.
América Latina vive un reacomodo político de fondo. Desde Argentina hasta El Salvador, pasando por Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Honduras, Bolivia y Costa Rica, distintos líderes conservadores, libertarios, populistas o de mano dura han llegado al poder —o están a punto de asumirlo— prometiendo orden, seguridad, crecimiento económico y “combate frontal” contra la corrupción.
Pero esa postal de avance político no cuenta toda la historia. La derecha latinoamericana llega con promesas de orden, eficiencia y seguridad, pero muchos de sus gobiernos enfrentan pobreza persistente, endeudamiento, crisis fiscales, denuncias por corrupción, erosión de contrapesos democráticos y una creciente alineación con Donald Trump como referente político continental.
Bajo el discurso de mercado, cárceles gigantes, guerra contra el crimen, reducción del Estado y enemigos internos, la realidad regional muestra un mapa mucho más incómodo: países endeudados, instituciones presionadas, promesas incumplidas y sociedades que siguen pagando el costo de la crisis.
El triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia confirma el avance de la derecha latinoamericana, que se suma a gobiernos o liderazgos conservadores en Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá y Costa Rica. Pero ese avance no nació por generación espontánea: creció sobre el hartazgo ciudadano ante la inseguridad, la corrupción, el bajo crecimiento económico y el derrumbe de confianza en los partidos tradicionales.
Argentina: Milei entre recuperación económica, deuda y escándalo cripto
Javier Milei es uno de los rostros más visibles de la derecha latinoamericana. Su gobierno exhibe datos que usa como bandera: crecimiento económico, baja de la inflación y una reducción oficial de la pobreza. Pero una cosa son los números del poder y otra muy distinta es la vida cotidiana del pueblo argentino.
El INDEC reportó que la pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025, una cifra celebrada por el gobierno como prueba del éxito del ajuste. Sin embargo, esa estadística no borra el deterioro social que se vive en las calles, en los hogares, en los comedores y en los bolsillos de quienes ya no llegan a fin de mes. Incluso con esa mejora oficial, el 41,3% de los menores de 14 años seguía viviendo en pobreza, según datos citados por El País a partir del informe oficial.
La Argentina de Milei también muestra una postal dolorosa: el consumo de carne vacuna, símbolo histórico de la mesa argentina, cayó a niveles mínimos de las últimas dos décadas. CICCRA ubicó el consumo per cápita móvil en 47,3 kilos anuales a marzo de 2026, mientras distintos reportes periodísticos dieron cuenta de la polémica por la venta y consumo de carne de burro como alternativa en medio de la crisis de precios y poder adquisitivo.
El ajuste tampoco se quedó en los hogares civiles. En junio de 2026, el gobierno habilitó a integrantes de las Fuerzas Armadas a realizar segundos trabajos como choferes de aplicaciones, repartidores o guardias de seguridad privada para complementar ingresos. La medida fue presentada como una autorización administrativa, pero políticamente dejó una imagen brutal: militares de un Estado que prometió orden obligados a buscar changas para sostener su salario.
A la vez, Argentina sigue enfrentando una pared de deuda. El país deberá hacer frente a más de 32.000 millones de dólares en obligaciones externas en 2027 si se incluyen intereses, mientras el FMI considera la deuda sostenible pero con “riesgos excepcionales”.
Por eso, el caso argentino no puede contarse solo desde el Excel oficial. Milei puede mostrar indicadores macroeconómicos más ordenados, pero el país real muestra otra cosa: carne cada vez más lejos de la mesa, jubilados golpeados, salarios que obligan a buscar segundos empleos, deuda pesada y una desigualdad que convierte la promesa libertaria en una pregunta incómoda para toda la derecha latinoamericana: ¿De qué sirve ordenar las cuentas si el pueblo queda desordenado por dentro?
El Salvador: Bukele, seguridad a costa de democracia
Nayib Bukele es el modelo que muchos sectores de la derecha latinoamericana quieren copiar: cárceles masivas, régimen de excepción, estética de poder, control del relato y popularidad sostenida por la caída de los homicidios.
