El Poder Judicial impugnó la propuesta de Hacienda de rebajar ₡23.722 millones de su presupuesto de 2026 y advierte que el ajuste podría afectar al OIJ, tribunales, investigaciones contra el crimen organizado y servicios de atención a víctimas.
La disputa ya salió del terreno contable. La Presidencia de la Corte presentó recursos para intentar frenar el recorte, mientras sostiene que buena parte del dinero que Hacienda considera disponible ya estaría comprometido para atender obligaciones del segundo semestre.
Poder Judicial cuestiona cómo Hacienda calculó el recorte
Uno de los principales puntos de choque está en la metodología utilizada por Hacienda.
La cartera elaboró una proyección con información disponible al 30 de junio y patrones históricos de ejecución presupuestaria. Sin embargo, el Poder Judicial sostiene que esa estimación no necesariamente refleja cuánto dinero continúa realmente disponible.
Después de esa fecha siguieron contrataciones, adjudicaciones, compras y obligaciones correspondientes al segundo semestre.
Según el análisis técnico de la institución, 56 de las 85 subpartidas seleccionadas por Hacienda tendrían actualmente menos recursos disponibles que los que se pretende rebajar. La diferencia produciría un faltante operativo estimado en aproximadamente ₡17.258 millones.
OIJ concentraría más del 40% de la rebaja
El Organismo de Investigación Judicial sería la dependencia más afectada.
De los ₡23.722 millones propuestos, aproximadamente ₡9.536 millones corresponderían al OIJ, cerca del 40% del ajuste total.
El Poder Judicial advierte que una reducción de esa magnitud podría comprometer recursos utilizados en investigaciones, operativos policiales y acciones contra estructuras de delincuencia organizada.
También se plantean rebajas para juzgados y tribunales, Defensa Pública, Ministerio Público y programas de atención y protección de víctimas y testigos.
La advertencia ocurre mientras el OIJ ha insistido públicamente en las necesidades presupuestarias para mantener su capacidad operativa frente al crimen organizado.
Corte ya había realizado otro ajuste
A finales de junio, la Corte Plena había acordado reducir aproximadamente ₡13.242 millones de su presupuesto de 2026 como contribución al esfuerzo fiscal solicitado por Hacienda.
El Poder Judicial sostiene que la nueva propuesta de ₡23.722 millones constituye un ajuste adicional y ha cuestionado tanto su fundamento técnico como diversos aspectos jurídicos del procedimiento.
Aguirre incluso pidió que, si persiste la discrepancia, se tramite el mecanismo previsto en el artículo 177 de la Constitución Política.
El recorte, sin embargo, no está consumado. Hacienda pretende incorporarlo a un presupuesto extraordinario que deberá ser conocido y votado por la Asamblea Legislativa.
La discusión será entonces mucho más que contable: los diputados tendrán que determinar si existen realmente ₡23.722 millones disponibles para retirar o si hacerlo puede comprometer el funcionamiento de la administración de justicia y la capacidad del país para combatir el crimen organizado.
