La CGR afirma que el recorte de 5% pedido por Hacienda a su presupuesto afectaría la fiscalización de fondos públicos y podría llevar a la institución a un “cierre técnico”.
La Contraloría General de la República respondió al Ministerio de Hacienda que no puede asumir el recorte de 5% solicitado a su presupuesto sin afectar seriamente su operación institucional. Según la CGR, aceptar esa rebaja equivaldría, en la práctica, a provocar un “cierre técnico” del órgano encargado de fiscalizar el uso de los fondos públicos.
Presupuesto de la Contraloría creció apenas 1,91% en diez años
De acuerdo con el oficio DC-0174, fechado el 3 de julio de 2026, Hacienda pidió a la Contraloría remitir una propuesta de recorte de al menos un 5% del presupuesto inicial vigente para 2026, así como aplicar una reducción similar al límite máximo de gasto presupuestario para 2027.
Ese 5% representa aproximadamente ₡1.055 millones. Sin embargo, la Contraloría respondió que, tras revisar su situación financiera, solo pudo identificar ₡100,3 millones que podrían rebajarse sin poner en riesgo la operación institucional.
La institución fue clara: su presupuesto ya se encuentra comprimido al mínimo, con un 90% destinado a salarios y con gastos eliminados desde hace años en rubros como viajes al exterior, publicidad, consultorías, actividades sociales, gastos de representación y protocolos.
La CGR sostiene que aplicar el recorte pedido por Hacienda no tocaría “lujos”, sino la capacidad real de fiscalizar al Estado.
Un presupuesto casi congelado
Uno de los datos más fuertes de la respuesta es la comparación histórica. Según la Contraloría, en los últimos diez años el Presupuesto de la República creció un 57%, mientras que el presupuesto de la CGR apenas aumentó un 1,91%.
La institución advierte que esa diferencia ocurre mientras aumentan las entidades, los fondos y las obligaciones que debe vigilar. Es decir, el país tiene más recursos públicos que controlar, pero el órgano encargado de hacerlo no ha crecido en la misma proporción.
Además, la Contraloría señala que el límite presupuestario fijado para 2027 por Hacienda es incluso menor que el presupuesto inicial aprobado en 2015, sin considerar el aumento del costo de vida ni las nuevas funciones legales asignadas a la institución.
Entre esas nuevas obligaciones está la fiscalización relacionada con la Declaración Jurada de más de 28.000 policías, según la propia infografía divulgada por la CGR.
Hacienda negó recursos adicionales
La tensión presupuestaria no se limita al recorte solicitado para 2026. En otro oficio, el Ministerio de Hacienda rechazó una solicitud de la Contraloría para recibir ₡796,7 millones adicionales en el Anteproyecto de Presupuesto 2027.
Hacienda argumentó que el contexto fiscal del país, la desaceleración de ingresos y la necesidad de disciplina presupuestaria impedían atender esa petición.
La Contraloría, sin embargo, respondió que sus anteproyectos han sido elaborados bajo criterios de austeridad y que sus niveles de ejecución presupuestaria son altos. Para 2025, la ejecución fue de 97,5%, dato que la institución utiliza para defender que no se trata de una entidad con recursos ociosos.
La advertencia institucional
La frase más grave del documento es directa: ceder un cinco por ciento del presupuesto “llevaría en la práctica a un cierre técnico de la institución”.
La CGR también advierte que esa medida incidiría directamente en su independencia institucional, al afectar la capacidad operativa de un órgano creado constitucionalmente para vigilar el manejo de los fondos públicos.
En otras palabras, el debate no es solamente contable. No se trata únicamente de ahorrar ₡1.055 millones. La discusión de fondo es si el Gobierno puede pedir recortes uniformes a instituciones con funciones constitucionales sensibles, sin medir el impacto que eso tendría sobre los controles democráticos.
La Contraloría propone otras salidas
En su respuesta, la CGR no solo rechaza el recorte. También plantea alternativas para generar ahorros mayores a los ₡1.055 millones solicitados.
Entre ellas menciona una mejor gestión de la liquidez del Gobierno, pues estima que mantener recursos ociosos en el Fondo General podría representar un costo de al menos ₡40.000 millones en intereses durante el segundo semestre.
También señala el potencial del Sistema de Cuentas del Sector Público, que habría generado cerca de ₡30.000 millones de ahorro en intereses desde la incorporación de recursos a ese sistema.
Para la Contraloría, existen opciones más razonables que debilitar presupuestariamente a la institución encargada de vigilar el uso del dinero público.
El fondo del asunto
La austeridad puede ser necesaria en tiempos fiscales difíciles. Pero cuando el recorte cae sobre la entidad encargada de fiscalizar al propio Estado, el debate deja de ser contable y entra de lleno en el terreno político.
En el contexto de los constantes choques entre el poder Ejecutivo y la Contraloría, la pregunta es inevitable: ¿estamos ante una medida técnica de ahorro o ante una vendetta política contra una institución que incomoda al poder?
Porque si Hacienda insiste en recortar un 5% del presupuesto, aun después de que la CGR advirtió que eso podría llevarla a un “cierre técnico”, entonces el mensaje es gravísimo: no solo se estaría ordenando el gasto público; se estaría dejando sin aire a quien debe vigilar cómo se usa cada colón.
