La Defensoría de los Habitantes condenó las actuaciones del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, contra privados de libertad y advirtió sobre vulneraciones a la dignidad humana, el principio de legalidad y el debido proceso.
La reacción se produjo después de que el propio Ministerio de Justicia difundiera en sus redes sociales un video titulado “Los Jachudos van directo al CACCO”, en el que el jerarca aparece increpando a varios privados de libertad y ordenando su traslado a regímenes de alta contención.
Defensoría señala humillaciones contra privados de libertad
Para la Defensoría, lo ocurrido va mucho más allá de una acción para mantener el orden dentro de un centro penitenciario.
La institución señala que en las imágenes se observan conductas verbales violentas, gritos, humillación pública, colocación forzada de personas en el suelo y el empleo de vocabulario denigrante y estigmatizante.
Según el pronunciamiento, estas actuaciones constituyen una vulneración directa de la dignidad de los privados de libertad.
La Defensoría cuestionó además que Aguilar ordenara traslados inmediatos al Circuito de Alta Contención y posteriormente al CACCO.
Recordó que estas decisiones deben responder a valoraciones técnicas y jurídicas realizadas por los órganos correspondientes de Adaptación Social y no simplemente al capricho de una autoridad política.
La institución pidió al ministro cesar las prácticas de exposición pública y hostigamiento y suspender los traslados mientras no se determine, mediante los procedimientos establecidos, que las personas involucradas cumplen con los requisitos para ingresar a esos regímenes.
Un antecedente antes de llegar al Ministerio
Gabriel Aguilar ya había protagonizado una controversia pocos días antes de asumir como ministro de Justicia.
El 3 de mayo tuvo un altercado con oficiales de Tránsito en San José. Posteriormente reconoció haberle faltado el respeto a uno de los funcionarios y el caso llegó incluso a conocimiento de las autoridades judiciales.
El episodio cobra relevancia ahora ante el tono utilizado por el ministro frente a personas que se encuentran bajo custodia directa del Estado.
Editorial | ¿El mismo trato para todos?
La actuación del ministro abre además una pregunta que merece respuesta.
Jonathan Vargas Esquivel, hijo de la diputada Ana Ruth Esquivel Medrano, cumple una condena de 14 años de prisión por violación y privación de libertad de una menor de edad.
¿Recibe él dentro del sistema penitenciario el mismo trato que Gabriel Aguilar exhibe públicamente frente a otros privados de libertad?
Radio Zurqui no afirma que exista un trato privilegiado. Lo que plantea es una pregunta válida sobre la igualdad de trato dentro del sistema penitenciario.
Si el ministro pretende exhibir públicamente una política de mano dura frente a los privados de libertad, entonces también corresponde garantizar que las reglas se apliquen por igual, sin importar apellido, vínculos políticos o condición social.
