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Alberto Guerrero Baena
El Plan México promete una transformación profunda en producción, agua, medicamentos, energía y alimentos. Pero detrás de esa arquitectura ambiciosa persiste una pregunta incómoda: ¿puede sostenerse un proyecto nacional cuando el Estado no controla plenamente el territorio donde pretende ejecutarlo?
El Plan México ha sido presentado como el proyecto de transformación estatal más ambicioso desde la apertura económica de los años noventa.
Cinco misiones —capacidad productiva, seguridad hídrica, soberanía farmacéutica, energía limpia y soberanía alimentaria— buscan romper con décadas de fragmentación burocrática y devolverle al Estado un papel activo como inversionista, coordinador y orientador de mercado.
En el papel, el diseño es sólido, incluso elegante… En la realidad mexicana, el documento construye una casa con cinco habitaciones espléndidas y ningún cimiento. Ese cimiento ausente tiene nombre: seguridad pública, seguridad nacional y geopolítica. Sin él, ninguna de las cinco misiones tiene certeza de sostenerse.
Capacidad productiva nacional: fábricas sin garantía de operar
El nearshoring es, en efecto, una oportunidad histórica. Pero ninguna cadena de suministro se relocaliza hacia territorios donde el transporte de carga paga cuota, donde las plantas enfrentan extorsión y donde el robo de mercancía es un costo operativo más que un riesgo excepcional.
La inversión extranjera no evalúa incentivos fiscales en abstracto: evalúa si sus activos, su personal y su logística estarán protegidos.
Un parque industrial sin control territorial no es una oportunidad; es una promesa condicionada que el crimen organizado tiene poder de veto para cumplir o no.
Seguridad hídrica: cuando el agua también se controla con armas
La escasez de agua es, como bien señala el propio documento, un problema sistémico que cruza agricultura, energía y desarrollo urbano.
Lo que el documento no dice es que, en amplias regiones del país, el acceso al agua ya está mediado por actores armados que cobran, restringen o desvían el recurso.
Coordinar dependencias federales sirve de poco si la autoridad efectiva sobre el territorio hídrico la ejerce, en los hechos, un grupo criminal.
La gobernanza por misiones presupone un Estado que controla el territorio donde pretende gobernar. Esa presunción, en México, no siempre es cierta.
Soberanía farmacéutica: la ironía de fabricar salud junto al fentanilo
Pocas misiones ilustran mejor la omisión que la soberanía farmacéutica. México pretende construir capacidad nacional de producción de medicamentos e insumos críticos en el mismo territorio donde operan las redes de producción y tráfico de fentanilo más sofisticadas del hemisferio.
La infraestructura química, los precursores, la logística de distribución: todo eso es, simultáneamente, activo industrial legítimo y activo criminal.
Sin una estrategia de seguridad que distinga y proteja lo uno de lo otro, la soberanía farmacéutica corre el riesgo de construirse sobre la misma infraestructura que hoy sostiene el mercado ilícito.
Energía limpia: infraestructura crítica sin doctrina de protección
Los proyectos de energía limpia —solares, eólicos, de transmisión— requieren certidumbre de largo plazo, precisamente lo que la variable de seguridad no ofrece hoy en varias entidades del país.
La infraestructura energética es, por definición, infraestructura crítica: un objetivo de sabotaje, extorsión o control territorial.
El documento habla extensamente de inversión y transición energética, pero no dedica una sola línea a la protección de esa infraestructura frente a actores no estatales armados. Es como diseñar una represa sin calcular la resistencia del concreto.
Soberanía alimentaria: el campo bajo control armado
El campo mexicano —el mismo que debe sostener la soberanía alimentaria— es también uno de los territorios donde el crimen organizado ejerce mayor control directo: cobro de piso a productores, control de rutas de distribución, disputas territoriales que se dirimen con violencia.
Ninguna política agrícola, por bien diseñada que esté, sustituye la certeza de que un productor pueda sembrar, cosechar y vender sin pagar tributo a un grupo armado.
La soberanía alimentaria depende, antes que de subsidios, de la capacidad del Estado para garantizar el uso pacífico del territorio.
El eje cero: por qué la seguridad no es una misión más; es la condición de todas
Aquí está el punto central de esta columna: seguridad pública, seguridad nacional y geopolítica no deberían figurar como un sexto eje opcional, complementario o pendiente.
Deberían ser el eje cero, la condición habilitante sin la cual las otras cinco misiones son, en el mejor de los casos, aspiraciones y, en el peor, activos vulnerables a captura criminal.
Plan México asume un Estado con control territorial pleno, capacidad de coordinación interinstitucional y aparato de inteligencia estratégica.
Esa es, hoy, una hipótesis, no un hecho confirmado. Y una hipótesis no sostiene un plan de transformación nacional.
Propuesta final
Si el Gobierno quiere que Plan México sea recordado como un parteaguas y no como un ejercicio de planeación desconectado de la realidad, necesita incorporar explícitamente un componente de inteligencia estratégica, protección de infraestructura crítica y análisis geopolítico permanente —frente a Estados Unidos, frente a China, frente al T-MEC— como requisito de diseño, no como anexo.
La transformación del Estado que se propone es, conceptualmente, valiosa.
Pero un Estado que no controla su territorio no puede coordinarlo, y un Estado que no puede coordinarlo no puede transformarlo. Ese es el vacío que esta columna busca nombrar.
