Tras una publicación de CRHoy en la que Boris Marchegiani afirma que mantiene una demanda contra Erick Sojo Marín, Radio Zurqui defiende su derecho a fiscalizar nombramientos públicos.
El embajador Boris Marchegiani, recientemente nombrado representante de Costa Rica ante la ONU, volvió a quedar en el centro del debate público luego de que CRHoy publicara una nota sobre amenazas de querellas y procesos judiciales vinculados a críticas en redes sociales. En esa publicación, el medio también recoge que Marchegiani afirmó mantener una demanda contra Erick Sojo Marín, conocido como “El Paisano”, director de Radio Zurqui.
La nota de CRHoy, titulada “Embajador en la ONU amenazaba con querellar ante críticas en redes”, señala que Marchegiani habría amenazado en redes sociales con demandar a personas que lo cuestionaban públicamente. Además, recoge declaraciones del ex-vicealcalde de Quepos, Ronald Sánchez, quien aseguró enfrentar dos procesos judiciales impulsados por el ahora embajador tras emitir opiniones y cuestionamientos públicos sobre temas cantonales y políticos.
Radio Zurquí sostiene sus publicaciones sobre Boris Marchegiani
Radio Zurquí ha publicado cuestionamientos periodísticos sobre el nombramiento de Boris Marchegiani como embajador ante la ONU, especialmente por tratarse de una designación pública en un cargo de alta representación internacional.
En esa nota, este medio expuso los elementos de interés público relacionados con su nombramiento, sus vínculos políticos y los cuestionamientos que genera su designación como representante de Costa Rica ante un organismo internacional donde la diplomacia, el diálogo y la tolerancia democrática son condiciones esenciales.
Radio Zurqui no considera que fiscalizar un nombramiento público sea un acto de ataque personal. Por el contrario, lo entiende como una obligación periodística.
Un cargo público exige escrutinio público
El nombramiento de un embajador ante la Organización de las Naciones Unidas no pertenece al ámbito privado. Se trata de una decisión de Estado, tomada por un gobierno, con implicaciones institucionales y diplomáticas para Costa Rica.
Por esa razón, cualquier persona designada para representar al país en ese nivel debe aceptar el escrutinio ciudadano, político y periodístico.
Cuando una figura pública llega a un cargo público, especialmente uno de representación internacional, sus antecedentes, vínculos, declaraciones y actuaciones quedan sujetos al análisis de la prensa y de la ciudadanía… Ese principio no es una concesión. Es parte esencial de una democracia.
La libertad de prensa no puede depender del miedo
El debate de fondo no es solamente jurídico. Es democrático. Si cada crítica pública contra una figura cercana al poder termina bajo amenaza de querella, el mensaje para periodistas, ciudadanos y medios independientes es peligroso: opinar, investigar o cuestionar puede salir caro… Ese clima no fortalece la democracia. La debilita.
Costa Rica necesita funcionarios públicos capaces de responder con argumentos, no con intimidación. Necesita diplomáticos que entiendan que representar al país también implica tolerar el disenso, escuchar críticas y rendir cuentas ante la opinión pública.
