A partir del caso del exfiscal César Jáuregui, Alberto Guerrero Baena examina el uso del delito de traición a la patria, sus raíces históricas y el riesgo de convertir una figura extrema del derecho penal en un instrumento de persecución política.
De Iturbide y Maximiliano a un exfiscal en Chihuahua, la historia y la coyuntura se cruzan en una pregunta incómoda: ¿Cuándo estamos frente a un verdadero acto contra la nación y cuándo ante el uso político de una acusación desmesurada? Bajo esa tensión se mueve esta columna, que advierte cómo, en manos del poder, el señalamiento de “traidor” puede dejar de ser una categoría jurídica para convertirse en un arma de conveniencia.
Traición a la patria: cuando la justicia se convierte en arma política
La traición a la patria pesa más que cualquier expediente. El artículo 123 del Código Penal Federal impone de cinco a cuarenta años de prisión al mexicano que incurra en alguno de sus quince supuestos.
Casi todos describen guerra: someter la nación a un gobierno extranjero, guiar una invasión, reclutar tropas contra México, enajenar territorio. Varios exigen un propósito explícito.
Pero la fracción II castiga también a quien coopere con un Estado extranjero «en alguna forma que pueda perjudicar a México». Esa frase elástica es el pasillo por donde entra la política.
Quién decide quién es el traidor
La historia enseña quién define al traidor. Hidalgo y Morelos fueron juzgados por traicionar al rey; hoy son bronce. A Iturbide el Congreso lo declaró fuera de la ley en 1824 y fue fusilado sin juicio ordinario.
Miramón y Mejía sí tuvieron consejo de guerra en 1867, por servir a una intervención extranjera: ahí nace el estándar clásico de traición.
Después vino el delito de disolución social, derogado en 1970, que castigó ideas y no conductas contra ferrocarrileros y disidentes. Ese es el parentesco incómodo.
El expediente de Chihuahua
Ahora, el expediente. Chihuahua detuvo al exfiscal por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, y horas después la FGR sumó una orden por traición a la patria.
Ernestina Godoy lo llamó un ataque al pacto federal y a la división de poderes, y sostuvo que la Ley de Seguridad Nacional prohíbe a los estados lo que ocurrió en el operativo de abril.
Falta lo esencial: la fracción concreta, el propósito de sometimiento y la hostilidad hacia México. Cooperar con un aliado contra un narcolaboratorio no es invadir. Violar una regla de competencias no es entregar la patria. La doctrina universitaria ya describe este tipo como sumamente abierto.
El caso del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, y la zona gris de la cooperación binacional
La Constitución añade candados que casi nadie recuerda: los artículos 14 y 22 exigen exacta aplicación de la ley penal, prohíben la analogía y piden penas proporcionales.
Un tipo abierto aplicado a un caso de cooperación policial tensiona las tres reglas.
Si la Federación quiere defender sus competencias, existen la controversia constitucional, la responsabilidad administrativa y el juicio político. Una pena de cuarenta años debería ser el último recurso, no el primero.
¿Por qué el derecho es moneda de cambio?
Porque es barato y rinde. Una acusación de traición a la Patria no necesita sentencia para surtir efectos: señala, mueve candidaturas, disciplina policías y reordena alianzas.
En 2025 Morena llamó traidora a Lilly Téllez por pedir ayuda a Estados Unidos, pero su propia dirigencia descartó el desafuero. El insulto sirvió; el derecho sobró.
Ahora el exfiscal seguía en la contienda interna del PAN por la alcaldía capitalina un día antes de su detención. Nadie prueba que la coincidencia sea causa.
Pero un Estado serio no deja crecer esa duda. Semióticamente, «traidor» es un comodín: no describe, sentencia.
Funciona porque reduce un problema técnico (quién coordina a las policías) a una pregunta moral (de qué lado estás). Y las preguntas morales no admiten pruebas ni matices: sólo bandos.
¿Cuándo sí procedería?
Procedería frente a un mexicano que ejecute una conducta del catálogo, con dolo y propósito acreditados. Un servidor público que entregara datos militares a una potencia para facilitar una agresión, o que aceptara beneficios para someter decisiones soberanas a otro gobierno, encajaría.
Pero la presión de Washington por extraditar a Rubén Rocha Moya y a otros nueve políticos sinaloenses por presuntos vínculos criminales no los vuelve traidores en sentido penal.
Para la captura criminal del territorio existen delincuencia organizada, cohecho y lavado.
La simetría importa: si llamar traición a lo que incomoda es abuso contra opositores, también lo sería contra afines. Ese es el límite exacto entre denunciar corrupción y fabricar traidores a conveniencia.
Una FGR con la credibilidad en deuda
Para muchos observadores, los expedientes de la FGR huelen a coyuntura, y ese olor es el problema.
La credibilidad no se decreta: se construye con consistencia. Implica acusar con el mismo rasero al adversario y al aliado, mostrar la fracción imputada, explicar por qué se escala de un delito estatal a uno de hasta cuarenta años, y soportar el control judicial sin dramatismo.
También implica aclarar las «otras investigaciones» que la presidenta mencionó sin precisar. Esa vaguedad no es transparencia: es advertencia.
La gobernadora y la pieza sacrificada
¿Entregó Maru Campos a su exfiscal como moneda electoral?
No hay prueba pública de un pacto; afirmarlo sería literatura. Sí hay hechos que obligan a preguntar.
Campos había dicho que Jáuregui actuó «por la libre»; el PAN habla de persecución y Morena pide que el caso no sirva para blindar a la gobernadora. Cuesta creer que alguien integre extranjeros a un operativo sin que arriba lo supieran: o lo sabían, o gobernaron sin enterarse.
Ambas opciones son graves.
La sospecha electoral es legítima, pero se resuelve con respuestas judiciales: ¿Quién autorizó, quién supo, quién calló?
Lo que sí procede
La salida es técnica, no heroica.
- Primero, reformar el artículo 123 para exigir dolo específico en la cláusula de cooperación y distinguir la entrega de la patria de la irregularidad operativa.
- Segundo, crear un delito proporcional de cooperación no autorizada con agentes extranjeros, con pena acorde, para que la Federación no tenga que escoger entre el silencio y los cuarenta años.
- Tercero, negociar con Estados Unidos reglas vinculantes de presencia, mando, información y responsabilidad, más allá de arreglos políticos que cambian con cada gobierno.
- Cuarto, obligar a la FGR a publicar criterios para perseguir delitos contra la seguridad de la nación y a rendir cuentas ante el Congreso.
- Quinto, que los partidos dejen de usar «traidor» como insulto de campaña.
En el centro de todo hay cuatro muertos. Una aeronave con dos agentes estatales y dos estadounidenses se estrelló rumbo al operativo y nadie sobrevivió. Sus familias merecen una investigación completa sobre cómo y por qué volaron, no un concurso de adjetivos.