Pero el costo institucional es enorme. Bukele ya se registró para buscar la nominación de su partido a un tercer mandato presidencial en 2027, después de una reforma constitucional impulsada por sus aliados que permite la reelección indefinida.
Human Rights Watch advierte que el gobierno salvadoreño ha seguido eliminando contrapesos al poder Ejecutivo y aumentando la represión contra defensores de derechos humanos y críticos. También recuerda que Bukele ganó un segundo mandato en 2024 pese a que la Constitución prohibía la reelección inmediata.
En derechos humanos, AP reportó más de 91.000 arrestos bajo el régimen de excepción, más de 6.000 quejas por abusos y al menos 500 muertes bajo custodia.
En deuda, el Banco Mundial informó que la deuda pública de El Salvador alcanzó un pico de 88,9% del PIB en 2024.
Bukele vendió seguridad. Y una parte importante de la población se la reconoce. Pero el precio ha sido la normalización de un Estado donde el poder se concentra, los derechos se suspenden y la reelección indefinida empieza a presentarse como si fuera algo normal.
Ecuador: Noboa, violencia, deuda, militarización y bananos bajo sospecha
Daniel Noboa llegó con rostro joven, discurso empresarial y promesa de recuperar el control de Ecuador frente al crimen organizado. Dentro del mapa actual de la derecha latinoamericana, su caso representa una de las contradicciones más fuertes: promete seguridad, pero gobierna un país atravesado por narcotráfico, violencia, crisis fiscal y tensión social.
Ecuador registró en 2025 un aumento de 30% en los asesinatos respecto al año anterior, según datos del Ministerio del Interior. Ese mismo año, el país alcanzó una tasa de homicidios de 50 por cada 100.000 habitantes, en medio de una violencia vinculada a rutas del narcotráfico y disputas entre organizaciones criminales.
A esa crisis se suma un elemento políticamente explosivo: investigaciones periodísticas han documentado decomisos de cocaína en contenedores de banano asociados a Noboa Trading, empresa vinculada a la familia del presidente ecuatoriano.
OCCRP reportó que contenedores enviados por Noboa Trading Co. fueron usados por traficantes de los Balcanes para mover cocaína hacia Europa; la investigación también señaló que no hay prueba de que la administración de la empresa conociera el contrabando oculto en esos envíos.
Revista RAYA, con base en documentos policiales ecuatorianos, informó que cerca de 700 kilos de cocaína fueron incautados entre 2020 y 2022 en contenedores de Noboa Trading en el puerto de Guayaquil. La misma investigación reportó otro caso en Turquía, donde droga fue encontrada en cajas con el logo de Banana Bonita, marca asociada al holding empresarial de la familia Noboa.
InSight Crime, por su parte, advirtió que las acusaciones pueden estar politizadas, pero también plantean preguntas relevantes sobre el papel de grandes intereses empresariales en la crisis de seguridad ecuatoriana. Durante el debate presidencial, Noboa negó cualquier irregularidad personal y sostuvo que la empresa cooperó con las autoridades.
En lo económico, Noboa asumió su nuevo mandato prometiendo reducir homicidios y reactivar la economía, pero lo hizo en un país con déficit fiscal, caída de producción petrolera y deuda pública de 51,8% del PIB. El FMI, además, evaluó que la deuda ecuatoriana era sostenible, pero no con alta probabilidad, una advertencia que refleja la fragilidad fiscal del país.
Noboa muestra una de las grandes contradicciones de la derecha latinoamericana: promete orden y guerra contra el crimen, pero gobierna un país donde el narcotráfico no solo disputa calles y puertos, sino que también contamina exportaciones, empresas, instituciones y la confianza pública. En ese escenario, los decomisos en cargamentos bananeros vinculados al entorno empresarial de la familia presidencial no son un detalle menor: son una pregunta abierta sobre poder, negocios y seguridad nacional.
Colombia: De la Espriella, Trump, narcos, machismo y límite fiscal
Colombia giró a la derecha con Abelardo de la Espriella, un abogado conservador, mediático y respaldado por Donald Trump, que ganó la presidencia en una segunda vuelta estrecha. Dentro del mapa de la derecha latinoamericana, su caso es especialmente incómodo: se presenta como defensor del orden, pero su carrera pública ha estado marcada por clientes polémicos, ataques a periodistas, comentarios machistas y una retórica de choque.
