Correos internos abren nuevas preguntas sobre los atestados de Jeffry Cerdas Lobo, luego de que Recursos Humanos señalara que no constaban certificaciones ni documento universitario en los expedientes revisados.
La situación de Jeffry Cerdas Lobo ya no se limita a su reciente nombramiento como Director General de Armamento. Nuevas comunicaciones internas conocidas por Radio Zurqui abren una línea más profunda: los requisitos, atestados y certificaciones que habrían respaldado su paso por puestos o procesos sensibles dentro del aparato de seguridad.
Según esos correos, Recursos Humanos indicó que no tenía conocimiento de certificaciones relacionadas con personal a cargo durante seis años atribuidas a varios funcionarios, entre ellos Jeffry Cerdas Lobo. Además, en una de las respuestas se señala que, al revisar los expedientes personales, no se registraba documento universitario presentado ante ese departamento en el caso de Cerdas Lobo.
La precisión es importante: Radio Zurqui no afirma que Cerdas Lobo no tenga título universitario. Lo que se desprende de la documentación revisada es que, según esa respuesta interna, no constaba documento universitario presentado ante Recursos Humanos.
Correos internos abren dudas sobre Cerdas Lobo
Uno de los puntos más delicados tiene que ver con el Curso de Oficiales Superiores y los requisitos asociados a ese proceso. En las consultas internas se preguntó si se hizo público el cartel del concurso, cuáles eran los requisitos establecidos, quién certificó el tiempo de personal a cargo y si todos los funcionarios que realizaban el curso contaban con una licenciatura en una carrera afín a la función policial.
La respuesta de Recursos Humanos apunta a que las certificaciones sobre personal a cargo durante seis años no eran de conocimiento de RRHH de la UEI. Esa afirmación abre una pregunta central: si Recursos Humanos no conocía esas certificaciones, ¿Quién las emitió, quién las validó y con base en qué documentos?
El caso adquiere mayor relevancia porque Cerdas Lobo no es un funcionario cualquiera dentro de esta discusión. Su nombre ya había sido colocado bajo observación pública tras confirmarse su nombramiento como Director General de Armamento, un cargo sensible dentro del Ministerio de Seguridad Pública.
No solo Armamento: los atestados previos también importan
Radio Zurqui ya había informado que Cerdas Lobo fue confirmado como Director General de Armamento mediante un comunicado interno del Ministerio de Seguridad Pública.
Pero la nueva línea documental amplía el caso. La pregunta ya no es únicamente por qué Cerdas Lobo fue ubicado en Armamento, sino cómo se validaron previamente sus requisitos para participar en procesos o ejercer funciones sensibles dentro de estructuras de seguridad.
Si existían requisitos académicos, certificaciones de experiencia y condiciones internas para acceder a determinados procesos, Seguridad Pública debe explicar qué instancia revisó esos requisitos, qué documentos tuvo a la vista y quién asumió la responsabilidad de validar el expediente.
Nota editorial: posibles responsabilidades si se confirma una irregularidad
De confirmarse que Cerdas Lobo ocupó cargos sensibles, participó en procesos superiores o recibió beneficios institucionales sin cumplir los atestados exigidos, el caso podría dejar de ser una simple inconsistencia administrativa.
En ese escenario, correspondería a las autoridades competentes valorar si existen eventuales conductas vinculadas con enriquecimiento ilícito, falsedad en certificaciones o declaraciones, falso testimonio según la naturaleza del acto rendido ante autoridad competente, e incluso cohecho propio, si se demostrara que medió alguna dádiva, ventaja indebida o promesa para ejecutar un acto contrario a los deberes del cargo.
La responsabilidad tampoco tendría que analizarse únicamente sobre Cerdas Lobo. Si una autoridad superior propuso, avaló o nombró a una persona sin que concurrieran los requisitos legales para un cargo, podría abrirse una discusión sobre el eventual delito de nombramientos ilegales, figura prevista en el Código Penal costarricense para el funcionario público que proponga o nombre para un cargo público a una persona en quien no concurran los requisitos legales.
En el caso del enriquecimiento ilícito, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública sanciona conductas relacionadas con el aprovechamiento ilegítimo del ejercicio de la función pública.
Cuando se habla de seguridad nacional, cursos superiores, certificaciones internas, cargos sensibles y ahora una Dirección General de Armamento, el país tiene derecho a saber quién revisó, quién certificó y quién abrió la puerta.
