La concesión de APM Terminals vuelve al centro del debate por una combinación sensible para Costa Rica: el costo de sus servicios, los cuestionamientos sobre la seguridad de la Terminal de Contenedores de Moín y el uso reiterado de esa infraestructura por redes de narcotráfico. El propio contrato abre además la puerta al rescate de la concesión cuando existan razones de interés público.
La diferencia de precios, por sí sola, no permite romper una concesión. Tampoco cada cargamento de droga que logra salir de un puerto puede atribuirse automáticamente al concesionario. Pero cuando ambos elementos convergen alrededor de una infraestructura estratégica para el comercio exterior, surge una pregunta que Costa Rica tiene derecho a hacerse: ¿continúa respondiendo la concesión de APM Terminals al interés público que justificó su entrega?
APM Terminals entre tarifas más altas, seguridad portuaria e interés público
Radio Zurqui tuvo acceso a un análisis comparativo que vuelve a poner bajo discusión el costo de movilizar carga por la Terminal de Contenedores de Moín, administrada por APM Terminals. El estudio construye un escenario operacional de referencia en el que JAPDEVA suma cuatro servicios —carga y descarga, grúa pórtica, movimiento con cabezal y recibo y despacho— por US$133,65 por contenedor. Frente a la referencia de US$320,98 utilizada para APM Terminals, la diferencia alcanza US$187,33 por unidad.
Bajo ese escenario específico, APM Terminals resulta 140,17% más costosa, mientras utilizar JAPDEVA representaría un costo aproximadamente 58,36% menor. En una operación de 1.000 contenedores, el ejercicio estima US$133.650 en JAPDEVA frente a US$320.980 en APM, una brecha de US$187.330.
La comparación requiere una precisión metodológica. Para APM Terminals, el análisis toma como referencia US$320,98, correspondiente al último monto del “Servicio a la Carga” que pudo ser verificado directamente en el tarifario oficial 2024-2025, mientras que para JAPDEVA utiliza las tarifas vigentes en 2026.
Por ello, el ejercicio no pretende establecer una fotografía exacta de todas las tarifas actualmente cobradas por ambas terminales, sino construir un escenario comparativo a partir de valores oficiales verificables. La diferencia de 140,17% corresponde exclusivamente al conjunto de servicios seleccionado y debe interpretarse dentro de ese escenario, especialmente porque APM Terminals y JAPDEVA utilizan estructuras tarifarias distintas.
El contrato de concesión incorpora un elemento que merece atención: las tarifas autorizadas de APM Terminals pueden ajustarse ordinariamente una vez al año, cada 17 de agosto, utilizando como referencia el CPI-U de Estados Unidos. En otras palabras, parte de la evolución del costo de un servicio portuario estratégico para Costa Rica queda vinculada a la inflación estadounidense, aunque sus efectos recaigan sobre importadores, exportadores y consumidores costarricenses.
Bajo ese mecanismo, la tarifa pasó de US$257,43 al inicio de operaciones en 2019 a US$320,98 en 2024-2025, un incremento acumulado de 24,69%. El aumento está contemplado contractualmente, pero plantea una discusión de fondo: hasta qué punto resulta conveniente para el interés nacional que el costo de una infraestructura esencial para el comercio exterior costarricense evolucione siguiendo un indicador económico externo.
APM Terminals: seguridad portuaria, narcotráfico e interés público
En agosto de 2024, la Comisión Especial de la Provincia de Limón abrió una investigación legislativa sobre el cumplimiento de la concesión. Entre las motivaciones señaladas figuraron costos y tarifas, cuestionamientos sobre la calidad del servicio y la constante salida de drogas desde la terminal.
El problema de seguridad tampoco es abstracto. En 2024 fueron detenidos sospechosos por el envío de 700 kilos de cocaína a Róterdam desde la Terminal de Contenedores de Moín; cuatro de los investigados eran empleados directos del puerto. En julio de 2026, el caso Leviatán dejó 52 detenidos en una investigación sobre una estructura que, según las autoridades, utilizaba la terminal para exportar cocaína hacia Europa y Estados Unidos con apoyo de policías y personas vinculadas con la operación portuaria.
Estos hechos no permiten atribuir automáticamente a APM Terminals la responsabilidad por todo cargamento de droga que atraviese Moín. Sí permiten plantear una pregunta sobre seguridad portuaria, soberanía e interés nacional: ¿han sido suficientes los controles alrededor de una infraestructura estratégica para el comercio exterior costarricense?
La discusión adquiere otra dimensión al revisar el propio contrato. La cláusula 18.3.1 contempla entre las causas de extinción de la concesión el rescate por causas de interés público. Esto no significa que la concesión pueda romperse automáticamente por tarifas elevadas o por casos de narcotráfico: una decisión de esa magnitud tendría que estar sustentada jurídica y técnicamente y cumplir el procedimiento correspondiente.
Pero el escenario tarifario, los antecedentes de seguridad y las investigaciones sobre el cumplimiento contractual colocan una pregunta legítima sobre la mesa: si JAPDEVA puede ofrecer determinados servicios a menor costo y una terminal estratégica continúa siendo utilizada por redes criminales, ¿Debe Costa Rica revisar hasta dónde llega el interés público en la concesión de APM Terminals?