De la Espriella no llegó a la política desde una carrera pública tradicional. Llegó desde los tribunales, los micrófonos y la defensa de personajes altamente cuestionados. El País lo ha descrito como un penalista que construyó parte de su notoriedad defendiendo a jefes paramilitares, a Alex Saab —señalado como testaferro de Nicolás Maduro— y a David Murcia Guzmán, figura central del escándalo de DMG. También recogió críticas de penalistas que cuestionan los límites éticos de su manera de ejercer el derecho.
Ese pasado pesa porque el nuevo presidente colombiano promete mano dura contra el crimen, pero arrastra una hoja de vida vinculada a la defensa de figuras asociadas al crimen organizado, la corrupción y estructuras de poder oscuro. La contradicción es evidente: una cosa es hablar de acabar con los criminales desde la tarima, y otra muy distinta es haber construido carrera defendiendo a algunos de los nombres más controversiales de Colombia y la región.
La relación con la prensa también enciende alarmas. La FLIP advirtió sobre un patrón de posible acoso judicial de De la Espriella contra periodistas: entre 2008 y 2019 interpuso 109 denuncias por injuria y calumnia, muchas archivadas o sin prosperar. El País también reportó que el candidato redobló su ofensiva contra comunicadores que investigaban su relación con Alex Saab, mientras La Silla Vacía documentó su estrategia judicial contra periodistas que han indagado su historial.
Su discurso conservador también ha sido golpeado por episodios de machismo. El País reportó que una jueza de Bogotá le ordenó disculparse públicamente y reconocer que las mujeres votan con inteligencia y criterio, después de declaraciones consideradas misóginas durante una transmisión. En otro episodio, el mismo medio informó que De la Espriella presumió de sus genitales como supuesto atractivo electoral y pidió a una periodista hacer zoom a una imagen, hecho que provocó críticas por acoso, vulgaridad y violencia simbólica.
A eso se suman comentarios homofóbicos dirigidos contra Juan Daniel Oviedo, condenados incluso por sectores de la propia derecha colombiana, según reportó El País. Es decir: De la Espriella intenta venderse como figura de autoridad, pero parte de su discurso se sostiene sobre provocación, desprecio, machismo y ataques personales.
También ha sido cuestionado por declaraciones sobre feminicidio. Diversos registros en redes y medios políticos colombianos le atribuyen haber presentado un asesinato de una mujer como un supuesto acto “por amor”, una frase duramente rechazada por sectores feministas por romantizar la violencia contra las mujeres.
Pero el problema colombiano no se limita al personaje. El nuevo gobierno tampoco recibirá un país sencillo. El Banco Mundial reportó que las cuentas fiscales de Colombia se deterioraron en 2025, con un déficit primario estimado de 2,6% del PIB y deuda pública de 66,5% del PIB. Además, el presidente electo busca refinanciar deuda pública en medio de un déficit fiscal de 6,4% del PIB en 2025 y una brecha de financiamiento de 39,6 billones de pesos para cumplir la meta fiscal de 2026.
La transición ya nació bajo tensión. De la Espriella suspendió el proceso de empalme tras acusar al gobierno de Gustavo Petro de intentar desconocer el resultado electoral, aunque observadores internacionales validaron la transparencia de la elección.
Colombia no solo eligió un gobierno de derecha. Eligió un gobierno que llega con Trump detrás, discurso de choque, historial judicial polémico, cuestionamientos por machismo, tensiones con la prensa y una realidad fiscal que puede convertir las promesas de campaña en una camisa de fuerza. En el tablero de la derecha latinoamericana, De la Espriella no representa solamente el giro conservador: representa también la pregunta sobre qué clase de “orden” puede ofrecer alguien rodeado de tantas sombras.
Perú: Keiko Fujimori y el peso del fujimorismo
Keiko Fujimori fue declarada ganadora de la elección presidencial peruana de 2026 por un margen mínimo: 50,135% frente a 49,865%. La victoria llegó tras semanas de protestas, denuncias de fraude y revisión de actas, en un país profundamente dividido.
