El gobierno de Laura Fernández empieza a mostrar una red de continuidad política: figuras del PLN, del PUSC y del chavismo aparecen en puestos clave, mientras operadores con pasado partidario rodean el nuevo mapa del poder.
Los nombramientos del gobierno de Laura Fernández empiezan a dibujar una fotografía incómoda para el chavismo: lejos de romper con las estructuras políticas de los partidos que atacó en campaña, el “nuevo” Poder Ejecutivo ha terminado recurriendo a figuras provenientes del PLN, del PUSC, del propio chavismo legislativo y de la administración de Rodrigo Chaves. La tesis es sencilla: el chavismo no destruyó a los partidos tradicionales; más bien, aprendió a usar sus piezas más convenientes.
Nombramientos de Laura Fernández muestran una red de cuido
El gabinete de Laura Fernández no nació como una ruptura. Nació como una mezcla de continuidad, reciclaje político y reparto estratégico de espacios de poder.
Uno de los casos más evidentes es el de Carolina Delgado Ramírez, exdiputada del PLN, nombrada en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Su llegada al gabinete fue reportada dentro del bloque de exdiputados liberacionistas, socialcristianos y oficialistas incorporados al “nuevo” gobierno.
También aparece Carlos Andrés Robles Obando, exdiputado del PUSC, anunciado inicialmente entre los nombramientos vinculados al área de pesca. Su caso elevó todavía más las alarmas cuando se le ubicó como “ministro sin cartera de las costas, de los mares y de la pesca”, aunado a su presidencia ejecutiva del INCOPESCA. Es decir, no solo se abrió espacio a una figura proveniente de un partido que el chavismo decía combatir, sino que además se le colocó en una zona estratégica del aparato público ligada a costas, mares, pesca y recursos marítimos.
En términos políticos, el mensaje es claro: los nombramientos no solo reparten cargos, también construyen áreas de influencia. Y en este caso, Robles no aparece como una ficha menor, sino como parte de una arquitectura de poder sobre un sector sensible para el país.
A esa lista se suma Paola Nájera Abarca, exdiputada chavista, nombrada presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS). Pero su caso no termina ahí: además, asumió con recargo la Dirección General de la Imprenta Nacional, lo que amplía su margen de influencia dentro del aparato estatal. Su designación forma parte del bloque de “nuevos” jerarcas anunciados por Fernández antes de asumir el poder el 8 de mayo y refuerza la idea de que los nombramientos no solo reparten cargos, sino también espacios estratégicos de control institucional.
Estos nombramientos no son casos aislados. Juntos muestran una lógica: el chavismo que decía venir a sustituir a la vieja política terminó absorbiendo cuadros de esa misma política para sostener su “nuevo” gobierno.
María Marta Carballo: del PUSC al gobierno de Laura Fernández
Otro caso reciente es el de María Marta Carballo Arce, exdiputada del PUSC, quien asumió la Dirección Nacional de los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).
El nombramiento fue confirmado por medios nacionales en mayo de 2026. Carballo fue diputada socialcristiana en el periodo anterior y su llegada al gobierno de Laura Fernández amplía la lista de exfiguras del PUSC colocadas en espacios institucionales.
El dato político no es menor. Carballo fue señalada por medios como una de las exlegisladoras que rechazó el retiro de la inmunidad al expresidente Rodrigo Chaves, un antecedente que vuelve más sensible su incorporación al aparato estatal.
Por eso, estos nombramientos no pueden leerse solo como decisiones administrativas. También deben analizarse como parte de una tendencia más amplia: figuras que fueron funcionales al chavismo en momentos clave ahora encuentran espacio dentro del nuevo gobierno.
Rodrigo Chaves, el centro del nuevo poder
La continuidad no es simbólica. Es estructural. En el “nuevo” gobierno, Rodrigo Chaves Robles no aparece como una figura retirada ni como un expresidente distante, sino como el eje desde donde se sigue articulando el poder político.
