Por Sofía Castro Aragón*
Costa Rica nació sobre una promesa: que la dignidad humana sería inviolable. Que las garantías individuales no eran concesiones del poder, sino el límite que lo contiene.
Hoy, esa promesa tiembla. Hay voces que sugieren suspender las garantías constitucionales, como si la libertad y los derechos fueran obstáculos que se pueden poner en pausa. Pero no hay pausa posible en la dignidad humana: una vez que el Estado cruza esa línea, el daño es profundo y casi siempre irreversible.
Suspender garantías no es un acto técnico: es una renuncia al pacto social. Es abrir la puerta a la arbitrariedad, al miedo y a la impunidad. En los regímenes donde se hace, lo primero que se apaga no es la violencia, sino la voz de quienes la denuncian.
Y entre las voces más vulnerables están las de las mujeres. Las que han defendido su derecho a decidir, a ser tratadas con respeto, a vivir sin violencia. Cada intento de limitar las garantías es también un intento de volver a controlar sus cuerpos, su autonomía, su vida.
Hoy, el país se encuentra ante una disyuntiva moral. Podemos seguir normalizando los discursos de fuerza y los llamados al autoritarismo disfrazado de orden, o podemos volver a mirar la raíz de lo que somos: un pueblo que creyó en la justicia, en la libertad y en la igualdad.
Defender las garantías no es defender un texto jurídico: es defender el cuerpo mismo del país. Porque cuando se suspenden los derechos, el país deja de respirar.
Un solo cuerpo no se fragmenta. Un solo cuerpo se cuida, se defiende, se levanta.
*Sofía Castro Aragón, mediadora y conciliadora, fundadora de Coalición Feminista. Defensora de la Democracia y el Estado de Derecho