Pero Keiko no llega al poder desde una página en blanco. En 2025, un juez anuló el juicio por lavado de dinero en su contra, en el que había sido acusada de recibir fondos ilegales de Odebrecht y empresas locales para campañas anteriores.
Su triunfo también reabre la discusión sobre el legado fujimorista: mano dura, orden, mercado y una profunda fractura social. Fujimori prometió convocar tecnócratas y enfrentar el crimen y la desigualdad, pero lo hará en un país fragmentado, con un Congreso difícil y una memoria histórica que sigue pesando.
En Perú, la derecha latinoamericana no solo enfrenta pobreza o inseguridad. También enfrenta memoria histórica. Y esa memoria tiene apellido: Fujimori.
Chile: Kast, recortes y promesas de orden
La derecha latinoamericana llegó a Chile con José Antonio Kast, quien asumió la presidencia en marzo de 2026 tras uno de los giros políticos más fuertes del país en décadas. Su gobierno llegó prometiendo seguridad, control migratorio, crecimiento económico y reducción del gasto público.
Kast presentó un paquete de reformas que incluye bajar el impuesto corporativo de 27% a 23% en cuatro años, reducir burocracia, estimular empleo formal y contener el gasto público.
Pero el ajuste ya empezó. El gobierno chileno ordenó recortes de gasto por casi 4.000 millones de dólares para estabilizar las finanzas públicas.
Chile es una advertencia para quienes creen que la derecha latinoamericana llega con una varita mágica. El discurso de orden puede ganar elecciones, pero gobernar implica decidir quién paga el ajuste, qué se recorta y qué derechos quedan bajo presión.
Paraguay: Peña, Cartes y la sombra colorada
Santiago Peña gobierna Paraguay bajo una contradicción evidente: estabilidad macroeconómica por un lado y una estructura política históricamente atravesada por el Partido Colorado y sus redes de poder.
Horacio Cartes, expresidente, líder del Partido Colorado y aliado político de Peña, fue sancionado por Estados Unidos en 2023 por señalamientos de corrupción. Aunque esas sanciones fueron levantadas en 2025, el antecedente sigue siendo clave para entender cómo una parte de la derecha latinoamericana convive con liderazgos tradicionales, poder económico concentrado e influencia partidaria acumulada durante décadas.
El caso paraguayo muestra otra cara de la derecha latinoamericana: no siempre aparece con motosierra, cárceles gigantes o discursos incendiarios. A veces gobierna desde estructuras silenciosas, partidos hegemónicos y pactos de poder que cambian de rostro, pero no necesariamente de prácticas.
Honduras: Asfura, pobreza, corrupción, Trump y el regreso de la sombra narco
Nasry Asfura ganó la presidencia de Honduras después de una elección disputada, estrecha y marcada por retrasos, denuncias de fraude y problemas técnicos. Dentro del mapa de la derecha latinoamericana, su caso es uno de los más claros para entender hasta dónde puede llegar la influencia de Donald Trump en una elección ajena.
La intervención de Trump no fue sutil. Respaldó públicamente a Asfura, lo presentó como su aliado en Honduras y llegó a amenazar con cortar la ayuda estadounidense si no ganaba. Tras semanas de retrasos y acusaciones cruzadas, Asfura fue declarado ganador con 40,3% frente al 39,5% de Salvador Nasralla.
Pero la sombra más pesada no fue solo electoral. Días antes de la votación, Trump anunció el indulto a Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño del mismo Partido Nacional de Asfura, quien había sido condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por conspirar para traficar más de 400 toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense. El Departamento de Justicia de EE.UU. afirmó que Hernández abusó de su poder para apoyar una de las mayores conspiraciones de narcotráfico del mundo.
La decisión provocó indignación porque Trump decía combatir el narcotráfico en la región, mientras liberaba a un exmandatario condenado precisamente por facilitar el paso de cocaína hacia Estados Unidos.
AP confirmó que Hernández fue liberado tras el perdón presidencial, y medios internacionales destacaron que el indulto coincidió con el momento más delicado de la elección hondureña.
