A un año del asesinato de Carlos Manzo, Uruapan sigue marcada por la inseguridad, los homenajes y las controversias políticas. La gestión de Grecia Quiroz enfrenta una pregunta inevitable: ¿Dónde están los resultados?
En Uruapan, el recuerdo de Carlos Manzo sigue ocupando el centro del discurso político, mientras la inseguridad y las exigencias ciudadanas ponen a prueba la gestión de Grecia Quiroz. ¿Se está gobernando con resultados o administrando el duelo como estrategia política? En su columna de esta semana para Radio Zurquí, Alberto Guerrero Baena analiza las contradicciones de un gobierno que, a un año del asesinato del alcalde, sigue enfrentando una deuda fundamental con la ciudadanía: rendir cuentas.
Los homenajes llegan puntuales; los resultados, jamás citados.
Los ayuntamientos mexicanos gobiernan con el cronómetro en la mano. Tres años de periodo, una primera mitad gastada en entender el presupuesto y una segunda en medirse con la próxima boleta.
Esa urgencia explica la prisa, pero no absuelve la falta de método.
En Uruapan, Michoacán, el vacío de método se llenó con otra cosa: la memoria de un hombre asesinado. Lo que se exige a un alcalde en ese plazo es modesto y medible: calles transitables, agua, luminarias, una policía que responda y trámites que no se conviertan en peregrinación.
Nada de eso requiere épica; requiere gestión. Y eso es lo que ha reclamado la ciudadanía de Uruapan el último trecho y no una política basada en duelos colectivos.
El duelo como método de gobierno
Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, en plena plaza pública en condiciones totalmente inciertas por lo viciada de la investigación. Esa herida es real y ninguna crítica seria puede tratarla con ligereza.
Pero un año después conviene decir lo que incomoda: el dolor legítimo de un movimiento político no es una política pública.
La figura del alcalde caído se invoca para explicar lo que no funciona, para pedir paciencia y para blindar la gestión. Quien cuestiona los servicios o la seguridad queda bajo sospecha de insensibilidad.
Eso no es gobernar: es administrar la culpa ajena.
Y el luto, convertido en escudo, termina siendo una forma elegante de rendir cuentas a nadie. A ello se suma un coro externo: partidos y medios afines al movimiento amplifican la evocación permanente del alcalde caído, en una dinámica más cercana a la precampaña que a la rendición de cuentas.
Es una inferencia, no un hecho probado, pero la coincidencia entre homenaje constante y calendario electoral merece al menos ser nombrada.
Lo que dice el INEGI, y lo que no
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada el 23 de octubre, ubica la percepción de inseguridad en Uruapan en 80 por ciento en septiembre de 2026, frente a 83.1 en junio.
Es una baja de tres puntos que, según el propio INEGI, pero no califica como estadísticamente significativa, y que deja a Uruapan como la ciudad michoacana más insegura de las tres medidas. En diciembre de 2025 el indicador era de 88.7, el más alto del país en esa medición.
Ocho de cada diez adultos urbanos siguen sintiéndose inseguros.
Atribuir esa mejoría marginal a una estrategia municipal propia sería deshonesto: la encuesta mide percepción, no autoría, y el contexto de intervención estatal y federal en la región impide asignar méritos con precisión.
Celebrar un punto porcentual mientras el miedo sigue siendo mayoritario no es optimismo: es propaganda con decimales.
Lo mínimo exigible es que el ayuntamiento explique con datos qué hizo, qué dejó de hacer y cuánto le corresponde de lo que mejoró.
La casa propia no está en orden
El 29 de octubre, la Fiscalía de Michoacán detuvo a Rosa Alejandra Vargas Rauda, secretaria de Bienestar del ayuntamiento, por encubrimiento por favorecimiento en la investigación del homicidio de Manzo.
Hasta ahora las autoridades no han detallado públicamente la conducta específica que se le imputa, y rige la presunción de inocencia.
La presidenta municipal sostiene que la Fiscalía usa el caso con fines político-electorales para desarticular su gobierno. Es una acusación grave que debe probarse con la misma exigencia que se reclama a la autoridad.
Pero el patrón es ineludible: en enero ya habían sido detenido un exdirector de Relaciones Públicas. Dos detenciones estratégicas en el círculo de una administración cuyo fundador fue asesinado.
Sea cual sea el desenlace judicial, hay un hecho político: el filtro de confianza para integrar el gobierno falló o nunca existió.
Una comparación odiosa, pero necesaria
Diana Laura Riojas de Colosio enviudó el 23 de marzo de 1994, cuando mataron a su esposo en Lomas Taurinas. Ya padecía cáncer de páncreas y murió el 18 de noviembre de ese año.
Seamos rigurosos: su retirada no fue solo virtud, la enfermedad la condicionó.
Sin embargo, antes de morir creó la Fundación Colosio para preservar su memoria y, según quien fue su colaborador cercano, pronunció en el sepelio un discurso sereno y conciliador.
Tras la tragedia no asumió cargo, no buscó candidatura, no convirtió el duelo en plataforma. Hizo memoria sin hacer campaña.
El contraste no es sentimental sino institucional. A una viuda en privado se le debe respeto; a quien administra un presupuesto se le debe exigir resultados.
Grecia Quiroz tiene derecho a aspirar, incluso a la gubernatura como independiente, algo que ella misma ha declarado. Lo que se le reprocha es la secuencia: la candidatura se construye con la plaza pública ( donde todavía no son tiempos de externar aspíraciones) y no con el ayuntamiento.
Y detrás hay un movimiento al que, hasta donde alcanzan las fuentes públicas consultadas, no se le conoce una plataforma programática verificable más allá de la figura de Manzo. Un ideario que depende de un recuerdo no es ideario: es nostalgia con logotipo.
Los errores de gobernar para el relato
El error de fondo es confundir el relato con el resultado.
El ayuntamiento comunica más de lo que mide, y no localicé indicadores propios publicados que permitan comprobar lo que se afirma desde el podio.
A esa confusión se suma otra, más peligrosa: la de un gobierno y un movimiento fundidos en una sola voz. La presidenta encabeza una organización con presencia, según ella, en 27 estados, mientras gobierna una ciudad donde ocho de cada diez adultos se sienten inseguros, y nadie atiende con la misma energía dos agendas que compiten por el mismo tiempo.
La fusión se nota cuando llegan los golpes.
Ante las detenciones, el ayuntamiento optó por la narrativa de la persecución y no por una explicación verificable sobre cómo se eligió a su personal.
A este relato se suma el señalamiento de Juan Manzo, hermano del alcalde, sobre un pago municipal a la defensa de implicados: es una acusación, no un hecho probado, pero en las fuentes consultadas no consta respuesta documental.
Todo corre, además, bajo un reloj personal, pues la propia presidenta dijo tener mes y medio para decidir su futuro electoral.
Gobernar para el relato gasta la confianza antes de ganarla.
La pregunta pendiente
Los ciudadanos de a pie no viven de homenajes.
Viven de que la patrulla llegue, de que el trámite avance, de que el servicio funcione. A ellos no les interesa si el discurso conmueve, sino si el gobierno cumple.
Uruapan merece que su ayuntamiento gobierne con argumentos propios, no con difuntos prestados. El respeto a Carlos Manzo se demuestra con resultados auditables, no con aniversarios.
La política no perdona la distancia entre el discurso y el bache, y tarde o temprano la boleta lo cobra.
