Oficios revelan una investigación profunda sobre decisiones administrativas, presupuestarias y advertencias internas
La Fiscalía Adjunta de Cartago activó una serie de diligencias urgentes dentro de la causa penal 23-003090-0345-PE, en la que se investiga al exalcalde Mario Redondo Poveda por el delito de prevaricato, en perjuicio del funcionario José David Mitta Albán.
Las gestiones fiscales, todas fechadas el 5 de noviembre de 2025, muestran un procedimiento exhaustivo para reconstruir decisiones tomadas por la administración municipal durante la gestión de Redondo, especialmente en 2022 y 2023.
Solicitudes urgentes a Recursos Humanos: funciones de un funcionario clave
La Fiscalía ordenó a la Gestión Institucional de Recursos Humanos entregar, en un plazo de apenas 24 horas, una certificación oficial con el puesto y las funciones del funcionario Mario Brenes Tinoco en agosto de 2023.
Esta diligencia apunta a esclarecer el rol de Brenes dentro de la estructura municipal, su relación con las decisiones investigadas y su eventual participación en los hechos denunciados. El requerimiento, sustentado en los artículos 290 y 215 del Código Procesal Penal, incluye la advertencia de que la no entrega de la información podría conducir a calificar la causa como “no asistida”, un señalamiento formal que implica incumplimiento institucional.
Auditoría Interna bajo la lupa: Relaciones de Hechos desde 2022
Otra de las órdenes fiscales se dirigió a Auditoría Interna, un órgano vital en la supervisión de la legalidad administrativa. La Fiscalía exige copias completas de las Relaciones de Hechos 1307-2022, 1345-2022, 017-2023 y 114-2023, además del oficio AI-OF-008-2023 y cualquier otro informe generado en virtud de los hechos denunciados.
Estas “Relaciones de Hechos” son documentos oficiales que normalmente se elaboran cuando Auditoría detecta posibles irregularidades, advertencias o situaciones que ameritan investigación institucional.
El mensaje de la Fiscalía es claro:
La investigación no se limita a hechos aislados; busca reconstruir todo el panorama administrativo, incluyendo alertas internas que la Municipalidad ya hubiese recibido antes de que el caso llegara al Ministerio Público.
Concejo Municipal en el centro de la investigación: todo sobre el Presupuesto Ordinario 2023
La Fiscalía ordena una copia certificada de la sesión en que se conoció el Presupuesto Ordinario 2023, así como toda la documentación relacionada antes y después de dicho proceso: informes técnicos, dictámenes de comisión, correspondencia, modificaciones, adendas, observaciones externas y todo aquello generado a partir del análisis presupuestario.
Esto sugiere que la Fiscalía pretende:
-
Reconstruir la tramitación del presupuesto 2023.
-
Verificar si se siguieron los procedimientos legales.
-
Determinar si existieron presiones indebidas o decisiones contrarias a derecho.
-
Analizar el rol del alcalde en la formulación, presentación o modificación del presupuesto.
En una investigación por prevaricato, estas piezas documentales pueden resultar cruciales para determinar si el jerarca actuó contra la ley de forma consciente, un elemento esencial del tipo penal.
Un patrón que se repite: advertencias y plazos estrictos
Todos los oficios reiteran la advertencia establecida en el artículo 6 del Sistema de Control de Casos: si la Municipalidad de Cartago no entrega la información en los plazos ordenados, la causa puede ser calificada como “no asistida”.
La Fiscalía no solo está investigando; está dejando un rastro claro de requerimientos formales que colocan presión administrativa sobre la Municipalidad y delimitan responsabilidades en caso de ocultamiento u obstaculización.
Un cerco institucional en expansión
La simultaneidad de los oficios, las exigencias documentales y el rango de dependencias involucradas —Recursos Humanos, Auditoría Interna y Concejo Municipal— revela una investigación que no apunta a un incidente aislado, sino a un posible patrón de decisiones administrativas que, de confirmarse, podrían configurar el delito de prevaricato.
El caso avanza y, por la naturaleza de las solicitudes, se anticipa que la Fiscalía buscará determinar:
-
La ruta completa de decisiones tomadas en la Municipalidad.
-
Las advertencias internas que pudieron haber sido ignoradas.
-
Los roles específicos de funcionarios involucrados.
-
La responsabilidad directa de Mario Redondo en los actos investigados.