A ese escenario se sumó el llamado Hondurasgate, una serie de audios filtrados que medios como El País y Drop Site News vincularon con una presunta red de desinformación e influencia política regional. Los audios señalan supuestos contactos y acuerdos entre figuras de la derecha continental, incluyendo menciones a Juan Orlando Hernández, Trump, Javier Milei y el entorno político hondureño.
Asfura tampoco llega limpio de cuestionamientos propios. Como exalcalde de Tegucigalpa, fue señalado en investigaciones por presunto desvío de fondos municipales; él ha negado irregularidades. Ese antecedente pesa en un país donde la corrupción, la pobreza, la migración forzada, la inseguridad y la captura institucional han golpeado durante años la confianza ciudadana.
Honduras no solo eligió un gobierno de derecha. Eligió un gobierno marcado desde su nacimiento por la injerencia de Trump, el indulto a un expresidente condenado por narcotráfico, denuncias de fraude, audios filtrados y una estructura política que carga el peso del viejo Partido Nacional. En el tablero de la derecha latinoamericana, Asfura representa una pregunta incómoda: ¿Es esto un proyecto de orden democrático o el regreso maquillado de las redes de poder que hundieron a Honduras en corrupción, pobreza y narcoestado?
Bolivia: Rodrigo Paz, emergencia y crisis económica
Bolivia aparece dentro del nuevo mapa regional de la derecha latinoamericana con Rodrigo Paz, aunque su ubicación ideológica no es idéntica a la de Milei, Bukele o Kast. Su gobierno, sin embargo, ha terminado asociado a ajuste, apoyo estadounidense, crisis social y medidas de emergencia.
El gobierno de Rodrigo Paz respondió con estado de emergencia a bloqueos que paralizaron la economía durante 50 días y dejaron al menos 14 muertos. El estallido social llegó tras la eliminación abrupta de subsidios al combustible, reformas económicas negociadas con el FMI y una escasez de dólares que golpeó directamente a la población.
Bolivia buscaba más de 9.000 millones de dólares en financiamiento multilateral para sostener su recuperación, una señal brutal del tamaño de la crisis económica que Rodrigo Paz heredó, administra y ahora intenta contener con ajuste, emergencia y presión social en las calles.
El caso de Bolivia recuerda que la derecha latinoamericana, cuando aplica ajuste sobre sociedades agotadas, no se mide solo en balances fiscales. También se mide en bloqueos, muertos, escasez, rabia y desconfianza.
Costa Rica: Laura Fernández, Rodrigo Chaves y el chavismo costarricense
Costa Rica no puede quedar fuera de este mapa. En el tablero de la derecha latinoamericana, el caso costarricense tiene una particularidad propia: aquí no hablamos solamente de un gobierno conservador o de mano dura, sino de la continuidad política de Rodrigo Chaves, con Laura Fernández y el Partido Pueblo Soberano, un proyecto que prometió orden mientras debilitaba controles, atacaba instituciones y convertía la desinformación en maquinaria política.
Desde que Chaves llegó al poder en 2022, Costa Rica vivió un deterioro acelerado en materia de seguridad. Los homicidios se dispararon hasta niveles históricos durante su administración, mientras el país pasó de verse a sí mismo como una democracia estable y segura a convivir con sicariato, crimen organizado, narcopolítica y miedo cotidiano. A eso se suma el debilitamiento de controles antidrogas en puntos sensibles y la discusión sobre escáneres, puertos y fronteras en un país cada vez más usado como ruta del narcotráfico internacional.
El golpe no fue solo contra la seguridad. También fue contra los contrapesos democráticos. Durante el chavismo costarricense se atacó al Poder Judicial, a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República, al Tribunal Supremo de Elecciones y a la prensa crítica. Costa Rica, que llegó a ocupar el puesto 8 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, cayó al puesto 38 según Reporteros Sin Fronteras. Esa caída no es un dato menor: retrata un país donde informar se volvió más difícil, más riesgoso y más incómodo para el poder.
Chaves tampoco salió limpio de su paso por Casa Presidencial. Enfrentó dos intentos de levantamiento de inmunidad por investigaciones vinculadas a presuntos actos de corrupción y financiamiento irregular. Esa es una de las claves para entender el nuevo gobierno: Laura Fernández no solo aparece como heredera política de Chaves, sino como la figura que le abrió espacio dentro del gabinete para que siguiera en el centro del poder y conservara protección política frente a sus causas pendientes.
