La ruptura del orden constitucional no comenzó con un estruendo, sino con bloqueos legislativos, ataques contra la Sala Constitucional y amenazas de desconocer las resoluciones judiciales. Lo que durante años fue presentado como una exageración hoy aparece como la ejecución gradual de un proyecto para someter todos los poderes de la República.
Pero detrás de esta ruptura del orden constitucional existe también una historia personal marcada por las advertencias, la persecución y la distancia. Durante años, Erick Sojo, conocido como Este Paisano, señaló el rumbo que estaba tomando el país. En esta columna, reconstruye las señales que fueron ignoradas y las consecuencias de haber denunciado, desde el principio, una amenaza creciente contra la República.
Orden constitucional: la advertencia que muchos prefirieron ignorar
No escribo estas palabras con orgullo. Las escribo desde la distancia, con la tristeza de quien advirtió lo que venía, fue ignorado y terminé pagando personalmente por haber levantado la voz.
Para comprender el origen de mi salida forzada de Costa Rica hay que remontarse al segundo semestre de 2021, cuando Rodrigo Chaves hizo pública su aspiración a la Presidencia de la República.
Desde aquel momento me dediqué a informar sobre lo que, a mi juicio, se aproximaba. Durante mucho tiempo fui una voz en el desierto. Cuando Chaves llegó al poder en 2022, señalé los actos de corrupción, los impulsos autoritarios, la persecución contra la prensa independiente y los ataques contra quienes se atrevían a cuestionar al Gobierno.
Eso me convirtió en blanco de los grupos organizados del chavismo.
Me difamaron. Me agredieron físicamente. Me persiguieron mediante querellas y demandas. Intentaron convertir los tribunales en una mordaza y el miedo en una herramienta de silencio… No lo lograron.
Hoy, quienes desde la oposición se negaron a escuchar deben reconocer que las advertencias no eran exageraciones.
Mientras los diputados oficialistas bloquearon en la Asamblea Legislativa el nombramiento de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, Laura Fernández acusó a los magistrados de dar un supuesto “golpe de Estado” por extender temporalmente esos nombramientos hasta que el Congreso cumpliera con su obligación de elegir a las nuevas autoridades.
La realidad era exactamente la contraria: la Sala buscaba impedir que el tribunal constitucional quedara incapacitado para funcionar debido a la omisión legislativa.
Lo dije en un video publicado esa misma tarde: cuando el oficialismo acusaba a otros de preparar un golpe, en realidad estaba anunciando sus propias intenciones.
El verdadero objetivo era golpear al Poder Judicial.
Un golpe blando. Un golpe ejecutado gradualmente, utilizando el bloqueo institucional, la asfixia presupuestaria, la propaganda y el desconocimiento de las resoluciones judiciales.
En una entrevista concedida a Teletica, Canal 7, el jefe de la fracción oficialista, Nogui Acosta, llegó a anunciar que el Poder Ejecutivo desconocería cualquier resolución de la Sala Constitucional que considerara improcedente.
Una declaración de semejante naturaleza no es una simple diferencia política.
Es el anuncio de que un poder de la República pretende decidir cuáles resoluciones judiciales obedece y cuáles ignora.
Pero para comprender la dimensión de lo ocurrido es necesario remontarse a principios de mayo, cuando Rodrigo Chaves afirmó que su movimiento ya controlaba dos poderes de la República: el Ejecutivo y el Legislativo. Después agregó que haría cuanto estuviera a su alcance para tomar también el Poder Judicial.
No era una metáfora… Era una declaración de intenciones.
Desde que Laura Fernández asumió el Poder Ejecutivo y Chaves pasó al Ministerio de Hacienda, el oficialismo ha intentado asfixiar al Poder Judicial mediante la negación de recursos, el bloqueo legislativo y la movilización coordinada de diputados, propagandistas y ejércitos de troles.
El objetivo es sencillo: someter al último poder institucional capaz de poner límites al autoritarismo.
Que esta fecha quede registrada en los anales de nuestra historia como el momento en que el orden constitucional costarricense comenzó a quebrarse abiertamente.
No sé cuánto tiempo tardará en caer el chavismo ni cuánto deberá esperar Costa Rica para comenzar a reconstruirse después de su caída. El daño causado a las instituciones, a la convivencia democrática y a la confianza pública puede tardar décadas en repararse. Porque destruir una República puede tomar pocos años; levantarla de nuevo exige generaciones.
Mi temor es que la confrontación siga creciendo hasta cobrar un costo doloroso para la sociedad costarricense.
Lo advertí desde el principio. Fui uno de los primeros —quizá el primero— en llamar chavismo a lo que otros denominaban cuidadosamente rodriguismo. Evitaban aquella palabra porque los vinculaba con una experiencia política que dejó muerte, persecución y destrucción institucional en Venezuela.
Cuando todavía no existía un partido formalmente constituido para dar continuidad al proyecto de Chaves, llamé a aquel movimiento MADCHA: Movimiento Antidemocrático Chavista.
Muchos se burlaron.
Otros me acusaron de exagerar.
Algunos prefirieron guardar silencio para no incomodar al poder.
El tiempo terminó revelando aquello que yo había visto desde el comienzo.
Hoy, a miles de kilómetros de Costa Rica, no celebro haber tenido razón.
Lo lamento.
Habría querido equivocarme. Habría querido que quienes votaron movidos por el odio, el resentimiento y el deseo de castigar a otros comprendieran que no estaban eligiendo únicamente a un gobierno: estaban entregando la República a un proyecto dispuesto a someterla. Habría querido que reaccionaran antes de que fuera demasiado tarde.
Pero no me equivoqué al advertir el peligro.
Y temo no equivocarme ahora cuando digo que recuperar plenamente el orden constitucional será un proceso largo, doloroso y profundamente difícil. Si quienes han capturado las instituciones impiden una salida democrática, esa recuperación puede costarle sangre a Costa Rica. Madres e hijos podrían llorar lágrimas de sangre por una tragedia que pudo evitarse.
La democracia costarricense no cayó en un solo día. Fue debilitada paso a paso, silencio tras silencio, concesión tras concesión.
Ahora corresponde decidir si Costa Rica permitirá que terminen de enterrarla o si, finalmente, encontrará la fuerza necesaria para defenderla.
La tragedia que advertí desde 2021 es la misma que hoy se asoma sobre Costa Rica. Mientras el jefe del oficialismo anunciaba que el Poder Ejecutivo desconocería las resoluciones del tribunal encargado de proteger la Constitución y los derechos fundamentales, un periodista alineado con el poder dejó pasar la gravedad de la declaración y terminó el noticiero riéndose por una anécdota futbolística. Así se normaliza la ruptura: las amenazas contra la República se presentan como una noticia más, mientras la frivolidad ocupa el lugar de la alarma.
