La CGR señaló debilidades en el reclutamiento de policías del Ministerio de Seguridad Pública, incluyendo expedientes incompletos, controles débiles y riesgo de nombrar personas inhabilitadas en cargos policiales o públicos.
La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el proceso de reclutamiento y selección de personal policial en el Ministerio de Seguridad Pública, luego de encontrar debilidades significativas en los controles utilizados para prevenir riesgos en la incorporación de nuevos agentes.
El informe, dirigido al Ministerio de Seguridad Pública, evaluó el diseño e implementación de mecanismos de control para prevenir riesgos en el reclutamiento policial entre el 1 de enero de 2023 y el 1 de junio de 2026.
Según la CGR, la integridad del reclutamiento policial es fundamental porque los cuerpos policiales del MSP tienen bajo su responsabilidad vigilar, conservar el orden público, prevenir manifestaciones de delincuencia y cooperar para reprimirlas conforme al ordenamiento jurídico.
Pero lo encontrado por la Contraloría deja un retrato preocupante: un proceso desarticulado, con controles débiles y con riesgo de nombramiento de personal inhabilitado en cargos policiales y públicos. La CGR concluyó que el diseño e implementación de controles presenta una desarticulación entre la gestión de riesgos y las metas estratégicas del Ministerio, además de debilidades para prevenir riesgos.
Un filtro policial con grietas
La CGR advirtió que los riesgos en el reclutamiento policial no son un asunto menor. El propio informe señala que estos riesgos pueden alterar la transparencia, objetividad e integridad de las contrataciones e incluso abrir espacio a escenarios como infiltración de organizaciones delictivas, favorecimiento indebido de aspirantes o incorporación de oficiales sin la idoneidad psicológica o ética requerida.
En otras palabras: el problema no es simplemente administrativo. Se trata del filtro por el cual ingresan quienes portarán el uniforme, ejercerán autoridad y tendrán responsabilidades directas sobre la seguridad pública.
Entre enero de 2022 y diciembre de 2025, la Dirección de Recursos Humanos del MSP abrió siete convocatorias de reclutamiento en línea, en las que se registraron 33.918 personas. De ese proceso resultaron nombrados 2.762 agentes de policía a marzo de 2026.
Además, a enero de 2026, el MSP contaba con 17.528 plazas policiales, de las cuales 1.766 estaban vacantes, es decir, un 10% del total autorizado.
Expedientes incompletos y controles débiles
Uno de los puntos más delicados del informe está en la revisión de expedientes. La CGR analizó 95 expedientes de agentes nombrados entre febrero de 2022 y febrero de 2026, y aunque reconoció controles razonables en algunos aspectos básicos, también encontró omisiones relevantes en distintas etapas del proceso.
La Contraloría encontró que el 62% de los expedientes omitía el campo de “Traslado a Comisión Interdisciplinaria”; en el 36% de los casos donde se marcó “No traslado” no se justificó esa decisión; el 27% omitía evidencia del inicio del curso policial y en el 37% no constaba evidencia del inicio o aprobación del periodo de prueba.
También se señalaron fallas en la verificación de antecedentes de candidatos, ausencia de formularios para registrar investigaciones preempleo y revisión de redes sociales, así como falta de criterios claros para trasladar casos con antecedentes a la Comisión Interdisciplinaria de Selección.
La CGR incluso advirtió que los mecanismos existentes no establecen salvaguardas frente a vulnerabilidades críticas como filtración de pruebas por canales informales, falsedad o alteración de datos domiciliarios, retrasos que provocan vencimiento de pruebas, limitaciones tecnológicas y falta de capacitación del personal técnico.
Policías inhabilitados fuera del radar
El hallazgo más grave aparece en el registro de personas inhabilitadas.
Según la CGR, entre el 11 de marzo de 2022 y el 26 de mayo de 2026, el MSP dio de baja a 187 personas con algún tipo de inhabilitación. De ellas, 149 no estaban registradas en la Plataforma Integrada de Empleo Público, conocida como PIEP. Además, seis casos aparecían como contratados en otras instituciones públicas.
La Contraloría señaló que esta situación expone al Estado al riesgo de contratar personal policial inhabilitado para ejercer cargos públicos. También indicó que la Dirección General de Servicio Civil mantiene limitaciones normativas y tecnológicas para registrar correctamente ciertas inhabilitaciones, especialmente cuando aplican solo a cargos policiales.
El informe es claro al advertir que la omisión en el registro de casos de policías sancionados genera el riesgo de que estas personas sean nombradas en otros cuerpos policiales o en cargos públicos.
El golpe al discurso de seguridad
El informe golpea directamente el discurso oficial de seguridad. Mientras el gobierno presume mano dura, la Contraloría advierte que el reclutamiento policial opera con vacíos, controles insuficientes, criterios discrecionales y riesgos que pueden comprometer la integridad institucional.
No se trata de un detalle menor. En tiempos en que Costa Rica enfrenta un deterioro evidente de la seguridad pública, el país necesita policías bien seleccionados, controles robustos, trazabilidad en los expedientes y certeza de que ninguna persona inhabilitada pueda colarse en instituciones públicas.
La CGR ordenó al Ministerio de Seguridad Pública actualizar, oficializar e implementar el procedimiento de reclutamiento y selección policial, además de elaborar una valoración de riesgos específica para ese proceso. Las disposiciones incluyen plazos que van desde diciembre de 2026 hasta junio de 2027.
También ordenó a la Dirección General de Servicio Civil establecer acciones para registrar y publicar información sobre personas inhabilitadas en cuerpos policiales, con el fin de evitar contrataciones indebidas en instituciones reclutadoras.
