La Contraloría General ordena al MOPT y a la CNFL detener contratos irregulares con empresas privadas
Un un caso que expone los vínculos del gobierno de Rodrigo Chaves con intereses empresariales.
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó de manera vinculante a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) detener la colocación de publicidad ilegal en postes de alumbrado público y vallas ubicadas en terrenos del Estado, tras una investigación que surgió por una denuncia ciudadana.
Según el pronunciamiento del ente contralor, la publicidad en infraestructura pública está expresamente prohibida por el marco jurídico vigente, y no solo por su ilegalidad, sino también porque representa un riesgo para la seguridad vial y un atentado contra los bienes de dominio público.
La CGR determinó que la CNFL, con el aval del MOPT, autorizó de forma irregular a una empresa privada a colocar anuncios en postes eléctricos, lo cual constituye una violación directa a la ley. Como consecuencia, se ordenó dejar sin efecto esos permisos y retirar de inmediato tanto las estructuras como la publicidad.
Asimismo, se comprobó la existencia de vallas instaladas durante años en terrenos estatales, como en el Parque del Agricultor y el Centro de Conservación Santa Ana, pertenecientes a una misma empresa privada. La CGR instruyó al MOPT demoler dichas estructuras y sancionar a los responsables.
Un modelo de favores impropios
La investigación cobra especial relevancia porque una de las empresas favorecidas —Publiex S.A., propiedad de Giovanni Vásquez Vega— mantiene estrechos vínculos con el presidente Rodrigo Chaves y su entorno político, desde la campaña electoral de 2021.
Publiex ha sido beneficiaria de contratos con entidades estatales, como la CNFL, que le permitieron explotar postes de alumbrado público para fines comerciales, pese a que la ley prohíbe expresamente el uso del espacio público con ese fin.
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Diversos medios y denuncias ciudadanas han revelado que esta empresa también fue responsable de vallas con mensajes políticos colocadas en rutas nacionales, campañas que coincidieron con los intereses del gobierno y operaron sin transparencia sobre su financiamiento.
Omisión institucional y negligencia estatal
La CGR también señaló que el MOPT omitió emitir regulación alguna sobre pantallas digitales de publicidad exterior desde 2013, pese a conocer los riesgos que implican para la seguridad vial, la contaminación visual y el orden urbano. Esa falta de regulación permitió que empresas privadas actuaran sin control, al margen de la ley, y en espacios públicos.
Además, la Contraloría cuestionó la ineficiencia del departamento encargado del control de publicidad exterior, y ordenó al MOPT elaborar un plan de fortalecimiento institucional para recuperar su capacidad de gestión en esta materia.
Una advertencia al poder
La resolución de la CGR representa un duro revés para el gobierno de Rodrigo Chaves, cuya administración promovió y defendió acuerdos con empresas privadas bajo el discurso de “modernización” y “alianzas público-privadas”.
Hoy, ese modelo queda en evidencia como una red de favores impropios y conflictos de interés que vulneran la legalidad, el bien común y el principio de igualdad ante la ley.
La acción de la Contraloría se consolida así como un acto de defensa institucional frente a los abusos de poder y la captura del Estado por intereses particulares.