Pero el problema no termina en Chaves. El Partido Pueblo Soberano llegó al poder rodeado de figuras profundamente cuestionadas. Mayuli Ortega, hoy diputada y presidenta del partido, fue vinculada a un proceso en México por falsificación documental, un caso documentado por Radio Zurqui. José Miguel Villalobos, diputado oficialista, ha sido señalado por su trayectoria como abogado de personas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. Marta Eugenia Esquivel figura como imputada en el caso Barrenador. Ana Ruth Esquivel aparece cuestionada por un proceso relacionado con su hijo, condenado a 14 años de prisión por violación de una persona menor de edad, y por señalamientos de un presunto intento de soborno a la víctima para evitar su testimonio.
Mientras el chavismo prometía una supuesta “economía jaguar”, el país real enfrenta otra cosa: intentos de gravar la canasta básica con IVA, recortes a ayudas sociales, reducción de inversión en vivienda y una política pública que castiga a los sectores más vulnerables mientras el gobierno intenta vender prosperidad en conferencias y cadenas de propaganda.
En Costa Rica, la derecha latinoamericana no llega solamente con discurso de seguridad. Llega con una estructura política que concentra poder, protege a sus figuras, golpea instituciones, explota el miedo al crimen y se sostiene sobre redes de desinformación organizadas en redes sociales. El chavismo costarricense no es una anécdota local: es una versión centroamericana del mismo fenómeno regional que promete orden, pero gobierna debilitando la democracia.
Por eso el caso costarricense es central en esta investigación. Porque muestra cómo una democracia puede deteriorarse no por un golpe militar, sino por la acumulación de ataques diarios: contra la prensa, contra los jueces, contra los órganos de control, contra la oposición, contra la verdad y contra cualquier ciudadano que se atreva a no repetir el libreto oficial.
Donald Trump: el padrino político de la derecha latinoamericana
Donald Trump no es un actor externo a esta historia. Es el eje simbólico, político y electoral de buena parte de esta nueva derecha latinoamericana: respalda candidatos, amenaza con castigos económicos, premia aliados y empuja una lectura continental donde América Latina vuelve a verse como patio trasero de Washington.
La llamada nueva Doctrina Monroe, rebautizada por algunos como “Doctrina Donroe”, resume esa visión: seguridad, narcotráfico, migración e influencia china como argumentos para reafirmar la primacía de Estados Unidos sobre la región. En ese marco se entiende el apoyo de Trump a figuras como De la Espriella en Colombia, Asfura en Honduras, Milei en Argentina, Noboa en Ecuador, Fujimori en Perú, Kast en Chile y Laura Fernández en Costa Rica.
Pero Trump tampoco gobierna desde una vitrina limpia. En su propio país carga una condena penal por 34 delitos graves en el caso de pagos para ocultar información durante la campaña de 2016; fue sentenciado a descarga incondicional, sin cárcel ni multa, pero conserva la condición de condenado penal. También fue hallado civilmente responsable de abuso sexual y difamación contra la escritora E. Jean Carroll, caso por el que un juez autorizó el pago de 5,8 millones de dólares tras el rechazo de su apelación por parte de la Corte Suprema. Además, enfrenta otro fallo civil millonario por difamación en favor de Carroll.
A eso se suma el caso de fraude civil en Nueva York, donde los tribunales mantuvieron hallazgos de fraude ligados a la sobrevaloración de activos, aunque una corte de apelaciones anuló la gigantesca multa por considerarla excesiva. Es decir: el hombre que la derecha latinoamericana presenta como símbolo de orden llega cargado de condenas, fallos civiles, acusaciones graves, conflictos de interés y una deuda pública estadounidense que sigue creciendo bajo su administración.
Por eso Trump no puede aparecer en esta historia como simple patrocinador ideológico. Es parte del problema. Su influencia sobre la región no representa solamente una alianza conservadora: representa una forma de poder que mezcla negocios, presión geopolítica, impunidad, espectáculo y castigo político contra quienes no se alinean.
