Oficialismo queda en evidencia al oponerse a una herramienta vital contra el crimen organizado.
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el expediente N°24.495, una reforma trascendental al artículo 193 del Código Procesal Penal que permitirá realizar allanamientos en cualquier hora y día, incluidos feriados y fines de semana. El proyecto, presentado por la diputada Montserrat Ruiz Guevara, marca un paso firme en la lucha contra el crimen organizado y la violencia que asfixia al país.
Esta reforma legal elimina la obsoleta restricción horaria —entre 6:00 a.m. y 6:00 p.m.— que, hasta ahora, limitaba la actuación judicial, dando ventaja a los grupos criminales para destruir evidencia y evadir la justicia. Ruiz, con respaldo técnico del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), construyó esta iniciativa como parte de una agenda de seguridad prioritaria consensuada entre los poderes Legislativo y Judicial.
“Si el crimen organizado no tiene horario, los allanamientos tampoco deben tenerlo”, expresó Ruiz con contundencia, al subrayar la necesidad de brindar herramientas ágiles y efectivas al Poder Judicial.
Pero no todos en el Plenario estuvieron a la altura del momento histórico. No es la primera vez que el gobierno de Rodrigo Chaves y su bancada muestran un patrón preocupante de oposición a proyectos que fortalecen al Poder Judicial. ¿Será por temor a un futuro allanamiento en Casa Presidencial? ¿O por los fantasmas que despierta el infame caso Barrenador?
El país merece respuestas. Mientras tanto, Montserrat Ruiz cumple con valentía su deber legislativo, dotando al Estado de herramientas eficaces para detener la ola de homicidios y violencia que azota a Costa Rica.
