El Ministerio Público identifica oficialmente a Pilar Cisneros como imputada dentro del expediente 26-000077-0033-PE. El fiscal general Carlo Díaz confirmó su condición procesal, negó que exista persecución política y reveló que la causa reúne miles de folios y abundante evidencia digital.
La condición jurídica de Pilar Cisneros dentro de la investigación por el presunto financiamiento paralelo de la campaña electoral de 2022 quedó expresamente establecida por la Fiscalía. En su comunicación oficial, el Ministerio Público se refiere a ella como “la imputada Cisneros”, dentro de la causa 26-000077-0033-PE.
El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó posteriormente esa condición al explicar que Cisneros había sido convocada para una indagatoria, diligencia mediante la cual una persona investigada y su defensa conocen formalmente el contenido del expediente y las pruebas existentes en su contra.
La diligencia finalmente no se realizó este jueves. Según Díaz, la defensa y la propia imputada solicitaron que fuera trasladada a una fecha posterior debido a una situación de salud y, además, por la enorme cantidad de documentación que deben estudiar.
Miles de páginas y evidencia digital
La dimensión del expediente tampoco es menor. El fiscal general indicó que la causa contiene más de 5.000 folios, a los que se suman aproximadamente 12.000 folios correspondientes al informe del Tribunal Supremo de Elecciones.
Además, Díaz confirmó la existencia de una importante cantidad de evidencia digital que también deberá ser conocida y analizada por la defensa.
Fiscalía había intentado localizarla varias veces
Díaz explicó también por qué se solicitó una alerta migratoria relacionada con Cisneros.
Según el fiscal general, la Fiscalía había realizado varias diligencias para citarla que resultaron infructuosas. Incluso se llamó a un teléfono aparentemente correspondiente a su residencia, donde una persona que se identificó como su esposo señaló que la imputada Cisneros se encontraba fuera del país.
Díaz aclaró que la alerta migratoria no constituía una prohibición para salir de Costa Rica. El objetivo era únicamente que las autoridades migratorias informaran a la Fiscalía cuando Cisneros ingresara o saliera del territorio nacional para poder entregarle la citación.
“Ninguna persecución política”
El fiscal general fue categórico frente al discurso político surgido alrededor del caso:
No existe ninguna persecución política, ninguna sacada de clavo.
Díaz recordó además que la investigación tuvo origen en actuaciones realizadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, posteriormente remitidas al Ministerio Público, y señaló que la investigación desarrollada por la Fiscalía ubica a Cisneros entre las personas que pudieron tener algún tipo de responsabilidad.
El jerarca también lamentó que el episodio terminara convertido en un “show mediático”, que atribuyó a la filtración maliciosa de la solicitud de alerta migratoria.
La Fiscalía insiste, por tanto, en que lo ocurrido forma parte del procedimiento ordinario de una investigación penal y no de una persecución política.
