Los diputados de Pueblo Soberano intentaron obligar a la magistrada Patricia Solano a admitir que el Poder Judicial está infiltrado por el crimen organizado. Pero frente a ella estaba una bancada en la que al menos doce legisladores llegaron al Congreso acumulando 48 causas penales abiertas, un jefe de fracción señalado en once expedientes, un diputado que reconoce como amigo a un extraditable por crimen organizado y narcotráfico y un proyecto político cuyo gabinete reúne 71 causas pendientes entre trece jerarcas. A eso se suma una sucesión de recortes, vetos y decisiones que debilitó a las instituciones encargadas de perseguir el crimen organizado.
Patricia Solano no respondió lo que los diputados chavistas querían escuchar. Respondió algo mucho más incómodo: cuando el Poder Judicial detecta posibles actos de corrupción en sus filas, los investiga; mientras que, en otros poderes de la República, algunas personas investigadas han sido premiadas con nombramientos políticos, inmunidad y nuevas cuotas de poder. La magistrada no evadió la discusión sobre el crimen organizado. Les colocó un espejo enfrente.
Crimen organizado: el ataque contra Patricia Solano
La magistrada presidenta de la Sala Tercera compareció ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para explicar la respuesta del sistema judicial ante el narcotráfico, la delincuencia organizada, la reincidencia, las medidas cautelares y la ejecución de las penas.
Sin embargo, la comparecencia pronto dejó de parecer un ejercicio de control político y comenzó a tomar la forma de un interrogatorio destinado a validar la narrativa de la presidenta Laura Fernández: que el crimen organizado está metido “hasta los tuétanos” en el Poder Judicial.
El diputado chavista Fernando Obaldía enumeró casos de funcionarios judiciales investigados e intentó que Solano aceptara que estos demostraban una infiltración generalizada. La magistrada respondió que, de aproximadamente 1.100 jueces, se habían identificado seis casos, equivalentes a cerca del 0,5 %, y enfatizó que todos fueron investigados por los propios órganos judiciales.
Obaldía insistió, reclamó que Solano no contestaba como él esperaba y la magistrada le devolvió una frase que resumió toda la audiencia:
No respondo lo que usted quiere, que es distinto.
Solano explicó además que el Poder Judicial investiga a sus funcionarios cuando surgen indicios, a diferencia de otros poderes donde personas denunciadas o investigadas terminan ocupando cargos políticos. También recordó que Celso Gamboa no llegó a la Corte por decisión de los jueces: fue la Asamblea Legislativa la que lo eligió magistrado.
Fue precisamente entonces cuando intervino Nogui Acosta, jefe de fracción de Pueblo Soberano y uno de los dirigentes chavistas con mayor cantidad de expedientes penales reportados ante la Fiscalía. Acosta cuestionó los datos presupuestarios presentados por Solano, la interrumpió repetidamente y terminó preguntándole cuántos cursos de economía había llevado. También le reprochó que estuviera utilizando números que, según él, no sabía manejar.
El intento de desacreditarla por su preparación académica resultó especialmente revelador: mientras exigía explicaciones desde una supuesta superioridad técnica y moral, Acosta comparecía protegido por la inmunidad parlamentaria y con once causas penales pendientes.
Nogui Acosta: once causas frente a la magistrada
Nogui Acosta llegó a la Comisión de Seguridad a examinar la competencia técnica de Patricia Solano, pero su propio historial político estaba sentado junto a él.
El Ministerio Público confirmó previamente once causas penales relacionadas con presuntos delitos como nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública, fraude a la Hacienda Pública, prevaricato y apropiación o retención indebida.
Entre los asuntos investigados han figurado nombramientos en el Sinart, el Inder y el Consejo de Transporte Público; el denominado “megacaso” de evasión tributaria; la contratación de escáneres; y la pretendida adquisición de una póliza con fondos públicos para proteger patrimonialmente a miembros del Gobierno.
Acosta ha señalado que no había sido notificado de varias de esas causas y que las denuncias no prueban culpabilidad…Eso es correcto: una investigación no representa una sentencia.
