En lista oficial de cena con Bukele
Director de despacho de Rodrigo Chaves filtró datos personales en documento oficial
En una nueva demostración del doble discurso que impera en el gobierno de Rodrigo Chaves, el director de su despacho, Gabriel Aguilar Vargas, hizo públicos los números telefónicos personales de al menos seis empresarios costarricenses en un documento oficial divulgado por la Casa Presidencial, sin que, hasta ahora, medie disculpa, sanción o consecuencia alguna.
El listado en cuestión, que detalla la cena de gala ofrecida en el Teatro Nacional al presidente salvadoreño Nayib Bukele, incluye en sus páginas 3 y 4 los teléfonos privados de Javier Quirós, presidente del Grupo Purdy Motor; Karl Single, exdirectivo del BCIE; Santiago Mejía, gerente general de Metalco; Nicolás Broggi, gerente comercial de Arcelomittal; Rodolfo Tabash, gerente general de BAC Credomatic; y Roberto Federspiel, director general de Tiendas Universal.
La revelación de esta información plantea una inquietante contradicción: hace apenas unos días, dos periodistas fueron objeto de una denuncia penal por publicar el número personal del presidente Rodrigo Chaves en redes sociales. ¿En qué momento se convirtió el despacho presidencial en una agencia de filtración de datos privados?
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La filtración de los números personales de estos empresarios —y solo de ellos, entre más de 150 asistentes al evento— despierta dudas razonables sobre la intención detrás del acto. ¿Fue un “error administrativo”? ¿Una advertencia velada? ¿O simplemente un acto de negligencia revestido de impunidad?
Desde Radio Zurqui, alzamos la voz en defensa del derecho a la intimidad y la protección de datos personales de todos los ciudadanos, incluso de aquellos que el gobierno suele tratar como aliados estratégicos. Porque si la administración Chaves se toma el lujo de perseguir judicialmente a periodistas por un número de teléfono, ¿Cómo justifica ahora que su propio jefe de despacho exponga a reconocidos empresarios a todo tipo de riesgos?
La hipocresía institucional se disfraza de legalidad, mientras los principios básicos de privacidad son pisoteados en función de intereses que siguen sin aclararse.
