Una sentencia judicial, múltiples apelaciones y una solicitud urgente de protección mantienen activo un caso de acoso sexual que expone el manejo institucional en una entidad pública.
El caso de acoso sexual denunciado en la Imprenta Nacional no ha concluido. Pese a una sentencia que anuló actuaciones administrativas y ordenó reabrir el proceso, la denunciante acudió nuevamente a los tribunales para solicitar medidas cautelares, alegando que continúa expuesta al funcionario señalado dentro del mismo entorno laboral.
Acoso sexual en Imprenta Nacional: una sentencia que destapó fallas del Estado
El expediente judicial 21-000640-1028-CA documenta una denuncia por acoso sexual que derivó en un proceso contencioso administrativo contra el Estado y funcionarios públicos, entre ellos Mario Alonso Murillo Aguilar, señalado por las conductas denunciadas, así como autoridades institucionales vinculadas al manejo del caso.
Según consta en el proceso, el caso también involucró actuaciones en instancias del Ministerio de Seguridad Pública, durante el período en que dicha cartera era dirigida por Michael Soto Rojas, hoy director del OIJ, en el contexto del traslado y tratamiento institucional de la denuncia.
La sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo anuló actuaciones relacionadas con el manejo del caso y ordenó retrotraer el procedimiento administrativo, además de abrir la posibilidad de investigar la eventual responsabilidad de funcionarios que intervinieron en el proceso, incluyendo decisiones atribuidas a instancias bajo la dirección de Jorge Emilio Castro Fonseca, en su condición de jerarca institucional.
Denuncia por acoso sexual: institución evitó tipificar el caso
De acuerdo con el expediente, el funcionario señalado habría reconocido conductas de naturaleza inapropiada; sin embargo, la institución no tramitó el caso bajo la figura de acoso sexual, sino que optó por encauzarlo mediante sanciones administrativas menores, ajenas a lo establecido en la normativa sobre hostigamiento sexual en el empleo público.
Este elemento se convirtió en uno de los ejes centrales del proceso judicial, ya que la parte actora sostiene que el abordaje institucional desvió el tratamiento de la denuncia por acoso sexual, evitando su correcta tipificación y, con ello, la eventual aplicación de sanciones acordes con la legislación vigente en Costa Rica.
Proceso judicial por acoso sexual sigue activo en Sala Primera
La sentencia emitida en septiembre de 2025 no está en firme y el caso de acoso sexual continúa su curso en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Diversas partes del proceso interpusieron recursos de casación, entre ellas el Estado, a través de la Procuraduría General de la República, así como las funcionarias Ana Gabriela Luna Cousin y Arlette Fernández Retana, quienes formaron parte del órgano director del procedimiento disciplinario.
Asimismo, la propia institución también recurrió la sentencia mediante gestión presentada por Jorge Emilio Castro Fonseca, en su condición de director general de la Imprenta Nacional, lo que evidencia un conflicto jurídico activo en torno a las responsabilidades derivadas del caso.
Entre los aspectos impugnados se encuentran la responsabilidad institucional en el tratamiento de la denuncia por acoso sexual, la anulación de actuaciones administrativas y la condena por daño moral, elementos que mantienen el expediente en análisis en la máxima instancia judicial del país.
Medidas cautelares por acoso sexual están en trámite judicial
El Tribunal Contencioso Administrativo admitió la solicitud de medidas cautelares presentada en el marco del caso de acoso sexual y otorgó audiencia a las partes demandadas —incluyendo al Estado y a la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional— para que se pronuncien sobre las medidas solicitadas.
Esta actuación se produce en una etapa posterior a la sentencia, lo que evidencia que el conflicto no solo persiste, sino que ha requerido intervención judicial adicional para valorar condiciones de protección inmediata a favor de la persona denunciante.
Con ello, el proceso por acoso sexual no solo se mantiene activo en sede judicial, sino que ha entrado en una fase orientada a garantizar la integridad laboral y personal de la víctima, mientras se resuelven los recursos pendientes en instancias superiores.
Institución niega responsabilidad en caso de acoso sexual
En su respuesta formal dentro del proceso, la Imprenta Nacional sostiene que no posee competencia disciplinaria ni responsabilidad directa en los hechos relacionados con la denuncia por acoso sexual, argumentando que dichas atribuciones corresponden al Ministerio de Gobernación y Policía como ente rector en materia administrativa.
Esta posición ha sido reiterada a lo largo del proceso judicial, incluyendo su contestación a la solicitud de medidas cautelares, en la que la institución insiste en que no tiene potestad para investigar, sancionar o emitir actos finales vinculados al caso de acoso sexual.
La línea de defensa se mantiene en medio de cuestionamientos sobre el manejo institucional de la denuncia, particularmente tras una sentencia que anuló actuaciones administrativas previas y ordenó reabrir el procedimiento, lo que ha colocado nuevamente en debate el rol de las entidades públicas frente a denuncias de esta naturaleza.