Pero tampoco puede ser borrada cuando el mismo político que reclama prudencia para sus expedientes intenta presentar seis investigaciones internas dentro de una judicatura de 1.100 jueces como prueba de que todo el Poder Judicial está penetrado por el crimen organizado.
Si seis casos entre aproximadamente 1.100 jueces —apenas un 0,55 %— bastan para que el chavismo declare infiltrado por el crimen organizado al Poder Judicial, ¿Qué debería concluir el país cuando al menos trece de sus 31 diputados —un 41,9 % de la bancada— tienen causas pendientes, con la diferencia de que la justicia investiga y separa a los señalados, mientras el chavismo los incorpora, nombra y blinda?
El gabinete de las 71 causas
La contradicción no termina en la Asamblea Legislativa. Un reporte de la Fiscalía General publicado en junio de 2026 señaló que trece integrantes del Gobierno de Laura Fernández acumulaban 71 expedientes penales pendientes. Entre ellos figuraban la propia presidenta, el vicepresidente Francisco Gamboa y diez ministros, además de Rodrigo Chaves, actual ministro de Hacienda y de la Presidencia.
El mayor número correspondía a Chaves, con 45 expedientes activos en el recuento suministrado. Laura Fernández aparecía con cuatro investigaciones. También figuraban los ministros Jorge Rodríguez, Paula Bogantes, Gerald Campos, Arnold Zamora, Manuel Tovar, Efraím Zeledón, Leonardo Sánchez, Indiana Trejos, Yorleny León y Gabriel Aguilar.
Algunas causas pueden terminar archivadas y otras avanzar hacia una acusación, por lo que la cifra no permite declarar culpable a nadie. Sí permite, en cambio, desmontar la ficción de un Gobierno inmaculado que señala con el dedo a otra institución: quienes denuncian una supuesta penetración del crimen organizado en el Poder Judicial gobiernan acompañados por trece jerarcas con decenas de expedientes en trámite.
Patricia Solano no estaba improvisando cuando afirmó que, en otros poderes, las personas investigadas terminan ocupando cargos políticos: estaba describiendo a quienes tenía enfrente.
José Miguel Villalobos, “Chanchita” y una amistad reconocida
Uno de los casos que mejor retrata la contradicción es el del diputado José Miguel Villalobos.
Villalobos ha ejercido legítimamente como abogado penalista. Toda persona acusada tiene derecho a una defensa técnica, incluso cuando enfrenta cargos por narcotráfico, legitimación de capitales o crimen organizado. Defender a un imputado no convierte al abogado en cómplice ni permite atribuirle los actos de su cliente. Sin embargo, su relación con Carlos Manuel Solórzano Campos, conocido como “Chanchita” o “Wakanda”, no era únicamente profesional.
Cuando Solórzano fue detenido el 26 de marzo de 2026 para enfrentar un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, el hoy diputado reconoció públicamente su cercanía:
Soy amigo de él, le tengo afecto y cariño.
Villalobos explicó que había cenado con Solórzano y que conocía su casa, a su familia y a sus hijos. También confirmó que el extraditable lo contactó el día anterior a la detención para realizarle una consulta jurídica y que él le respondió durante la mañana de la captura, pocas horas antes del arresto. El nombre de Villalobos también figuraba en el rótulo del bufete utilizado por Solórzano en la Zona Sur.
Nada de eso demuestra que Villalobos conociera anticipadamente la operación ni que participara en alguna actividad delictiva, pero sí destruye la pretensión de presentarlo como un observador distante del entorno que su bancada asegura combatir cuando habla de crimen organizado.
Villalobos también ha defendido a personas investigadas o procesadas en causas por narcotráfico y legitimación de capitales. Entre ellas figura José Giovanni Segura Angulo, alias “Narizón”, posteriormente condenado como cabecilla de una estructura de lavado relacionada con dinero procedente del tráfico de drogas. El abogado representó además a otros imputados del caso Fénix y había trabajado para Alexander Leudo Nieves, incluido posteriormente en una solicitud estadounidense de extradición.
