Perfil judicial de diputaciones electas del PPSO con 48 causas penales abiertas
El perfil judicial de diputaciones electas del PPSO revela 48 causas penales abiertas y una deuda superior a ₡300 millones con la CCSS en uno de los casos.
El perfil judicial de diputaciones electas del PPSO expone que al menos doce figuras vinculadas a esa agrupación enfrentan 48 causas penales abiertas, según registros de denuncias y procesos en trámite. En ninguno de los casos reportados se registran, hasta el momento, desestimaciones ni sobreseimientos definitivos.
Perfil judicial de Marta Esquivel Rodríguez: 14 causas en trámite
Marta Esquivel Rodríguez enfrenta 14 causas penales abiertas, distribuidas de la siguiente forma:
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5 por nombramientos ilegales
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3 por incumplimiento de deberes
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2 por prevaricato
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1 por tráfico de influencias
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1 por malversación
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1 por peculado
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1 por abuso de autoridad
Los procesos continúan en trámite ante las autoridades correspondientes.
Nogui Acosta Jaén y Anna Katharina Müller: múltiples acusaciones
Nogui Acosta Jaén registra 11 acusaciones penales, que incluyen:
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3 por influencia contra la Hacienda Pública
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3 por prevaricato
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2 por nombramientos ilegales
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1 por incumplimiento de deberes
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1 por fraude a la Hacienda Pública
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1 por apropiación y retención indebida
Por su parte, Anna Katharina Müller Castro enfrenta 8 expedientes penales, relacionados con:
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3 por nombramientos ilegales
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3 por incumplimiento de deberes
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1 por peculado
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1 por tráfico de influencias
Ambos casos permanecen abiertos.
Perfil judicial de Stephan Brunner, Villalobos y otros casos
Stephan Brunner Neibig registra 5 causas abiertas, entre ellas:
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Recepción de contribuciones privadas ilegales (una remitida a la Sala Tercera)
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Tráfico de influencias
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Incumplimiento de deberes
José Miguel Villalobos Umaña enfrenta 1 causa penal por abuso de autoridad. Además, mantiene una deuda superior a ₡300 millones con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), según registros administrativos vigentes.
En tanto:
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Robert Barrantes Camacho: 2 causas (abuso de autoridad y peculado).
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Royner Mora Ruiz: 2 causas (prevaricato y tráfico de influencias).
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Esmeralda Britton González: 1 causa por administración irregular.
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Juan Manuel Quesada: 1 acusación por tráfico de influencias.
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Nayuribe Guadamuz Rosales: 1 causa por nombramientos ilegales.
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María Isabel Camareno Camareno: 1 causa por tráfico de influencias.
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Osvaldo Artavia Carballo: 1 acusación por tráfico de influencias.
Todos los procesos se encuentran abiertos.
¿Qué implica la inmunidad parlamentaria?
La inmunidad parlamentaria en Costa Rica no extingue causas penales ni impide investigaciones. Sin embargo, sí establece procedimientos especiales para el levantamiento de la inmunidad en caso de requerirse acusación formal o medidas cautelares.
Esto significa que los expedientes continúan su curso, pero eventuales procesos judiciales requieren autorización legislativa para avanzar hacia etapas específicas.
Cierre
El perfil judicial de diputaciones electas del PPSO coloca en el debate público la necesidad de mayor transparencia en torno al estado procesal de las investigaciones abiertas. Hasta el momento, no existen resoluciones finales que extingan las causas mencionadas, por lo que los expedientes permanecen activos ante las instancias correspondientes.
Durante la campaña electoral, Radio Zurquí advirtió públicamente sobre los cuestionamientos judiciales que enfrentaban varios de los candidatos vinculados al PPSO. En distintos espacios informativos se señaló la necesidad de que el electorado conociera el perfil judicial PPSO antes de emitir su voto, no como un señalamiento de culpabilidad, sino como un ejercicio de transparencia democrática.
La existencia de causas penales abiertas forma parte del debate público cuando se trata de aspirantes a cargos de elección popular, especialmente en un contexto donde la confianza institucional y la rendición de cuentas son temas centrales para la ciudadanía.
