Gabriel Aguilar cuestionó al fiscal general por documentar los señalamientos realizados por Macho Coca y Compadre. La reacción del ministro de Justicia ocurre después de admitir que mantiene diferencias familiares con el jerarca del Ministerio Público.
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, reaccionó con sarcasmo ante la decisión del fiscal general, Carlo Díaz, de documentar y remitir las denuncias de presunta tortura formuladas por Macho Coca y Compadre durante su entrega a las autoridades de Estados Unidos.
En una publicación difundida en sus redes sociales, Aguilar utilizó las expresiones “pobrecito” y “don Gilbert” para referirse a Macho Coca. También calificó de lamentable que el fiscal mostrara preocupación por lo denunciado y concluyó su mensaje afirmando: “Cada quien escoge sus prioridades”.
Ministro de Justicia cuestiona la actuación del fiscal general
La posición del ministro de Justicia plantea una falsa disyuntiva: Costa Rica puede combatir el narcotráfico, extraditar a personas requeridas por otros países y, simultáneamente, investigar cualquier denuncia de tortura o trato degradante ocurrida bajo custodia estatal.
Carlo Díaz no afirmó que los hechos estuvieran comprobados ni exoneró a los extraditados de los delitos que se les atribuyen. El fiscal general documentó sus manifestaciones y dispuso remitirlas a la Defensoría de los Habitantes, al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y a las fiscalías correspondientes.
Esa actuación forma parte de sus deberes. El Ministerio Público explica que las personas funcionarias públicas están obligadas a denunciar posibles delitos perseguibles de oficio cuando los conocen durante el ejercicio de sus funciones. La obligación no depende de quién formula el señalamiento ni de los delitos que se le atribuyan.
Documentar una denuncia no equivale a declararla verdadera. Significa activar los mecanismos institucionales necesarios para investigarla.
El conflicto personal del ministro de Justicia con Carlo Díaz
La crítica del ministro de Justicia adquiere otra dimensión debido a sus antecedentes con Carlo Díaz.
En junio, Aguilar se presentó ante el Ministerio Público para denunciar al fiscal general y a decenas de fiscales por un presunto incumplimiento de deberes relacionado con el trámite de casos sobre objetos prohibidos dentro de las cárceles.
El jerarca insistió en entregar la denuncia en la Fiscalía General y solicitó conversar personalmente con Díaz. La acusación debía ser tramitada en otra dependencia porque el propio fiscal general figuraba entre las personas denunciadas.
Según relató Carlo Díaz, durante aquel encuentro le indicó a Aguilar que debían trabajar por Costa Rica y que el asunto no era personal. El ministro de Justicia habría respondido:
Esto sí es personal. Yo recuerdo lo que usted le hizo a mi familia.
Aguilar mencionó entonces a su hermano, Esteban Aguilar, exjefe de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público. Posteriormente, el ministro reconoció que le recordó a Díaz que, según su versión, “se metió” con su familia, aunque sostuvo que ese reclamo era un asunto separado de la denuncia presentada. El enfrentamiento fue documentado públicamente por ambos jerarcas.
Las denuncias presentadas contra los fiscales también deben investigarse con objetividad. Sin embargo, resulta preocupante que un integrante del Poder Ejecutivo traslade diferencias familiares a una confrontación pública con quien dirige el Ministerio Público.
Investigar la tortura también es una prioridad
Celebrar una extradición no obliga a guardar silencio frente a una denuncia de presunta tortura. Del mismo modo, investigar posibles abusos no convierte al fiscal general en defensor de una persona acusada de narcotráfico.
El combate contra el crimen organizado y la protección de los derechos humanos no son prioridades opuestas: ambas constituyen obligaciones del Estado.
Carlo Díaz cumplió su deber al documentar las denuncias. El ministro de Justicia respondió desde un conflicto que él mismo llevó al terreno personal. Costa Rica no puede permitir que el sarcasmo sustituya una investigación cuando lo denunciado es tortura.
“Cada quien escoge sus prioridades”
Cuando el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, afirma que “cada quien escoge sus prioridades”, conviene mirar las del Ejecutivo. Apenas un día después de que el OIJ y el Ministerio Público capturaran a alias Diablo, el Gobierno utilizó una actividad oficial en Nicoya para volver a desacreditar al Poder Judicial. Rodrigo Chaves cuestionó que tardara diez años en detenerlo y preguntó al público si temía una dictadura o el cierre de ese poder de la República.
El contraste es revelador: mientras agentes judiciales arriesgaban la vida combatiendo al crimen organizado, el Ejecutivo priorizaba la confrontación institucional y posteriormente presentaba como una gran noticia la llegada de 554 metros de tela anaranjada para uniformes penitenciarios. Esas también son prioridades.