Su incorporación como ministro de Hacienda le permite mantener influencia directa sobre el poder económico del país: presupuesto, gasto público, prioridades fiscales y margen financiero del Estado. Al mismo tiempo, su cargo como ministro de la Presidencia lo coloca en la posición clave para conducir la relación con la Asamblea Legislativa, mover la agenda del Ejecutivo y ordenar políticamente a la fracción chavista.
Ese poder legislativo tampoco es menor. La presidenta de la Asamblea Legislativa proviene del mismo universo político que Chaves encabezó durante su gobierno 2022-2026, cuando formó parte de su estructura de confianza. Para sectores de oposición, esa relación confirma que el expresidente no solo conserva influencia sobre el gabinete, sino también sobre las piezas legislativas que sostienen al “nuevo” oficialismo.
La lectura política es inevitable: si Chaves maneja Hacienda, controla el músculo económico; si maneja Presidencia, controla la negociación política; y si conserva ascendencia sobre la fracción chavista y sus figuras clave en el Congreso, sigue teniendo capacidad real para dirigir el rumbo del gobierno.
Por eso, más que hablar de una administración completamente nueva, los nombramientos permiten hablar de una continuidad organizada del chavismo. Laura Fernández ocupa la Presidencia, pero lo visto en las primeras semanas de gobierno alimenta una percepción cada vez más extendida en la oposición: Rodrigo Chaves sigue siendo quien define las políticas, mientras Fernández aparece como la voz encargada de comunicarlas.
Los operadores políticos: el poder que no siempre aparece en un decreto
Pero la historia no termina en los nombramientos oficiales.
Junto a ministros, presidentes ejecutivos, direcciones y embajadas, también aparece una zona menos visible: la de los operadores políticos.
En esa categoría entran figuras como Freddy González Rojas y Luis Carlos Araya Monge, cuyos nombres ayudan a entender el ecosistema político que rodea al chavismo.
Freddy González Rojas, dirigente cooperativista y exmilitante del PLN, fue reportado como jefe de operaciones y logística de la campaña presidencial del Partido Pueblo Soberano, estructura con la que el chavismo buscó mantenerse en el poder.
Luis Carlos Araya Monge, exdiputado y exviceministro del PLN, fue señalado por medios nacionales como una figura que pasó a respaldar el movimiento chavista de Pilar Cisneros, pese a su trayectoria liberacionista.
Aquí conviene hacer una precisión editorial importante: no se trata necesariamente de nombramientos formales dentro del gabinete, sino de figuras políticas que ayudan a comprender la red de apoyo, operación y legitimación que rodea al nuevo gobierno.
Porque el poder no solo se reparte mediante decretos. También se mueve mediante operadores, vocerías, contactos, estructuras territoriales y figuras que ayudan a sostener un proyecto político.
El chavismo atacó a los partidos tradicionales, pero terminó reclutando sus piezas
Durante años, el chavismo construyó parte de su discurso atacando al PLN, al PUSC y a las estructuras políticas tradicionales. Los presentó como responsables de todos los males del país y se vendió como una ruptura frente a lo anterior.
Sin embargo, los nombramientos de Laura Fernández revelan otra cosa.
Exdiputados liberacionistas, exdiputados socialcristianos, exfiguras oficialistas, exministros de Rodrigo Chaves y operadores políticos con pasado partidario ahora aparecen dentro o alrededor del nuevo aparato de poder.
La contradicción es evidente: el chavismo hizo campaña contra los partidos tradicionales, pero gobierna con piezas provenientes de esos mismos partidos.
El reciclaje político como método de gobierno
Costa Rica no está frente a simples nombramientos administrativos. Está frente a una fórmula de poder que combina continuidad, conveniencia y reparto estratégico de espacios públicos.
Esa fórmula funciona con una contradicción evidente: se ataca públicamente a los partidos tradicionales, pero se reclutan sus cuadros más útiles; se denuncia la vieja política, pero se usan sus métodos; se promete ruptura, pero se premia la lealtad, el alineamiento y la cercanía con el proyecto chavista.
Vistos en conjunto, los nombramientos de Laura Fernández no hablan de renovación. Hablan de una reorganización del poder bajo nuevas caras, viejos operadores y una conducción política que sigue teniendo a Rodrigo Chaves como eje real.
