El despido en JAPDEVA de la funcionaria Elbhlyn Mora ocurrió un día después de comparecer ante la Asamblea Legislativa por presunto acoso laboral en la institución.
Un despido en JAPDEVA sacude a la institución portuaria tras la salida de la funcionaria Elbhlyn Mora, quien fue cesada apenas 24 horas después de denunciar ante la Asamblea Legislativa una serie de hechos que, según su testimonio, configuran acoso laboral por parte de la presidenta ejecutiva.
Mora participó en una comparecencia ante la Comisión Especial de Limón, donde expuso junto a otros trabajadores situaciones de maltrato, presión y conflictos internos. Sin embargo, al día siguiente de su intervención pública, recibió la notificación oficial de su despido.
Antier comparecí a la Asamblea Legislativa y ayer me despidieron, relató Mora en conversación con Radio Zurqui.
La entrevista fue realizada vía telefónica entre Este Paisano, director de Radio Zurquí, y la funcionaria afectada, quien detalló los hechos que rodean su caso.
La cercanía temporal entre la denuncia y la decisión administrativa ha generado cuestionamientos sobre una posible represalia laboral, en un contexto donde el despido en JAPDEVA adquiere relevancia pública.
Despido en JAPDEVA ocurre tras denuncia por acoso laboral
El despido en JAPDEVA de Elbhlyn Mora no puede analizarse de forma aislada. Su salida se produce en el contexto de denuncias por acoso laboral de parte de la presidenta ejecutiva Susy Wing Ching que han sido llevadas incluso ante instancias legislativas.
Según indicó, durante su permanencia en la institución fue víctima de gritos, insultos, humillaciones públicas y señalamientos que afectaban su desempeño profesional.
Me ha llamado estúpida e idiota, afirmó sobre el trato recibido.
Mora también señaló que estas situaciones ocurrían frente a otros funcionarios e incluso ante miembros del Consejo de Administración, lo que intensificaba el impacto de los hechos denunciados.
Estos elementos refuerzan la gravedad del contexto en el que se produce el despido en JAPDEVA, ya que no se trata únicamente de una desvinculación laboral, sino de una decisión que ocurre inmediatamente después de una denuncia pública.
Irregularidades en proceso de despido en JAPDEVA generan dudas
Uno de los puntos más delicados del caso es el procedimiento que llevó al despido de la funcionaria.
De acuerdo con su testimonio, existieron dos procesos disciplinarios relacionados con un mismo hecho. En uno de ellos fue absuelta, mientras que en otro se recomendó su destitución.
Además, una resolución inicial del Ministerio de Trabajo en la región Huetar Atlántica habría rechazado el despido, señalando posibles fallas en el debido proceso.
Se identificaron actos de mala fe y falta de proceso administrativo adecuado, indicó.
Posteriormente, el caso fue elevado a instancias centrales, donde se emitió una nueva resolución que permitió ejecutar la desvinculación.
Este giro en el proceso incrementa las dudas sobre la legalidad del despido en JAPDEVA, así como sobre los criterios aplicados en la resolución final.
Fuero sindical y denuncias pendientes sin resolver
El caso adquiere mayor complejidad debido a que Mora contaba con fuero sindical, lo que implica requisitos adicionales para proceder con su despido.
Asimismo, mantiene una denuncia por acoso laboral ante el Ministerio de Trabajo que, según indicó, aún no ha sido resuelta.
La funcionaria también afirmó haber presentado recursos ante el Consejo de Administración y el Consejo de Gobierno, acompañados de más de 300 pruebas y testigos, sin que estos fueran acogidos.
Este escenario refuerza la percepción de que el despido de Mora ocurre en medio de un proceso aún abierto, lo que añade un componente de controversia institucional.
Caso reabre debate sobre represalias en instituciones públicas
El despido de Elbhlyn Mora, en el contexto de denuncias por acoso laboral, reabre el debate sobre la protección de los funcionarios públicos que exponen irregularidades dentro del aparato estatal.
La secuencia de los hechos —denuncia pública seguida de despido inmediato— plantea interrogantes sobre el uso de mecanismos administrativos en situaciones sensibles.
Más allá del caso individual, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los límites del poder jerárquico en instituciones públicas y la necesidad de garantizar condiciones laborales libres de intimidación.
En este contexto, el despido de la funcionaria no solo se convierte en un caso particular, sino en un posible precedente sobre cómo se gestionan las denuncias internas en entidades del Estado.
