Chaves contra la seguridad ciudadana
Informe de la CGR revela reducción de delegaciones policiales y graves fallas en la gestión del Ministerio de Justicia y Paz
La Contraloría General de la República (CGR) ha revelado en un informe de auditoría las preocupantes deficiencias en la gestión del Ministerio de Justicia y Paz (MJP) bajo la administración de Rodrigo Chaves. El informe evalúa el cumplimiento de un contrato de crédito por $100 millones, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado al Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia.
Este programa tiene como objetivo reducir la criminalidad y prevenir la violencia en comunidades vulnerables mediante inversiones en infraestructura, tecnología y formación. Sin embargo, los hallazgos de la CGR evidencian lo contrario: un debilitamiento estructural en la seguridad ciudadana debido a decisiones arbitrarias y falta de planificación.
Decisiones sin análisis y consecuencias ignoradas
El informe destaca que la reducción de delegaciones policiales se llevó a cabo sin un análisis de impacto, lo que pone en riesgo la seguridad en distintas regiones del país. No se evaluó cómo esta medida afecta los objetivos del programa ni se consideraron alternativas de financiamiento para mantener la operatividad de estas sedes policiales.
A este problema se suman graves retrasos en la construcción del Centro de Mando y Control Policial, ya que el proyecto carece de una planificación clara para la adquisición de hardware y software, así como de la definición de estrategias para su puesta en funcionamiento. La falta de previsión y ejecución adecuada de este centro compromete la efectividad de las operaciones policiales.
Falta de coordinación y desorden administrativo
Otro de los hallazgos de la CGR es la falta de coordinación en la recepción de donaciones de equipos y software provenientes de Estados Unidos. El Comité Director del programa no ha establecido los requerimientos técnicos necesarios para la instalación y uso de estos recursos, dejando en evidencia una preocupante falta de gestión y organización dentro del ministerio.
¿Seguridad ciudadana o abandono institucional?
El informe de la CGR confirma lo que cada vez más costarricenses perciben en su día a día: una administración que toma decisiones improvisadas, debilita las instituciones encargadas de la seguridad y actúa sin un plan claro. La reducción de delegaciones policiales sin estudios previos y la falta de planificación en proyectos clave exponen la fragilidad de un gobierno que prioriza el discurso populista sobre la gestión eficiente de la seguridad pública.