Ejercer esas defensas no constituye delito. La relevancia política está en que un diputado que mantiene una amistad reconocida y una relación profesional vigente con una persona requerida por narcotráfico debería actuar con especial prudencia antes de utilizar el crimen organizado como garrote para desacreditar a todo el Poder Judicial.
Mayuli Ortega y los documentos electorales en México
En la misma bancada se encuentra Mayuli Ortega, quien antes de regresar a Costa Rica intentó disputar la alcaldía de Tecolutla, Veracruz, por una coalición encabezada por el PRI y el Partido Verde.
En 2017, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de México informó que un juez la vinculó a proceso por su probable participación en la obtención ilícita de una credencial para votar. La investigación sostuvo que, siendo costarricense, proporcionó datos falsos sobre su nacionalidad para conseguir documentación electoral mexicana y registrar su candidatura.
Las autoridades utilizaron información del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Registro Federal de Electores, además de análisis de grafoscopía y dactiloscopía. Los documentos atribuidos a Ortega presentaban lugares de nacimiento incompatibles: mientras la credencial y un acta la situaban como nacida en Quintana Roo, los registros migratorios y su pasaporte indicaban su origen costarricense.
La vinculación a proceso no equivale a una condena. Tampoco hemos localizado una resolución oficial definitiva que permita afirmar cuál fue el desenlace final de aquella causa.
Pero el antecedente existe y fue documentado por las autoridades mexicanas. No puede ser borrado mientras su partido intenta construir una narrativa de superioridad moral frente al resto del Estado.
Las decisiones que debilitaron la lucha contra el crimen organizado
Los expedientes individuales y las relaciones personales no son el único problema.
Desde 2022 puede identificarse una cadena de decisiones gubernamentales que redujo recursos, retiró personal especializado o confrontó a las instituciones responsables de investigar el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Septiembre de 2022: menos dinero para Seguridad
Apenas cuatro meses después de asumir el poder, el Ejecutivo recortó ₡1.029 millones del presupuesto propuesto para el Ministerio de Seguridad Pública correspondiente al año siguiente.
Septiembre de 2023: salida de la PCD de puntos estratégicos
Funcionarios de la Policía de Control de Drogas y representantes sindicales denunciaron el retiro o traslado de agentes especializados que trabajaban en aeropuertos, puertos y fronteras.
El Ministerio de Seguridad negó que estuviera debilitando los controles y aseguró que se trataba de una reorganización técnica. Sin embargo, posteriormente se conocieron órdenes expresas para sacar personal de puestos como Peñas Blancas y Tablillas. Representantes de la ANEP afirmaron que la decisión no estaba acompañada por estudios técnicos que demostraran su conveniencia.
Diciembre de 2023: el récord de homicidios
Costa Rica terminó 2023 con 907 homicidios, frente a 654 registrados en 2022. Fue un aumento cercano al 39 % en un solo año y colocó bajo una presión extraordinaria a las áreas de investigación, balística, análisis de drogas y ciencias forenses del OIJ.
Mientras crecía la violencia, Rodrigo Chaves validó públicamente la idea de que las víctimas se mataban “entre ellos”, al referirse a homicidios relacionados con disputas criminales. Posteriormente negó haber asumido esa postura, pero registros audiovisuales permitieron reconstruir sus palabras.
Febrero de 2024: agentes especializados en labores administrativas
Funcionarios de la PCD denunciaron que personal operativo de puntos fronterizos importantes fue trasladado a funciones administrativas, alejando experiencia investigativa de los lugares de entrada y salida de mercancías y personas.
Febrero de 2025: ₡34.800 millones sin ejecutar
En medio de la crisis de inseguridad, el Poder Ejecutivo mantenía sin ejecutar alrededor de ₡34.800 millones destinados al área de seguridad, según datos expuestos durante la discusión sobre eurobonos y ejecución presupuestaria.
Mayo de 2025: veto a los allanamientos durante las 24 horas
Rodrigo Chaves vetó la reforma que permitía a las autoridades judiciales realizar allanamientos durante las 24 horas, bajo autorización judicial.
El presidente sostuvo que no daría más herramientas al OIJ y a la Fiscalía porque, según él, podían utilizarlas para amedrentar. La Asamblea terminó impulsando nuevamente la reforma, que permitió ampliar los operativos policiales bajo control de los jueces.
Junio de 2025: Celso Gamboa y sus supuestos contactos
Celso Gamboa fue detenido el 23 de junio de 2025 por solicitud de autoridades estadounidenses. El expediente de extradición recogió una conversación investigada por la DEA en la que Gamboa habría asegurado a colaboradores que contaba con respaldo o contactos gubernamentales para introducir cargamentos de cocaína por el Caribe o el Pacífico.
Esa afirmación corresponde al expediente estadounidense y no demuestra, por sí sola, que el Gobierno le otorgara autorización real. Pero obligaba a una investigación seria sobre los contactos que Gamboa decía mantener dentro del poder político.
Marzo de 2026: veto a la Ley de Ejecución de la Pena
Chaves vetó totalmente la Ley de Ejecución de la Pena, aprobada por la Asamblea Legislativa y elaborada mediante mesas en las que habían participado el Poder Judicial, legisladores y representantes del propio Ministerio de Justicia.
Patricia Solano manifestó sorpresa por el veto y señaló que durante la construcción conjunta del proyecto no se habían advertido los problemas de constitucionalidad invocados posteriormente por el Ejecutivo.
Junio de 2026: otra ofensiva presupuestaria
Ya como ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves propuso un recorte extraordinario de aproximadamente ₡27.000 millones al Poder Judicial para lo que restaba de 2026. La Corte Plena rechazó la cifra completa y advirtió sobre sus efectos en los servicios judiciales.
Al mismo tiempo, seguían sin girarse más de ₡8.000 millones aprobados para reforzar al OIJ y al Ministerio Público, precisamente las instituciones que investigan homicidios, narcotráfico, corrupción y crimen organizado.
Julio de 2026: el Gobierno devuelve la PCD
El 13 de julio, Laura Fernández anunció el regreso permanente de la Policía de Control de Drogas al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y su reinstalación en otros puestos fronterizos.
El aeropuerto recibiría once agentes especializados de la PCD y tres funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Seguridad. La decisión revirtió la política aplicada desde 2023 y confirmó, aunque el Gobierno evitara expresarlo de esa manera, que retirar a la policía especializada de esos puntos había sido un error que debía corregirse.
La pregunta que el chavismo no puede responder
Los diputados de Pueblo Soberano convocaron a Patricia Solano para sentar al Poder Judicial en el banquillo.
Querían que la magistrada aceptara su narrativa, legitimara sus ataques y declarara que la institución estaba infiltrada por el crimen organizado. Pero Solano no les entregó la frase que buscaban.
Les recordó que los casos dentro del Poder Judicial fueron descubiertos e investigados por el propio sistema. Les recordó que Celso Gamboa fue elegido magistrado por la Asamblea Legislativa. Y les recordó que, mientras la justicia investiga a sus funcionarios, en el chavismo las personas investigadas son nombradas, protegidas y convertidas en figuras políticas.
El chavismo acusa al Poder Judicial porque necesita un culpable para cuatro años de homicidios, desmantelamiento policial, recursos retenidos, decisiones inexplicables y relaciones que todavía no han sido aclaradas.
Pero antes de volver a preguntar cuánto crimen organizado ha penetrado a la Corte, debería explicar cuánto poder, inmunidad y acceso al Estado ha concedido su propio proyecto a personas investigadas o rodeadas de cuestionamientos.
Cuando un Gobierno retira a la Policía de Control de Drogas, veta herramientas para investigar, retiene recursos destinados a fiscales y llena su gabinete y su bancada de personas con expedientes pendientes, no puede señalar al Poder Judicial sin mirarse primero en el espejo.
